lunes, 11 de abril de 2016

Breve resumen de la Audiencia CIDH

Peticionantes (P): El gobierno, a través de tres decretos, vulnera los estándares del sistema interamericano de derechos humanos.

Estado (E): Hola, qué tal, vinimos todos. Tengo dos funcionarios que fueron relatores de Libertad de Expresión y a la Secretaría le pusimos un nombre re lindo, les va a gustar.

P: Se llevaron puesto al Consejo Federal y a un directorio que tenía representación de las universidades.

E: El gobierno anterior era malo, muy malo. Nosotros somos buenos.

P: Quitaron límites a la desconcentración, desregularon el cable por completo, tomaron medidas que tienen efectos concretos y que ponen en riesgo a los medios comunitarios, a las cooperativas, a las pymes.

E: El gobierno anterior era muy malo.

Vanucchi (relator para Argentina): Qué lindo que vengan a dialogar acá.

Eguiguren (vicepresidente CIDH): Quería preguntarle al gobierno argentino qué medidas va a tomar sobre la concentración, que es un tema muy grave.

E: Eso del diálogo a nosotros nos encanta. Charlemos, seguro en el futuro hacemos una buena ley. El gobierno anterior era muy malo.

P: Lamentamos que la delegación del Estado haya perdido el tiempo hablando de otro tema y no haya contestado ni una sola sola cosa. Hablan de diálogo pero intervinieron la autoridad federal con la policía, antes de publicar la medida en el Boletín Oficial.

E: A nosotros también nos encanta dialogar. El gobierno anterior era muy malo.

domingo, 13 de marzo de 2016

Los DNU del verano contra la ley de medios

137-Medios-Condenados-JuanBertolaEl decreto de la dictadura que regulaba la radiodifusión como si fuera un negocio estuvo vigente casi treinta años, por presión de las corporaciones beneficiadas. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sancionada en 2009, sintetizó la pelea de los medios comunitarios, las cooperativas, los trabajadores del sector, las universidades y las organizaciones sociales para cambiar de paradigma y democratizar la comunicación. En 60 días, el gobierno de Mauricio Macri echó todo por la borda. En esta nota contamos punto por punto todos los escalones que retrocedió Argentina, otra vez por decreto. // Ver infografías

Los puntos que siguen tienen una historia conocida, que puede repasarse en las páginas de La Pulseada. En 2004 esta revista contó el nacimiento de la Iniciativa Ciudadana por una Ley de Radiodifusión para la Democracia: un inédito consenso entre organizaciones preocupadas por la vigencia de un decreto firmado por el dictador Jorge Videla que regía la radio y la televisión, sólo reformado -por decreto, durante el menemismo- para empeorarlo. Aquella vieja norma, que sobrevivía a los intentos de modificarla por presión de las corporaciones beneficiadas, entendía a la comunicación como un negocio y no como un derecho humano. Así, por ejemplo, para ser licenciatario era requisito “tener fines de lucro”. Los medios comunitarios y cooperativos no estaban en desventaja: directamente, estaban prohibidos. Aquel consenso básico de 21 puntos daba nacimiento a la Coalición por una Radiodifusión Democrática, que tardó en ser escuchada por el gobierno: al año siguiente, otra vez por decreto, se regaló a los prestadores existentes 10 años más de licencias. El panorama cambió hacia 2008, cuando el Poder Ejecutivo sufrió en carne propia el poder de los medios concentrados, durante el conflicto con las patronales del agro que resistían el pago de impuestos. El 18 de abril Cristina Fernández recibió a la Coalición y se empezó a trabajar sobre el anteproyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que presentaría casi un año después, en marzo de 2009, en el Teatro Argentino. Se abrió un proceso inédito en Argentina: la propuesta se debatió y se mejoró en foros federales antes de ingresar al Congreso, que a su vez convocó a varias audiencias públicas. En octubre fue votada por una amplia mayoría parlamentaria, que excedió al bloque oficialista. A partir de entonces empezó la pelea por la plena vigencia, demorada por la estrategia judicial de los grupos económicos obligados a la des-monopolizarse -especialmente Clarín- y por algunas torpezas o inercias en el organismo de aplicación. La judicialización se saldó en octubre de 2013 cuando la Corte Suprema de la Nación declaró plenamente constitucionales los artículos cuestionados por Clarín. Lo hizo después de escuchar a las partes y recibir aportes de varios “Amicus curiae”, en un proceso en el que las radios comunitarias, las carreras de comunicación y otros miembros de la Coalición volvieron a decir presente en defensa del derecho a la comunicación. La ley seguía su camino. En 2015 ya se podía ver una Defensoría del Público en funcionamiento, los primeros concursos de señales de televisión digital para organizaciones sin fines de lucro y la aplicación del FOMECA, un fondo concursable para el fomento de medios comunitarios que ese año rondó los 140 millones de pesos. El mayor reclamo ciudadano lo sostenían las revistas autogestionadas, no alcanzadas por la ley: el sector gráfico siguió sumido en la lógica neoliberal y sufre las consecuencias de una concentración alarmante, que afecta desde la producción de papel hasta los mecanismos de distribución. En el sector audiovisual faltaba un buen trecho para regularizar el espectro, pero el avance era significativo. En diciembre de 2015 todo empezó a cambiar.

La saga de los decretos

El cambio se sugirió el día de la asunción del Presidente, cuando el locutor oficial, al presentar la cadena nacional, dijo “ley de radiodifusión”, en lugar de “servicios de comunicación audiovisual”. Todo un símbolo. Ese día, Mauricio Macri firmó un decreto que creó el Ministerio de Comunicaciones y puso bajo su órbita a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Según la ley, la AFSCA debía ser un organismo autárquico. Tal es así que, siguiendo recomendaciones internacionales, preveía que el mandato de su Directorio estuviera desacoplado de los tiempos del Poder Ejecutivo: designado dos años antes de la elección presidencial, debía seguir hasta dos años después. Podía ser removido por causas justificadas, por intervención del Consejo Federal de la Comunicación Audiovisual (ver: “La representación social”). El gobierno obvió todo eso: el 23 de diciembre dispuso una “intervención” de la AFSCA. Ese día, sin la medida publicada en el Boletín Oficial, el organismo había amanecido rodeado de policías: una intervención de facto. Más tarde se comunicó el decreto. Con el argumento de que su titular, Martín Sabbatella, era un “militante político”, se removió a todo el Directorio y designó en su reemplazo a... un militante del PRO, sin experiencia en el área. Entre Navidad y Año Nuevo, hubo movilizaciones y presentaciones judiciales: los sectores que impulsaron la ley desde 2004 salían en defensa del derecho a la comunicación. El relator de la OEA para la Libertad de Expresión llamó la atención sobre lo que sucedía en Argentina. Faltaba lo peor, que se veía venir. En la conferencia de prensa, Oscar Aguad deslizó: “La ley no se modifica... por ahora”. El periodista Nelson Castro, a quien nadie podría tildar de kirchnerista, lo cruzó fuerte en su programa radial: “Me parece que lo que están haciendo genera un precedente terrible, así entramos en una jungla que es brutal. Yo soy crítico de la gestión de Sabbatella pero la ley ha sido declarada constitucional por la Corte. La ley se puede cambiar por otra ley no por un decreto, esto es muy peligroso para la institucionalidad”. El ministro, en cambio, sostenía la curiosa tesis de que “una ley del Congreso no puede limitar las capacidades de un presidente”. El 30 por la mañana, el Jefe de Gabinete informó que se estaba escribiendo otro decreto, para modificar la regulación del sector. A la tarde el juez platense Luis Arias emitió una medida “precautelar” para que el gobierno se abstuviera de alterar la ley sin dar intervención al Congreso. Otra vez, no importó: el 4 de enero, publicaron el decreto 267, que introdujo severas modificaciones en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y en la Ley Argentina Digital, que regula las telecomunicaciones. Le pusieron fecha del 29 de diciembre, para eludir el fallo judicial, aunque ese día Macri descansaba en Villa La Angostura y ni siquiera había sucedido el anuncio de Marcos Peña. Poco hizo falta para advertir que esas desprolijidades eran lo de menos: el “decreto de necesidad y urgencia” desmontó los principales pilares de aquella ley nacida de un amplio consenso, discutida a lo largo y a lo ancho del país, votada por mayoría en el Congreso y validada por un fallo de la Corte. Después de seis años en los que el desafío fue cómo las grandes corporaciones se adecuaban a la ley, un decreto bastó para invertir los términos: el Estado se adecuó a las necesidades de las empresas. La comparación punto por punto ayuda a comprender las dimensiones de este retroceso.  


Subnotas

jueves, 10 de marzo de 2016

Bienvenidos al tren fantasma

Ayer el gobierno conformó la comisión encargada de escribir un anteproyecto de ley de comunicaciones. No quieras saberlo: está encabezada por Silvana Giudici, la artífice de la ausencia de buen un grupo diputados opositores en el debate de la ley aprobada en 2009.
Otro feliz integrante es Alejandro Pereyra, uno que en 2001, siendo parte del viejo COMFER, elaboró una circular intimidatoria que se basaba en los artículos más retrógrados del decreto de radiodifusión de la dictadura. En esa época, cuando quiso concursar para el cargo de director general de Asuntos Legales y Normativa, truchó algunos de sus antecedentes académicos. Años más tarde quiso estar en el Directorio creado por el la LSCA, pero fue objetado por ese pasado oscuro y no pudo ser. Tiempo de revancha: ahora va a escribir la nueva ley.
Detrás viene el abogado Andrés Gil Domínguez, especialista en defender los intereses del grupo Clarín.
Completan la lista Héctor Huici, un pinedista (?) que trabajó en Telecomunicaciones durante los años de Menem; y Enoch Aguiar, ex secretario de Comunicaciones de Fernando De la Rúa.
Y como de adorno siempre queda bien un intelectual, metieron al paladín de la tolerancia Santiago Kovadloff, quien como vicepresidente de Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas salió en defensa del director de la Nueva Provincia, Vicente Massot, cuando fue acusado por su complicidad con delitos de lesa humanidad.

La frutilla del postre es que van a salir a buscar expertos internacionales, como si aquí no tuviéramos especialistas. Nombraron dos: el ex ministro del presidente Santos en Colombia, Diego Molano -que en la errónea información oficial es "Molana" y ex ministro de Uribe- es un guiño a las telcos (tuvo cargos importantes en BellSouth y Telefónica de España); mientras que Carlos Winograd es un dedo en el culo para los que pensamos que la comunicación es un derecho humano y no una mercancía. Dedicado a temas de "defensa de la competencia", lo único que tiene de extranjero son las instituciones para las que trabaja. Argento, graduado en Economía durante la última dictadura, también fue secretario durante el gobierno de la Alianza. Mentime que me gusta: Winograd, además, asesoró como perito de parte en la fusión de Cablevisión y Multicanal.

No quiero ser prejuicioso, pero creo que me puedo imaginar el contenido del anteproyecto de ley.

miércoles, 9 de marzo de 2016

21 puntos por el derecho a la comunicación

En 2004 un conjunto de organizaciones populares, de derechos humanos, medios comunitarios, cooperativos y PyMEs, sindicatos, trabajadores de la comunicación, universidades, pueblos originarios, consensuamos 21 Puntos por una Radiodifusión Democrática que fueron la base del debate que dio lugar a la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522 en 2009.
Esa ley y el proceso de debate fueron valorados como un ejemplo en el mundo y por todos los organismos internacionales competentes en la materia. Luego de su aprobación, fue judicializada por grupos concentrados de medios y, tras una audiencia histórica en 2013, la Corte Suprema de Justicia ratificó la plena constitucionalidad de la norma.
Posteriormente, la creación de AR-SAT por ley 26.092 y la sanción de la Ley de Argentina Digital agregaron recursos y mecanismos para la regulación de un sector altamente concentrado en el marco de la convergencia tecnológica.
El actual gobierno, mediante el uso de la fuerza policial y a través decretos inconstitucionales resolvió apartarse de la voluntad popular expresada en años de debates y plasmada en el Congreso Nacional. Asimismo, el contenido de esos decretos resulta violatorio de los estándares internacionales de derechos humanos.
El nuevo escenario nos exige defender lo conquistado y reclamar por lo que falta para garantizar el pluralismo y la comunicación democrática en todos los soportes.
Las organizaciones que integramos la Coalición por una Comunicación Democrática reafirmamos los principios que formaron la Iniciativa Ciudadana de 2004, rechazamos lo actuado por el gobierno nacional, reclamamos la plena vigencia y aplicación de las leyes votadas democráticamente y presentamos este documento de 21 puntos que amplía el horizonte de nuestros debates y propuestas para una comunicación democrática en todos los medios, formatos y plataformas.

1. LA COMUNICACIÓN ES UN DERECHO HUMANO QUE INCLUYE TODOS LOS SOPORTES Y PLATAFORMAS.  La comunicación es un derecho humano universal y no una mercancía. Comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea en forma oral, escrita, impresa o artística o por cualquier otro procedimiento. Esta definición comprende a todas las formas de comunicación de las personas, incluyendo todos los medios y soportes, cualquiera sea la tecnología utilizada para la difusión y recepción de contenidos. Las reglamentaciones y decisiones a nivel nacional, provincial y municipal deben cumplir y respetar los tratados y convenios internacionales en la materia.

2. LIMITACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN PARA PROMOVER LA DIVERSIDAD Y EL PLURALISMO. Los monopolios y oligopolios, así como el abuso de posiciones dominantes o la concentración indebida, conspiran contra la democracia al restringir la circulación de ideas, informaciones u opiniones. La regulación debe promover la pluralidad y diversidad para asegurar el pleno ejercicio de la libertad de expresión. No alcanza con reglas de defensa de la competencia: la comunicación es un bien social -no privativa de empresas, medios o periodistas- y debe garantizarse una distribución adecuada de facilidades, recursos e infraestructura esenciales (frecuencias radioeléctricas, papel y otros insumos básicos, mecanismos de distribución de las publicaciones impresas y contenidos, acceso a redes).

3. ROL ACTIVO Y PRESENTE DEL ESTADO. Como garante de los derechos humanos, corresponde al Estado el rol de crear, fomentar y preservar la diversidad en la gestión de medios, soportes, redes y posiciones satelitales. El Estado debe desarrollar mecanismos destinados a la promoción, desconcentración y fomento del pluralismo y la diversidad, y promover un plan nacional de alfabetización comunicacional que incluya el derecho humano a la comunicación en las currículas académicas. También debe preservar capacidad regulatoria sobre todos los recursos, insumos, infraestructuras y facilidades esenciales sobre las que se prestan servicios de comunicación para fines tales como: experimentación, cumplimiento con las obligaciones de servicio universal, prestación de servicios, fomento de la participación de organizaciones sin fines de lucro, PyMEs y prestadores públicos, parlamentarios, universitarios, provinciales o municipales.

4. RESERVA Y SOSTENIBILIDAD DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL. Para garantizar la participación de las distintas corrientes en el debate público resultan indispensables la legalización y la reserva de frecuencias terrestres de radio, televisión y servicios conexos destinadas al sector social-comunitario y personas jurídicas sin fines de lucro (33%), al sector público en sus tres poderes -ejecutivo, legislativo y judicial- y en sus tres niveles -nacional, provincial y municipal-, a los organismos descentralizados como las universidades y a los actores públicos no estatales. Deben proponerse políticas públicas dirigidas a la sostenibilidad de las organizaciones de la comunicación –comunitarias, cooperativas, de gestión privada sin fines de lucro, de pueblos originarios y de las pequeñas y medianas empresas de arraigo local- que vinculen la producción de contenidos con pantallas, antenas y medios gráficos, en especial en las zonas despobladas o con menos recursos. Se deben sostener políticas de asignación de recursos con sentido social y federal, mediante la aplicación de asignaciones como las previstas por el Fondo de Servicio Universal y el Fondo de Fomento Concursable (FOMECA) y políticas de fomento a la industria gráfica de revistas culturales.

5. SERVICIO E INTERÉS PÚBLICO. Los servicios de comunicación audiovisual y de los operadores convergentes deben ser considerados como servicios de interés público; en tanto que los servicios esenciales de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), en todas las modalidades de prestación de conectividad, deben ser considerados como servicio público. En este sentido se deben evitar situaciones anticompetitivas de los prestadores con poder predatorio sobre el mercado y asegurar el establecimiento de tarifas razonables y transparentes. El acceso a facilidades esenciales para la comunicación, incluido el soporte gráfico, debe ser considerado de interés público.

6. ACCESO UNIVERSAL Y NO DISCRIMINACIÓN. Es obligación del Estado asegurar que en el acceso a los servicios de comunicación audiovisual y de las TIC esté prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o de nacionalidad, edad, discapacidades, condición social o económica, condiciones de salud, religión, sexualidades, identidad de género, o cualquier otra que atente, anule o menoscabe la dignidad humana, los derechos y libertades de las personas. Asimismo, el Estado debe adoptar todas las medidas pertinentes para asegurar, con independencia de la localización geográfica, el acceso universal en condiciones de calidad y a precios justos y razonables. El abono social a los servicios de comunicación audiovisual y de los operadores convergentes debe considerarse una vía adecuada para garantizar estos derechos. Asimismo, debe garantizarse la accesibilidad comunicacional universal para las personas con discapacidad o en riesgo de exclusión mediática.

7. AUTORIDAD DE APLICACIÓN CON PARTICIPACIÓN FEDERAL Y SOCIAL. GOBERNANZA DE LAS COMUNICACIONES E INTERNET. 
La regulación de los medios de comunicación es legítima sólo si es implementada por un órgano que se encuentre protegido contra la indebida interferencia política y de otra índole, de conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos.
Debe contar con personería jurídica y patrimonio propio, con control parlamentario y representación federal y sectorial en la gestión, incluyendo en su directorio a representantes de los estados provinciales, universidades nacionales y de las organizaciones de trabajadores/as, operadores comerciales y entidades del sector comunitario, cooperativo y social, y usuarios. Entenderá en la administración y control del espectro radioeléctrico y en las plataformas y servicios de las TIC, en la promoción de la industria audiovisual nacional y el federalismo en la producción de contenidos.
Los Estados deben garantizar la participación equitativa de todos los actores relevantes para la gobernanza de las comunicaciones e Internet, fomentando la cooperación reforzada entre las autoridades, la academia, la sociedad civil y las organizaciones sociales, la comunidad técnica y el sector privado, entre otros actores, tanto a nivel internacional como nacional.

8. DISTRIBUCIÓN JUSTA DE LA PUBLICIDAD PRIVADA Y PÚBLICA. Es obligación del Estado poner en marcha las regulaciones necesarias para una distribución justa de la publicidad, tanto estatal como privada, para que contribuya a la existencia y desarrollo pleno de la pluralidad de medios en todos los formatos. Deben establecerse cuotas de distribución con carácter federal y hacia los medios comunitarios, de cooperativas, mutuales, sindicales, PyMEs con arraigo local, etcétera. En cuanto a la publicidad estatal, en todas las jurisdicciones, se deben establecer por ley u ordenanza mecanismos que impidan la distribución arbitraria y discriminatoria como mecanismo de censura indirecta. Su distribución debe respetar criterios equitativos y transparentes, orientados al público objetivo de cada campaña, evitando la discriminación por línea editorial o informativa, ubicación geográfica, cuestiones partidarias o tipo de prestador.
Deberán excluirse las señales y plataformas extranjeras que no tengan contenidos de producción nacional de la posibilidad de difusión de publicidad de cualquier origen.
Se deberá diferenciar la publicidad de los mecanismos directos o indirectos de subsidios al pluralismo, tales como el acceso a créditos oficiales y regímenes impositivos especiales.

9. PROPIEDAD DIVERSIFICADA. Para asegurar el pluralismo y la diversidad, así como adecuadas condiciones de competencia económica, es necesario mantener los estándares internacionales que regulan la propiedad cruzada y las posiciones dominantes en el mercado. Los servicios serán prestados armónicamente por operadores de gestión privada comerciales, de gestión privada sin fines de lucro, comunitarios y públicos estatales y no estatales, así como formas asociativas mixtas públicas y privadas. La legislación deberá preservar el patrimonio nacional mediante la mayoría accionaria del Estado en empresas esenciales para brindar servicios de comunicación, así como evitar que -salvo en el caso de los medios públicos estatales- la concentración de la propiedad en manos de un mismo titular supere el 35% del mercado nacional, o que la suma de soportes en el plano local implique el control del mercado local.

10. LICENCIAS LOCALES Y NACIONALES. Las licencias serán de alcance local cuando se trate de servicios audiovisuales no satelitales, o nacional, cuando se trate de servicios de telecomunicaciones y de tecnologías de la información respectivamente. La prestación de servicios de distribución de contenidos audiovisuales por cualquier medio o plataforma, de manera lineal o a demanda, implicará que parte de los servicios convergentes estarán sujetos a obligaciones en el ámbito local. En estos casos, los titulares deben presentar ante la autoridad competente un proyecto cultural, generar contenidos propios y respetar las cuotas de producción de contenidos. Las licencias podrán transferirse con previa autorización siempre que haya transcurrido un período razonable desde la habilitación del servicio y siempre y cuando sus titulares hayan cumplido con sus obligaciones previas (previsionales, sindicales y con las sociedades gestoras de derechos) y el objetivo sea preservar la actividad del medio. Es requisito para la renovación de cualquier licencia la realización de audiencias públicas.

11. CONTENIDO NACIONAL, PROPIO, LOCAL E INDEPENDIENTE. Cuando se trate de la distribución de contenidos audiovisuales de alcance masivo por cualquier soporte, se deben incluir cuotas de pantalla y difusión de producción nacional, propia, independiente y local. Se debe promover el acceso y la inclusión de contenidos nacionales -de ficción o interés general- en los catálogos o portales cuando se trate de servicios TIC de comercialización de contenidos en territorio argentino. Respecto del consumo de contenidos no lineales por Internet, a través de servicios de pago abonados desde territorio argentino, se debe incorporar a dichas plataformas en el registro y sujeción de cumplimiento de obligaciones fiscales con destino específico a la producción de contenidos nacionales.

12. ENFOQUE PLURAL E INCLUSIVO EN LA GESTIÓN DE MEDIOS Y PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS. Los medios de comunicación, en todas sus formas de gestión y soportes, deben fomentar e incluir en sus producciones la perspectiva de géneros e identidades de género diversas, contemplar el tratamiento de problemáticas socioambientales y promover la inclusión social, el diálogo intercultural, la integración latinoamericana y la diversidad cultural.

13. PRIVACIDAD DE LOS DATOS. Las normas que regulen la actividad deben garantizar que se respete y proteja el derecho a la privacidad, incluso en el contexto de las comunicaciones digitales. También debe haber mecanismos nacionales de supervisión independientes, efectivos y transparentes así como la rendición de cuentas por las actividades de vigilancia de las comunicaciones y la interceptación y recopilación de datos personales que realicen tanto el Estado como particulares.

14. NEUTRALIDAD E INTERCONEXIÓN TRANSPARENTE. La regulación deberá garantizar que el tratamiento de los datos y el tráfico de contenidos personales y privados en Internet no sea objeto de ningún tipo de discriminación en función de factores como dispositivos, contenido, autoría, origen y/o destino del material, servicio o aplicación. Lo que persigue tal principio es que la libertad de las personas usuarias para acceder, elegir, utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación o servicio por medio de Internet no esté condicionada, direccionada o restringida, por medio de bloqueo, filtración, velocidad, precios o interferencias. Los proveedores de servicios de conectividad están obligados a interconectarse en el territorio nacional en condiciones no discriminatorias, transparentes y basadas en criterios objetivos y comunes.

15. EL ACCESO A INTERNET ES UN DERECHO HUMANO. Se debe garantizar el acceso universal a los servicios de Internet, en tanto es una capacidad habilitante para la realización efectiva del derecho a buscar, recibir y difundir información en su doble dimensión, individual y colectiva. El Estado nacional debe garantizar el Servicio Universal, entendido como el conjunto de Servicios de TIC que deben prestarse a todos/as los usuarios/as, así como un plan nacional de alfabetización digital que permita el ejercicio de este derecho.

16. ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Todas las personas tienen el derecho de acceder y disponer libremente de la información pública y de interés público conforme la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de todas y cada una de las personas. Los Estados nacional, provincial y municipal están obligados a garantizar su ejercicio sobre los principios de transparencia, interés público y la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales. Este principio sólo admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas previamente por ley formal para el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas.
El acceso a la información pública incluye a toda la información disponible respecto de prestadores de servicios audiovisuales y de servicios de TIC, mediante la creación de un registro único, público, federal y de libre acceso.

17. SOBERANÍA EN LAS COMUNICACIONES. El desarrollo de la ciencia, la industria, y la tecnología nacional de telecomunicaciones, tanto como sus recursos culturales y patrimonio audiovisual constituyen un valor estratégico de la Nación que requieren, conjuntamente, la administración soberana del espectro radioeléctrico. Este debe ser considerado como un recurso intangible, finito y de dominio público, cuya administración, gestión y control es responsabilidad indelegable del Estado nacional. Para la prestación de las facilidades satelitales se dará prioridad al uso de satélites de fabricación argentina. Las redes públicas de fibra óptica, los satélites geoestacionarios de telecomunicaciones en órbita, las posiciones satelitales reservadas a ARSAT por ley, las antenas e instalaciones terrestres y satelitales de la Televisión Digital Abierta deben continuar siendo de propiedad pública e intransferibles, pues operan como garantía de la soberanía comunicacional y de diversificación de la propiedad con pluralismo.

18. DERECHO DE ACCESO A CONTENIDOS DE INTERÉS RELEVANTE. Se debe garantizar el derecho de acceso universal a los contenidos informativos de interés relevante tales como acontecimientos deportivos, culturales, científicos, políticos u otro género o especialidad, para lo cual se procurará que el ejercicio de los derechos exclusivos para la retransmisión o emisión televisiva de determinados acontecimientos no perjudique el derecho de la ciudadanía a seguirlos en directo y de manera gratuita, en todo el territorio nacional, sin discriminación de calidad o de cualquier naturaleza. La cesión de los derechos para la retransmisión o emisión no puede limitar o restringir el derecho a la información.

19. DERECHOS DEL PÚBLICO Y LOS USUARIOS. RECTIFICACIÓN. El público, los lectores y las audiencias de los servicios audiovisuales y usuarios de las TIC y servicios de operadores convergentes tienen derecho a que los contenidos respondan a conductas éticas. Tales contenidos, incluyendo la publicidad emitida en el territorio nacional, deben ajustarse a los estándares internacionales de respeto a los derechos humanos. Especialmente deben desestimar la consideración de niñas, niños y adolescentes como consumidores.
Los contenidos evitarán que se promuevan o inciten tratos discriminatorios, que se menoscabe la dignidad humana, que haya violencia simbólica contra las mujeres o personas LGTBI, o comportamientos perjudiciales para el ambiente o para la salud física y psíquica de las personas y la integridad de niñas, niños y adolescentes. El funcionamiento, ampliación y federalización de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual es relevante para custodiar estos principios. También constituyen un aporte fundamental la existencia del Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia con representación plural, federal y especializada, así como de otros organismos que expresen a los intereses del público y las audiencias.
Las normas que regulen la prestación de servicios de la comunicación respetarán los derechos de la ciudadanía mediante acuerdos y contratos transparentes y no podrán incluir cláusulas restrictivas o condicionantes de su libertad de elección de otro licenciatario o prestador, o condicionen su rescisión o la desconexión de cualquier servicio adicional contratado.
Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de los medios de difusión y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta.

20. PRODUCCIÓN Y TRABAJO DIGNO. La adopción de normas que estimulen el pluralismo, la diversidad, la no concentración y la producción de equipamiento y contenidos locales, propios y nacionales, constituyen una vía directa para el desarrollo de una industria tecnológica nacional y para la promoción del trabajo en todas las áreas de creación, producción, emisión, distribución y acceso a contenidos gráficos, audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación. Se debe asegurar en los mismos una relación laboral en forma libre, registrada, igualitaria, segura y humanamente digna, con resguardo de la salud psicofísica y respeto a las incumbencias profesionales correspondientes a la actividad de las comunicaciones. Se debe contemplar la situación de personas que acrediten capacidades, condiciones y/o competencias producto de su experiencia laboral específica. El sostenimiento y desarrollo de una industria nacional de contenidos audiovisuales, conjuntamente con las cuotas de pantalla para la producción de ficción cinematográfica y audiovisual deben ser políticas de estado y estar promovidos por ley.

21. REGULARIZACIÓN CON PLENOS DERECHOS. El Estado adoptará las medidas necesarias para la regularización de todos los servicios de comunicación audiovisual o de Tecnologías de la Información y la Comunicación que tengan trámites pendientes de resolución por cuestiones no imputables a quien lo solicita en los organismos competentes. Tales trámites incluyen la adjudicación de licencias, resolución de concursos, asignación de frecuencias o habilitaciones o títulos necesarios para el pleno ejercicio de los derechos adquiridos en el marco legal vigente al momento de la solicitud o el que resulte más beneficioso para quien lo solicita, y cuya realización se haya demorado por cuestiones técnicas, administrativas o de cualquier naturaleza.

* Documento aprobado por unanimidad en el Congreso Nacional por una 
Comunicación Democrática el 3 de marzo de 2016.

jueves, 18 de febrero de 2016

Diez ideas para una regulación de las pautas publicitarias

Aunque no se dio a conocer ningún proyecto, desde enero corre el rumor de que el Gobierno nacional establecerá una regulación de la publicidad oficial. Si hubiera condiciones reales para discutirlo –ojalá el proyecto pase por el Congreso y seamos convocados a audiencias públicas–, el tema tiene mucha tela para cortar. Las líneas que siguen son el borrador de una decena de ideas que contribuyen a ese debate, algunas de gestación propia y otras claramente inspiradas en antecedentes. Pues el asunto no es nuevo: existen recomendaciones internacionales y también algunas experiencias para analizar en otros países o en provincias y municipios argentinos. Incluso, como veremos, hay antecedentes a nivel nacional: el decreto que convirtió a TELAM en la agencia de publicidad del Estado, la ley que prohíbe la promoción del tabaco o las escalas del Impuesto al Valor Agregado que rigen para la publicidad en medios gráficos, implican iniciativas de regulación –acotadas y fragmentarias, pero regulaciones al fin–.

1) Una buena regulación debe abarcar tanto la publicidad pública como la privada.
Antes que nada, hay que asumir que en el tema no hay neutralidad posible: en cualquier propuesta de regulación subyace una forma de entender las políticas públicas y el sistema de medios. Acotar el tema de las asignaciones publicitarias a la famosa “pauta oficial” ya implica una definición ideológica, que es conveniente discutir.
Aún en las cifras más elevadas –cuando se incluye en la cuenta el presupuesto destinado a Fútbol Para Todos–, la pauta estatal representa menos del 10% del total de la torta publicitaria. Y sería ingenuo pensar que esos miles de millones de pesos no tienen ninguna vocación de orientar agendas. Basta mirar las placas de auspiciantes en los principales programas políticos de la tele, o las páginas enteras de las concesionarias de servicios publican en los diarios en ciertos momentos clave, para sospechar otra cosa.
La Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoce en uno de sus informes que las grandes empresas “sólo colocan anuncios en medios favorables a sus intereses comerciales, evitando aquellos que denuncian los escándalos financieros, los daños ambientales y las disputas laborales”.
Al ampliar la mirada, pues, hablamos de una torta que supera los 30 mil millones de pesos al año, en la suma de transacciones que al menos indirectamente afectan el debate público, y sobre la que hoy rige una regulación laxa, mínima, casi reducida a lo impositivo. Sin embargo, los principales lineamientos que se plantean a continuación son deseables tanto para la publicidad estatal como para la privada.

2) No sólo hay que contemplar los aspectos económicos, sino también los simbólicos.
Una ley de publicidad debe ser taxativa sobre la no discriminación y sancionar los mensajes clasistas, patriarcales y racistas. Debe promoverse una protección integral de la niñez y la adolescencia, la diversidad de géneros y etnias, el respeto a la democracia.
El decreto que reguló la publicidad oficial en Tierra del Fuego durante la gobernación de Fabiana Ríos, en 2008, establece que “no se podrán incluir mensajes discriminatorios ni contrarios a los principios, valores, declaraciones, derechos y garantías que configuran el régimen republicano democrático consagrado en la Constitución Provincial y en la Constitución Nacional”. No hay razones para pensar que esta no tenga sentido para los contratistas privados de publicidad.
La ley nacional 26.687/11 que prohíbe “la publicidad, promoción y patrocinio de los productos elaborados con tabaco, en forma directa o indirecta, a través de cualquier medio de difusión o comunicación” es una muestra de que puede legislarse sobre los contenidos publicitarios, tanto para el Estado como para los anunciantes privados.

3) El concepto de publicidad alcanza a todos los medios, soportes y plataformas. 
La regulación debe abarcar todas las formas de publicidad: los medios gráficos, audiovisuales y digitales; la contratación de publicidad en redes sociales y en interfaces de correo electrónico; los servicios de llamadas telefónicas automáticas, el reparto masivo de SMS y la publicidad en la vía pública. Cada cual requiere consideraciones particulares según sus características, pero no hay razones para excluir a ningún soporte de la prohibición de mensajes discriminatorios o del cálculo económico del reparto de la torta.

4) Se debe definir una tipología de prestadores de espacios publicitarios y fijar la obligación de colocar al menos un porcentaje de la publicidad en medios sin fines de lucro.
La ley debe contemplar un “Registro de Medios” que, además de diferenciar soportes, distinga los tipos de medios a contratar: no es lo mismo un medio comercial que uno sin fines de lucro; no es lo mismo uno de alcance nacional que uno local con un fuerte anclaje territorial. Sobre esa distinción se establecerán obligaciones para los anunciantes, que pueden variar según la escala económica de los mismos. No tiene sentido obligar a un comercio que destina 5.000 pesos mensuales para publicitar su local a fragmentar ese monto y empantanarse en reglas sobre cómo repartirlo. Pero entre los grandes anunciantes –el Estado o empresas como Unilever, Procter & Gamble y otras– se puede orientar un porcentaje de su pauta publicitaria hacia prestadores sin fines de lucro. Nadie les dirá a cuáles, pero un tercio de sus recursos deberá destinarse a medios comunitarios, de pueblos originarios, radios universitarias, revistas culturales independientes.
En otras palabras: no se trata de indicarle al privado “dónde” tiene que publicitar, pero sí establecer criterios que desconcentren las pautas, teniendo en cuenta que estas –sin ser un subsidio: sabemos que no lo son– constituyen una pata clave para la sustentabilidad económica de un proyecto de comunicación.
En el caso de la publicidad estatal, existen algunos antecedentes. En Morón, por ejemplo, la ordenanza sancionada en 2011 establece que, “con el objeto de fomentar el pluralismo informativo y la diversidad de voces”, se destinará como mínimo un 4% del presupuesto total de publicidad oficial “para difundir las campañas publicitarias en los medios cuyos licenciatarios o editores sean organizaciones sociales sin fines de lucro”. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se estableció en 2007 un régimen de promoción para los llamados “medios vecinales”, que también reserva un 4% del presupuesto asignado a la difusión de actos públicos. Mauricio Macri la vetó parcialmente al asumir como jefe de Gobierno, pero la propuesta siguió en pie y rige hasta hoy.
Otro tanto hay que pensar en cuanto al reparto de porcentajes por tipo de soporte, para que la televisión no se lleve toda la torta. También hay experiencias previas en este sentido. En Italia, los medios escritos deben recibir no menos del 50% de la pauta estatal. En nuestro país, una ordenanza de la Municipalidad de Alta Gracia (Córdoba) obliga a definir porcentajes por categoría. El decreto de Tierra del Fuego también ordena la distribución por soporte y por localidad.
Otra experiencia para atender es la de Canadá, donde la contratación de publicidad debe incluir medios de lenguas minoritarias.

5) Es necesario pensar en la distribución regional de los recursos.
Igual que el punto anterior, la regla no debe asfixiar al pequeño anunciante, pero sí obligar a los grandes colocadores de publicidad a nivel nacional. La clave es que los recursos no se concentren, por inercia, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Una referencia en este sentido es un proyecto de ley presentado el año pasado en Uruguay, con la firma de representantes de todos los partidos, que busca regular la publicidad oficial de cualquier organismo público, incluidas las sociedades anónimas de capital estatal. El artículo 10º establece: “deberá destinarse al menos un 30% (treinta por ciento) del monto total asignado [a] programas o producciones informativas o periodísticas de exclusiva realización y producción local que estén radicados en localidades del Interior”. El decreto vigente en Tierra del Fuego establece porcentajes por localidades, para evitar que la torta se incline sobre Ushuaia o Río Grande, según las conveniencias o necesidades del gobierno de turno.

6) Hay que legislar claramente sobre el trabajo de las “agencias de publicidad” y combatir la figura de los bolseros.
Se trata de un asunto caliente, en especial si pensamos en la publicidad oficial. En este punto, como se dijo al principio, es mentira que no exista una regulación sobre la pauta. En 1971, un decreto estableció que los organismos del Poder Ejecutivo Nacional (con algunas excepciones) debían contratar la publicidad a través de TELAM S.E. Las sucesivas reformas de esta regla en los noventa y 2000 generaron una trama burocrática entre la Secretaría de Medios y la agencia estatal, digna de un relato de Borges. Las órdenes de publicidad y pago pasean de un edificio a otro durante meses. Algunas se pierden en el laberinto y sólo cobran en tiempo y forma aquellos que tienen el contacto adecuado. Está claro que debe corregirse este asunto, pero la pregunta es cómo: bien sabemos que, cuando gobiernan liberales, afirmar que la gestión estatal funciona mal es la excusa para la privatización.
No casualmente, uno de los trascendidos sobre el proyecto en el que trabaja el jefe de Gabinete Marcos Peña es que la asignación de pauta oficial se delegará en centrales de medios o agencias de publicidad privadas, con las comisiones millonarias que eso implica. Basta investigar la trama de corrupción en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se reveló el año pasado por una denuncia de Radio Ahijuna –los famosos “errores de carga”– para dudar de la conveniencia de esa decisión.
Lejos de promover su trabajo, una regulación de las pautas publicitarias desde una perspectiva de la comunicación democrática debería limitar la reventa de espacios y controlar el trabajo de estas agencias para evitar la concentración de recursos, que siempre atenta contra el pluralismo.
No hace falta más que visitar la web de la Cámara de Agencias de Medios, fundada en 2001, para advertir que esas centrales son hijas del neoliberalismo. La entidad está formada por dieciocho agencias y tiene diez socios adherentes, entre los que están Clarín, Torneos y Competencias, Telefónica, y la cuestionada medidora de audiencias IBOPE. Una de sus integrantes es Carat, la central internacional que en 1999 adquirió FAX, la agencia de medios que había creado el grupo Sevel cuando Mauricio Macri era su titular. La web de la CAM resume bien la historia de concentración económica del sector: “En el 2000 en Argentina se completa el desembarco de la totalidad de las marcas internacionales de Agencias de medios que operaban en el mundo”.

7) La asignación de publicidad debe realizarse con criterios claros.
En el sistema interamericano de derechos humanos, la distribución arbitraria y discriminatoria de publicidad fue uno de los primeros mecanismos de “censura indirecta” señalados. Por eso, la CIDH recomienda que los recursos se asignen “según criterios preestablecidos, claros, transparentes y objetivos” y no en respuesta a la línea editorial de los medios de comunicación.
Sería difícil discrepar con ese enunciado, que aparecerá textual en los proyectos de cualquier sector político. La definición pendiente, nunca neutral, es cuáles son esos criterios.
El lugar más común en los debates es la audiencia o la circulación. A más lectores o televidentes, más pauta. El criterio parece muy objetivo, pero tiene varios riesgos. El primero es la cristalización de desigualdades que tienen historia: la mayoría de los medios de “mayor llegada” en Argentina ganaron esa condición con el reparto discrecional de recursos del Estado, desde el origen del diario La Nación en el siglo XIX hasta nuestros días. El círculo no se rompería: más recursos, más llegada, más recursos, más llegada.
El segundo riesgo es la homogeneización: el criterio no distingue públicos, sólo mide cantidades.
Una regulación seria de la publicidad requiere reglas claras y explícitas, pero no exime de una definición cuanti y cualitativa de las audiencias. Supongamos una campaña dirigida a pueblos originarios. ¿Priorizaremos Canal 13 o Wall Kintun TV?, ¿Radio 10 o las distintas radios con identidad que funcionan en el país? La exclusiva apelación a las “mayores audiencias” resulta tan ruin como la provocación de Jorge Lanata cuando se preguntaba quién escucharía la radio de los wichis.
Hay que explorar otros criterios, más allá de la tirada o el rating. ¿Por qué no pensar también, por ejemplo, en la cantidad de trabajadores?
El decreto de Tierra del Fuego ensayó algunas posibilidades al definir un sistema de puntajes que considera distintos items: la presencia de producción local, la antigüedad del medio o programa, la cantidad declarada de “empleados”. También contempla el tiraje o la audiencia, aunque suspende la aplicación de ese punto mientras no hubiera mediciones confiables. Un punto clave.

8) Es indispensable contar con mecanismos serios, accesibles y controlados de medición de audiencias y lectores.
Otro trascendido sobre el proyecto del Gobierno nacional asegura que el 70% de la torta se repartiría de acuerdo con un índice de audiencia y penetración. La pregunta es cómo, a juzgar por las evidentes limitaciones del Instituto Verificador de Circulaciones (IVC) y de IBOPE. Vale como ejemplo lo sucedido el pasado 31 de enero, cuando todas las señales del grupo Clarín dejaron de transmitir por un incendio y la empresa medidora seguía marcando el rating del canal TN.
En sus “Principios sobre regulación de la publicidad oficial en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos” (2011), la Relatoría de la CIDH dedica un buen párrafo al tema: “En la medida en que los criterios de adjudicación precisen de mediciones, el marco jurídico deberá garantizar que se trata de mediciones comprensivas, que abarcan a los distintos tipos de medios y que se realizan con criterios objetivos y confiables. Para ello, las mismas podrían ser realizadas por instituciones imparciales que gocen de credibilidad. Las mediciones deberían incluir datos de medios pequeños, comunitarios y locales para que su utilización como herramienta de adjudicación no se convierta en una barrera indirecta al ejercicio de la libertad de expresión al marginarlos del otorgamiento de publicidad oficial”.
La experiencia trunca del Sistema Federal de Medición de Audiencias (SIFEMA) deja un sabor amargo, pero no anula la convicción sobre la necesidad de un sistema público, federal y auditado antes de que las estadísticas definan cualquier reparto de recursos.
El decreto de Tierra del Fuego promueve la firma de convenios con Universidades o institutos terciarios asentados en esa provincia para establecer “las metodologías de sondeos de opinión pública y técnicas cuali-cuantitativas que, de forma semestral, permitan conocer los niveles de: a. Nivel de Audiencia; b. Alcance; c. Penetración; d. Preponderancia social; e. Credibilidad”. Por su parte, el proyecto presentado en Uruguay contempla una doble fuente de información: prevé la contratación de estudios privados sobre medios gráficos, radiales y audiovisuales y la solicitud de las mismas encuestas a la Universidad de la República. También establece que todos esos datos deberán ser de libre acceso.

9) El Estado está obligado a desarrollar estrategias planificadas y coherentes.
La palabra “campaña” aparece muy vinculada a la comunicación institucional del Estado en la legislación existente en otros países (Canadá, Perú, España). Según la ley española de 2005, las campañas publicitarias deben promover los principios constitucionales, informar a los ciudadanos sobre sus derechos y obligaciones, difundir procesos electorales, dar a conocer disposiciones jurídicas nuevas o relevantes, anunciar medidas preventivas de riesgos, etcétera. En cambio, la pauta oficial no se puede utilizar para “destacar los logros de gestión” y, de hecho, está prohibida durante los períodos electorales.
En ese sentido, la estrategia publicitaria debe ser concebida como política de Estado, incluso de gobierno, pero no de partido. Una buena regla es rechazar la exaltación de la imagen de funcionarios, ya sea inaugurando una obra o haciendo las compras en un supermercado. La ley peruana, por ejemplo, prohibió que quienes están a cargo de las dependencias estatales aparezcan en los anuncios que publican en los medios de comunicación.
En el mismo sentido, la CIDH afirma que los Estados deben utilizar la pauta “para comunicarse con la población e informar a través de los medios de comunicación social sobre los servicios que prestan y las políticas públicas que impulsan, con la finalidad de cumplir sus cometidos y garantizar el derecho a la información y el ejercicio de los derechos de los beneficiarios de las mismas o de la comunidad” e insiste con la planificación, ya que su ausencia “favorece la utilización abusiva de la publicidad oficial al aumentar la discrecionalidad”.
Ahora bien: no se trata de reemplazar discrecionalidad por universalidad. La planificación requiere una coherencia, que entienda el sentido de cada publicidad. No tiene sentido publicar alertas sobre el dengue en la Patagonia ni alertar sobre incendios forestales en medios que sólo circulan en la capital federal.

10) Se debe garantizar transparencia y acceso a la información sobre la publicidad pública y privada.
La Relatoría Especial de la CIDH establece el deber de “publicar periódicamente toda la información relevante sobre criterios de contratación, motivos de asignación, presupuestos, gastos y contratos publicitarios, incluyendo los montos de publicidad discriminados por medios, campañas publicitarias y organismos contratantes. En segundo lugar, [se] debe garantizar, ante cada requerimiento por parte del público en general, el fácil acceso a la información”.
Este es otro punto en el que, dado el impacto efectivo de las pautas publicitarias sobre el sistema de medios y en consecuencia sobre el debate público, no hay motivos para que las reglas no alcancen a los privados tanto como al sector público. Si se quiere hacer una diferencia: el Estado debería dar el acceso a los datos incluso en ausencia de solicitudes, a través de informes publicados periódicamente en la web. Pero toda la información sobre el tema es de interés publico.
Por otra parte, es hora de exigir transparencia no sólo a los anunciantes, sino también a los prestadores del servicio. Todos los medios registrados deben hacer pública la identidad de sus anunciantes y el monto de sus ingresos por publicidad, tanto oficial como privada. Esta medida fortalece el derecho a la comunicación cuyo sujeto, valga recordarlo, no son las empresas sino la ciudadanía.

Publicado en Diario Contexto

lunes, 1 de febrero de 2016

¡Alerta revistas!


El informe 2015 sobre revistas culturales confirma las consecuencias de una situación alarmante que los editores autogestivos denunciamos desde hace años: la falta de legislación que promueva políticas públicas de fomento, protección y equidad frente a un mercado de prensa gráfica concentrado y desregulado en los dos extremos de la cadena: la producción de papel y la distribución y venta. En síntesis:
* Somos menos. Muchas revistas testimonian que dejaron de imprimir por los elevados costos de papel. En dos años, el papel tiene una inflación acumulada de casi el 70%. Entre las que siguen, el precio de tapa tuvo que aumentar en promedio un 51,7%. Lxs perjudicadxs: lxs lectorxs.
* Estamos menos en los kioscos. No es casual: según el sindicato de canillitas Sivendía, dos empresas periodísticas -Clarín y La Nación- controlan la mitad de los circuitos de distribución. En paralelo, aumentaron los canales alternativos: suscripciones, centros culturales, otros puntos estratégicos.
* Seguimos resistiendo. Las estrategias de sostenimiento de las cerca de 200 publicaciones registradas por AReCIA son múltiples, pero en los lectores reside la mayor fortaleza de estas publicaciones: las ediciones gráficas alcanzan un total de 1,2 millones de lectores mensuales, mientras que las publicaciones exclusivamente digitales llegan a 2,8 millones de personas por mes.
* No vivimos del Estado: apenas el 17,4% de las revistas tuvo pauta oficial en 2015. Desde diciembre, ninguna tiene.

Así la cosa: hoy, ocho enormes empresas publican 75 revistas y 1200 trabajadores autogestionados editamos casi 200. Adiviná donde está el pluralismo. Adiviná quiénes están en riesgo.

viernes, 8 de enero de 2016

"los medios no están cubriendo el tema"

Amigos y amigas de las precisiones conceptuales: quiero decirles que pifian cuando dicen "los medios no están cubriendo este tema". Los que no tratan el tema son los medios comerciales, hegemónicos.
Hagan este ejercicio. Prendan Estación Sur (FM 91.7) y van a escuchar sobre los despidos en La Plata. Sintonicen Ahijuna (FM 94.7) y van a saber mucho de Quilmes.
Durante muchos años, desde antes de la ley y antes del kirchnerismo, hemos sabido construir buenos medios, que siguen transmitiendo, filmando y escribiendo: lo hacen cada vez mejor.
Cada vez que ustedes dicen "los medios no cubren este tema" atropellan ese digno trabajo de muchos compañeros y compañeras, lo vuelven una experiencia marginal y sin sentido, y entierran más hondo la ley de medios que dicen defender.

(escrito en caliente, en Facebook)

...a veces la cuestión tampoco es "los medios están cubriendo" o "los medios no están cubriendo". La pregunta es cómo están tratando un tema: las fuentes, las formas de nombrar, la sensibilidad y el signo ideológico de cada cobertura. Los intereses que tiene detrás o pone sobre la mesa.
Sí, puede ser: tal tema salió en tapa de Clarín o de El Día o de La Nación. Bárbaro. El golpe del 76 también fue tapa de todos los diarios y sin embargo a uno todavía se le hiela la sangre cuando lee las cartas de Rodolfo Walsh.
Insisto entonces en que los buenos medios populares que hemos sabido construir, insisto en que hojeen La Pulseada, que sigan a lavaca/MU, que estén atentos a Mural cuando pasa algo en Rafaela/Santa Fe o a 8300 cuando de cuestiones neuquinas se trata.
Y sigue la lista. La lista la hacemos entre todxs y la circulamos, para sentir la satisfacción moral de un acto de libertad...



viernes, 6 de noviembre de 2015

Descolonizar la historia de la comunicación

La pregunta por la descolonización de los medios no puede eludir un interrogante acerca de los hacedores de esos medios. Se hace relevante entonces problematizar nuestra formación como comunicadores y trabajadores de prensa, desde la perspectiva crítica que se enuncia como meta en los planes de estudio y en nuestras propias prácticas docentes. Sabemos que una herramienta vital para el pensamiento crítico es el conocimiento de la historia. La pregunta sería, pues, ¿cómo investigamos, enseñamos y aprendemos hoy la historia de los medios?
No es una cuestión menor. Como dijo Rodolfo Walsh alguna vez -conversando con Ricardo Piglia, hace 45 años-: “Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores: la experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia parece así como propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas" (Rodolfo Walsh, 1970). ¿Cuánto hemos indagado la trayectoria de nuestras luchas por democratizar la comunicación y la cultura? ¿y la de los proyectos de construcción de medios propios de los sectores populares en América Latina? Me refiero a una historia que no se remonta simplemente a las radios educativas de la Iglesia católica o a las emisoras sindicales de los mineros bolivianos, sino que va mucho más allá: alcanza a los periódicos de anarquistas y socialistas del siglo XIX, a los pasquines disidentes y clandestinos que prendieron la mecha de algunos fuegos independentistas. O incluso aún más allá.
Los docentes y estudiosos de la historia de los medios debemos hacer una autocrítica: si revisamos los programas de este tipo de materias, de cualquier época y cualquier universidad, casi la totalidad tienen como momento inicial al surgimiento de la imprenta en Occidente. En otras palabras: inician su recorrido con la historia de Europa. O lo que quizá sea peor: si adoptan una perspectiva local o regional, cuentan la llegada de la imprenta, que es precisamente poner el arribo del colonizador como grado cero de la historia.
Tenemos que asumir el desafío de descolonizar nuestras historias de los medios y sistemas de comunicación. Estudiar, por ejemplo, las escrituras de los pueblos originarios de Nuestramérica como los glifos mayas o los khipus incas, que se desarrollaron en forma independiente a cualquier influencia europea y tienen una riqueza aún ignorada.
El colombiano Leonardo Ferreira publicó en 2006 -lamentablemente en inglés- un libro titulado Centuries of silence. The Story of Latin American Journalism. Es probablemente el primer trabajo sobre la historia del periodismo de este territorio que no toma como punto de partida la introducción de la prensa en México en manos de los españoles. Escribe allí: “La reinvención de Gutemberg es obviamente un hito en la evolución de la sociedad, pero las primeras innovaciones en materia de información de sucesos en el Nuevo Mundo comenzaron con los originarios de América y no así con los ibéricos u otros europeos”.
A dos días de la llegada de Cortés a Veracruz, Moctezuma lo supo la noticia con detalles en Tenochtitlán, a través de “reporteros pictográficos” que incluyeron en sus informes a los españoles, sus barcos, perros y caballos. En eso fue clave, además de las formas propias de escritura o representación, un sistema de mensajería a través de postas que aprovechaba la ingeniería caminera azteca. El origen de las telecomunicaciones.
Claro: no había entonces periódicos ni medios audiovisuales, pero no por eso debemos desconocer que sí había personas dedicadas a la producción y distribución de información, que podrían pensarse como los antecedentes más remotos de lo que somos hoy los profesionales de la comunicación. Como escriben Luis Ramiro Beltrán, Karina Herrera Miller y otros investigadores en un reciente libro titulado La comunicación antes de Colón, aquellas prácticas “emergieron ajenas e independientes del desarrollo occidental europeo y desde su acercamiento/choque/mezcla con la cultura del ´viejo mundo´ fueron sistemáticamente sojuzgadas y/o destruidas como parte del proceso inicial de conquista y colonización del sistema cultural prehispánico. De ahí quizás la huella del desconocimiento que históricamente se hace presente no sólo en la subvaloración de las expresiones del mundo cultural indoamericano, indígena en general, sino también en la indiferencia investigativa comunicacional”.
Muchas factores contribuyen a nuestra ignorancia. Algunos son obra de los primeros colonizadores: la destrucción de la mayoría de los materiales (por citar un ejemplo: el obispo Diego de Landa, cuya Relación de las cosas de Yucatán es una lectura habitual para indagar la cultura maya, fue quien en 1562 ordenó la incineración de centenares de “libros” de ese pueblo porque “no tenían cosa que no tuviera supersticiones y falsedades del demonio”) y la enajenación de los que sobrevivieron (de 16 códices, sólo 2 están en América: la mayoría se encuentran en poder de museos europeos). Otros responden a una colonización más reciente, la de nuestras prácticas académicas. Una visión profundamente etnocéntrica, por ejemplo, sesga y limita el estudio de los sistemas de escritura de estos pueblos originarios, por el influjo de aquello que Derrida llamó la “metafísica de la escritura fonética”. Nos dejamos pregnar por lecturas evolucionistas que pensaron toda escritura como un “camino hacia” el alfabeto, signo distintivo de la “verdadera civilización”.
Para Ferreira, el campo académico de la comunicación ha reflejado “inmadurez” y “falta de perspectiva” al “no ocuparse de temas tan históricamente trascendentes como los códices (..) El comunicador americano, en especial el latinoamericano, tiene entonces la responsabilidad de reescribir la historia de los medios masivos del Nuevo Continente. El punto de partida no puede ser otro que el pasado bibliográfico, informativo, artístico y político-legal de sus culturas indígenas”. En ese desafío estamos.

* Publicado en Trinchera, año 3, nº 7, 2015
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