La Expedición (o dónde tengo la cabeza ahora)

La Expedición es un viaje largo de Buenos Aires a La Plata, en unas bicis raras, en torno al camino del tren y guiados por el deseo de encontrarse con otros, intercambiar, sorprenderse, transformarse. Es una exposición ambulante, una construcción colectiva, es una obra hecha de muchas obras; una experiencia de habilitación. Como apuesta de un arte relacional, ya empezó: en cada diálogo para sumar a otros, gestionar las paradas, producir deseos, propiciar encuentros. Por otra parte, La Expedición es, en buena medida, el relato de esa travesía. O sus relatos, en plural, con voces múltiples.
-Dando un curso sobre arte contemporáneo en La Plata -dice Roger, uno de los "habilitadores"- me di cuenta de que existe un buen número de artistas y colectivos que prefieren permanecer en el lugar donde viven y actúan, en vez de venir a la capital a vender su trabajo. A venderse. Me dio la impresión de que existen más colectivos, o más pensamiento artístico en términos colectivos, en La Plata que en Buenos Aires. Pero no los conozco todos. Tampoco conozco a los artistas y colectivos que trabajan en las localidades intermedias.  Y así surgió la pregunta, ¿y si la expedición sirviera para salir al encuentro de esos artistas? ¿No estamos nosotros en una especie de interior, en una especie de centro, por más descentrado que esté Buenos Aires? ¿Por qué no salir de ahí y hacer un esfuerzo por ver lo que otros están haciendo?-. Esa fue la idea inicial.
-Lo más seductor de La Expedición es, quizá, poder explorarse a una misma. No somos los exploradores del siglo XV o del XIX, esos que iban al encuentro de un mundo pretendidamente vacío. Sabemos que no hay desiertos en el camino. Más bien los expedicionarios vamos a ver quiénes somos y cómo estamos siendo. El terreno a explorar somos nosotros mismos. Y nuestros contemporáneos, claro. Otros a quienes no conocemos (...) Explorarnos a nosotros mismos será escarbar nuestros preconceptos, nuestras imágenes difusas, nuestras ciudades imaginadas -sugiere LULI.
-Desde el principio no he dejado de pensar en la Muestra Ambulante y en los infinitos diálogos posibles entre uno y otro proyecto- cuenta Fabi, y no es la única que lo piensa.  -LE y la MA nos proponen un mapa donde a modo de red, las paradas, los nodos, funcionan como remansos donde detenerse y escuchar, pero también pensar y hacer. Espacios donde el otro se sienta habilitado, partícipe, productor.
En eso andamos.

IMAGEN UNA DE LAS BICIS DE LEO ZAMBÓN, QUE INSPIRÓ LA IDEA INICIAL

Bajar un cambio

La idea de “bajar la edad de imputabilidad” aparece periódicamente, activada por el oportunismo político de dirigentes sin propuestas serias para la seguridad y por un periodismo que día a día estigmatiza a los jóvenes pobres. En general, la propuesta se defiende y se rechaza con pocos argumentos. Aquí, diez aclaraciones necesarias sobre una reforma a la que hay que ponerle un freno. Por Daniel Badenes

1) Imputabilidad es una palabra difícil. No sólo de pronunciar, sino de entender qué está diciendo cada discurso. Hay sectores ciertamente progresistas que, al reclamar un nuevo Régimen Penal Juvenil, proponen una baja en la edad de imputabilidad, pero que no es la misma que fogonea la derecha represiva cuando exclama “que los menores delincuentes se pudran en la cárcel”.

2) Imputabilidad no es lo mismo que punibilidad. La imputabilidad es la “capacidad de culpabilidad”, es decir, de reconocer a un sujeto como responsable de un delito. Tiene que ver con la posibilidad de comprender la criminalidad de una conducta y dirigir las acciones de acuerdo a esa comprensión. Así, no sólo los menores de cierta edad son inimputables. Lo son también, por ejemplo, los enfermos mentales.
Otra cosa distinta es la punibilidad, es decir, las posibilidades de castigar el delito. Lo que promueven Scioli y Macri entre otros es, en rigor, “bajar la edad de punibilidad”.
En ese sentido, es tramposo citar que en Brasil la edad está fijada en 12 años. En el país vecino, los chicos son procesables desde esa edad. Es decir: si se les imputa un delito, deben ser sometidos a un proceso judicial, con derecho a defensa, y se debe probar qué hicieron. Pero no se le puede dar la pena que le correspondería a un adulto. El régimen de punibilidad es distinto.

3) La in-imputabilidad puede ser muy peligrosa. Los inimputables, que no son alcanzados por el sistema penal, quedan bajo la tutela del Estado por ser considerados “incapaces”. Si de chicos y chicas hablamos, el viejo régimen del Patronato demostró que el sistema tutelar no es bueno. Lejos de proveer bienestar, la tutela estatal históricamente fue la excusa para la privación de la libertad sin juicio, defensa ni análisis de pruebas.
Hace un tiempo el juez Zaffaroni lo explicó claramente: “Como se supone que todo lo que haga el Estado con él será para bien, se deduce que no hará falta un proceso penal acusatorio y que no necesitará las mismas garantías que un adulto (…) En la historia, ¿a quiénes se tuteló? A las mujeres, a los niños, a los indios. Mirá cómo les fue. La ideología tutelar es inquisitorial. A mí que no me tutelen, ¡que me juzguen!”. En Estados Unidos el sistema tutelar entró en crisis en los ´60, cuando se advirtió que un chico de 15 años que insultaba a alguien por teléfono podía ser privado de la libertad hasta los 21 (bajo tutela), mientras por el mismo hecho un adulto apenas hubiera recibido una multa. Así se inició un movimiento de juridización de los derechos de niños y adolescentes.
“Por mí que se lo someta a proceso desde el momento de la concepción”, decía Zaffaroni: “Otra cosa son las consecuencias penales. A un niño no se le puede aplicar la misma pena que al adulto”. De lo que se trata es de abandonar el régimen tutelar para pasar a uno de derechos y garantías.
Bajar la edad de imputabilidad, en ese sentido, podría significar garantizar procesos justos. Pero nadie tiene eso en mente cuando se agita el tema después de un asesinato horrendo presuntamente cometido por un “menor”.

4) La gravedad del tema está exagerada por ciertos políticos y periodistas. El irresponsable tratamiento mediático sobre el delito es un problema en todo el mundo y hace rato ha logrado que la percepción social de la inseguridad vaya por un carril distinto que la realidad objetiva. En rigor, son muy pocos los homicidios o delitos graves cometidos por menores de 16 años en nuestro país. Se calculan en menos del 1% del total.
Ni siquiera la “inseguridad”, como problema global, tiene una dimensión proporcional al tiempo que le dedican los noticieros. Son más las muertes provocadas por la violencia doméstica o por el tránsito automotor, que los homicidios intencionales.

5) El punto anterior no debería ser un argumento contra la baja. Solamente es una prueba de la miserabilidad de quienes ponen el tema como prioridad en su agenda, mientras evitan hablar de la trata de personas, el gatillo fácil o las muertes por abortos clandestinos, entre otros problemas de suma gravedad. Si la criminalidad adolescente fuera un hecho extendido, tampoco deberíamos aceptar como sociedad que la solución sea llevar a prisión a un niño de 12 o 14 años.

6) Las condenas para un niño o un adolescente nunca pueden ser las mismas que para un adulto. No hay ningún buen argumento biológico, psicológico o social que permita equipararlos y justificar una misma pena, salvo la impotencia ante una situación terrible de la que el chico es apenas un emergente.
Si creemos que una persona a los 14 años maneja todos los elementos de juicio y es absolutamente responsable de sus actos, deberíamos permitirle votar a esa edad, por dar un ejemplo. En el fondo, sabemos que no es así. Un pibe no tiene la madurez necesaria para asumir la plena responsabilidad sobre sus acciones. Menos aún debería ser juzgado de forma implacable cuando a lo largo de su corta vida vio sistemáticamente vulnerados sus derechos.
En síntesis: si la imputabilidad de un niño/adolescente es discutible, pensar su punibilidad como si fuera un adulto resulta perverso.

7) El endurecimiento de las penas no es una solución para la inseguridad. Esto vale para chicos y grandes. Está demostrado a nivel mundial, y no sólo por el fracaso de las reformas legislativas fogoneadas por ex gobernador Ruckauf o el falso ingeniero Blumberg. Como experiencia exitosa suele citarse el plan de “tolerancia cero” en Nueva York, pero lo cierto es que se desarrolló en un contexto de bonanza económica y paralelamente a medidas de contención social, buenas razones para explicar la reducción de la violencia social. En otros países, como El Salvador, el fracaso del “Plan Mano Dura” y el de su continuador –increíblemente llamado “Súper Mano Dura”- fueron estrepitosos. Mientras la tasa de homicidios en El Salvador está en 51,2 (cada 100 mil habitantes), en nuestro país es diez veces menor: 5,2 (Fuente: PNUD). Argentina es uno de los países latinoamericanos con menor presencia de delitos violentos.

8) Hay que hacer algo. Rechazar la solución represiva y poner en perspectiva la dimensión del problema no es defender el statu quo; nadie habla de quedarse con los brazos cruzados. Pero sí demanda ampliar el concepto de seguridad y admitir que los principales sujetos que están en peligro son los chicos. Promover una distribución equitativa del ingreso, fortalecer la educación y la salud pública, combatir el narcotráfico –y no a los consumidores de drogas- y la trata de personas, sin duda son mejores soluciones que la construcción infinita de lugares de encierro.

9) No se puede confiar en las encuestas. A principios de febrero, varios medios se hicieron eco de un trabajo de la consulta Poliarquía y titularon: “Siete de cada diez argentinos desean que baje la edad de imputabilidad”. El relevamiento, de dudosa rigurosidad estadística, estaba basado en una encuesta telefónica realizada en mil hogares de 40 localidades con más de 10.000 habitantes. En rigor, el universo “argentinos” incluye mucha gente que no tiene teléfono y/o vive en ciudades con menos de 10.000 habitantes. Por otra parte, como vimos, “bajar la edad de imputabilidad” puede significar muchas cosas distintas.

10) Cualquier cambio legal en este plano debería ser debatido ampliamente después de las elecciones. Todos los temas legislativos tendrían que ser discutidos con seriedad, pero más aún los que involucran la vida y la libertad de las personas. Cualquier reforma legislativa del código penal y el régimen juvenil tratada responsablemente requiere, entre otras cuestiones, de un proceso de audiencias públicas con participación de la sociedad. Escuchar la opinión de los especialistas parece más atinado que guiarse por encuestas. Por supuesto, hablamos de investigadores formados que se dediquen al tema y no de ex represores devenidos especialistas, como Luis Vicat, un bonaerense que en los ´90 se dedicaba a la persecución de dirigentes y organizaciones sociales (La Pulseada N° 27) y ahora suele presentarse en los medios como experto en seguridad bancaria.
Por último, algo que sabemos por experiencias pasadas: ni el oportunismo político de quienes juegan con el miedo en épocas electorales, ni el dolor de los familiares de víctimas, son buenos consejeros.

• Publicado en La Pulseada N° 87, marzo de 2011

Orsai [una revista sin intermediarios]

Hernán Casciari evoca la breve escena de un goleador que grita eufórico sin ver la bandera alzada: “Tan en orsai, desesperadamente solo”. Con esa metáfora piensa la condición del migrante que se siente lejos del lugar que ama. Se trata de uno de los temas presentes en esta nueva revista, que con un diseño sobrio combina textos sagaces, fotos memorables y buenas ilustraciones –entre ellas, bocetos de Horacio Altuna.
La mayoría de los que escriben son lectores y hacedores de blogs. Pedro Mairal se anima a postular que una generación literaria surgió en torno a ellos. De hecho Orsai fue primero un blog y recién ahora es una revista trimestral. El N°1 se publicó en enero. En tapa no dice quién escribe, ni sobre qué. No necesita convencer a nadie: quienes la compraron, lo hicieron antes de que existiera (confiaron y pagaron por anticipado); los que la bajen, pueden explorarla sin costo. “Ya nadie necesita una revista de papel –editorializa-. Hay Internet y hay Youtube; además los libros no se venden y las revistas literarias no son rentables”. Sin embargo, Orsai vendió 10.080 ejemplares. Su versión impresa pesa poco más de medio kilo. También se consigue en PDF: gratis, sin trucos, completa. Y se devora. Dan ganas de tenerla en papel.
Orsai va desde un análisis sobre del separatismo vasco hasta el relato de un by-pass gástrico, pasando por la historia de un pibe que ahora mismo da la vuelta al mundo en silla de ruedas, y la de un vagabundo que dejó un manuscrito de 15.143 páginas ilustrado con acuarelas y dibujos.
Cada nota tiene una “entrada” y una “sobremesa”. Una y otra llevan el hilo de una revista extensa que no contiene publicidad, y tampoco sumario. Se trata de una aventura editorial: le escapa al copyright y también a las clásicas intermediaciones, ensayando un modelo más acorde a la época. La jugada salió bien. No están solos. No hay bandera roja levantada. Más que Orsai, es un golazo.

• Publicado en Tráfico de tentaciones, La Pulseada N° 87

[ Desde este jueves, también damos La Pulseada en el aire ]

III Jornadas de Historia, Memoria y Comunicación

Universidad Nacional de Quilmes, 18 y 19 de mayo de 2011

> Convocatoria presentación de trabajos
Las jornadas constituyen un espacio académico de periodicidad anual para la reflexión en torno a la tríada conceptual y problemática que la identifica: historia/memoria/comunicación. Se trata de proponer un ambiente de intercambio y producción de conocimiento entre investigadores ligados a la temática, que aporte al fortalecimiento del campo de estudios y que a su vez interpele a los participantes con interrogantes y debates que son académicos pero también éticos y políticos.
Promovido desde los espacios curriculares de Historia de los Medios y Sistemas de Comunicación y el Seminario sobre Medios de Comunicación y Memoria Social, pertenecientes a la Licenciatura en Comunicación Social, en sus dos primeras ediciones se organizó a partir de paneles donde referentes disciplinares expusieron sobre diversas temáticas como los medios en dictadura, los diferentes vectores de la memoria social y reflexiones sobre las responsabilidades. En 2011 las mesas, dedicadas a dos temáticas específicas, se complementarán con una instancia de Grupos de Trabajo a partir de una convocatoria abierta a investigadores de todos los niveles y geografías. A partir de un encuadre general que no pretender ser restrictivo respecto de enfoques específicos, esta instancia buscará dinamizar una discusión colectiva, partiendo de trabajos escritos que puedan aportar en un diálogo de saberes a una construcción conjunta sobre interrogantes comunes.
Los Grupos de Trabajo se desarrollarán presencialmente el miércoles 18 de mayo de 15 a 19 horas. Las temáticas propuestas en estas III Jornadas son:
1. “Juicios del pasado, juicios del presente”
2. “Malvinas: la guerra en la memoria”

Plazo de entrega de los trabajos:
8 de abril de 2011 (sin presentación previa de resúmenes)
Las ponencias deberán ser enviadas a: dbadenes@unq.edu.ar – lgrassi@unq.edu.ar
Se trata de ponencias breves (5 a 8 páginas).

Más información, acá.

El basurero de las noticias

“Más allá del Camino del Buen Ayre, los derechos humanos quedan en suspenso” (Alicia Dujovne Ortiz, en “¿Quién mató a Diego Duarte? Crónicas de la basura”)

“Cayeron dos adolescentes de 16 y 17 años”, dice Clarín. “2 chicos muertos al reprimir”. Indignan las palabras.
Ocurrió en José León Juárez. A la tarde había descarrilado un tren carguero; los habitantes de un asentamiento cercano comenzaron a saquearlo. La policía reprimió ferozmente. Un chico murió baleado en el acto. El otro, cuando lo atendían en un centro de salud. Página dice que un tercero está internado en grave estado. Todos eran pibes. Todos eran pobres.
Cuando leí la noticia me acordé de Diego Duarte. En marzo de 2004, mientras se instalaba en el debate público la idea de bajar la edad de imputabilidad, él y su hermano mellizo, llegados desde Formosa, buscaban metales -o cualquier cosa que pudieran vender- en los basurales que tiene el CEAMSE sobre el Camino del Buen Ayre y el Río Reconquista, en José León Suárez. Era la noche del 14 de marzo. Cuando vieron que unos vigilantes se acercaban, se escondieron detrás de un montículo de basura, justo cuando unas topadoras removían el lugar. Diego quedó sepultado. El hecho apenas salió en algunos diarios, y el Estado no puso demasiado esfuerzo por hallar el cuerpo.
Aquella víctima tenía 15 años. Los dos chicos asesinados ayer, 16 y 17. Diego nació el año que Menem ganó su primera elección. Los otros, después de la segunda. En sus cortas vidas pasaron hambre y frío. Y acaso la única cara que el Estado les mostró fue la policial: los golpes y las balas. Ahora están muertos. Los mataron.
Esta tarde en La Plata hay previstas actividades públicas para volver a decir que estamos contra la baja de la edad de imputabilidad, que vuelve cíclicamente a ser tapa de diarios por un oportunismo que atraviesa todo el arco político. Quieren bajarla de 16 a 14, como habían hecho los dictadores en el ´76 y ellos mismos volvieron atrás.
Contra lo que se exalta mediáticamente de tanto en tanto, nuestro país no tiene un gran problema de criminalidad entre los adolescentes. Sólo hay un puñado de casos de homicidios cometidos por menores de 16. Muchos más son los que trabajan en condiciones deplorables, próximas a la esclavitud. También son más los que mueren por causas vinculadas al hambre. Son más las mujeres que fallecen después de abortos clandestinos. Son más las víctimas del gatillo fácil.
Y otra vez resuena con muerte el nombre de la localidad donde hace casi 55 años masacró la revolución fusiladora. Con muerte joven y pobre. No quiero hablar de la edad de imputabilidad. Hoy siento que cualquier político, periodista o ciudadano de a pie que tenga como prioridad este tema en su agenda, es una verdadera basura.

Del proyecto arquitectónico a la construcción de memorias

“...a veces la lucha por el lugar se impone sobre la lucha por la memoria (...) Nada de lo que digo significa el descrédito por los espacios (...) Significa sí un alerta, que los lugares no nos coman la memoria” (Héctor Schmucler, 2006)

En el predio ex B.I.M. 3 –donde durante la última dictadura funcionó un centro clandestino- está previsto un edificio para la Facultad de Humanidades y otro para la de Psicología, con un total 12.000 metros cuadrados y en “no más de tres niveles”, y un Complejo de Actividades Deportivas y Recreativas, que ocupará 4,5 hectáreas. En 2007 se calculaba un costo de más de 15 millones de pesos para la obra, que demandaría 30 meses (el último anuncio indica que el Estado nacional pondría 35 millones). El arquitecto Nizan, Secretario de Planeamiento de la UNLP, aseguró que “se constituirá en un campus universitario abierto al público, integrado a la ciudadanía platense y ensenadense y con una notable armonía con relación a la urbanización de la ciudad de La Plata”. Actualmente el B.I.M. se encuentra delimitado por muros y rejas. La aseveración de que, concretado el proyecto, se convertiría en un espacio abierto e integrado a la comunidad, contrastaba con una iniciativa en el sentido contrario de la Municipalidad platense, que al final del gobierno de Alak promovió una ley y licitó el enrejado perimetral del Paseo del Bosque, vecino a ese predio.
Por su parte, la Estado municipal de Ensenada construirá y administrará la “Casa de la Memoria”, cuyo proyecto arquitectónico también fue elaborado desde la UNLP: un edificio de dos plantas, que incluye
- en planta baja: un microcine, un espacio de exposiciones y, conectado, un “bar cultural”;
- en el primer piso: oficinas (que serían utilizadas por la Dirección de Derechos Humanos), un espacio abierto para reuniones (destinado a organizaciones no gubernamentales) y un Centro de Documentación y Archivo de Derechos Humanos.
Con algunos de estos datos –la división en plantas y una descripción funcional básica– contestaron vagamente los entrevistados ante la consulta sobre en qué consiste el proyecto de Casa de la Memoria. La imprecisión de sus respuestas revelaba lo escaso que había sido el debate –o que aún no se ha generado– respecto a qué y cómo construir memoria desde allí, más allá del diseño arquitectónico del lugar.
Ese exiguo nivel de discusión y decisión podría relacionarse con la ausencia de emprendedores, en el sentido activo y creativo del término, más allá de la propia dependencia municipal. Por el momento han primado las “adhesiones” institucionales, a las que no se pide más que un compromiso formal y eventual. La propia Coordinadora Juvenil dejó vacante esa presencia movilizadora: “En aquel acto entregamos las 3000 firmas y quedamos con la idea de seguir coordinando...” (Silvina Negrete). Sus últimos acercamientos fueron los actos mencionados: la firma del Gobernador y la presentación del proyecto arquitectónico ya elaborado.
Difiere así del caso de otros casos de sitios recuperados como "espacios para la memoria", donde se formaron equipos de trabajo que reconstruyeron la historia del lugar y elaboraron una forma de presentarla a la sociedad. Los actores involucrados en el proyecto del B.I.M. vacilan cuando se les pide definiciones: qué se recordará, cómo recordará, con quiénes y para quiénes. Bastante desvinculada, en mayo de 2007 Silvina Negrete creía “que va a ser la discusión posterior, una vez que esté concretado el proyecto. Porque es como que todavía es la iniciativa. Hasta que no esté construido yo creo que todavía no se va a avanzar sobre eso”. En su postura (re)aparecía sólo la referencia genérica al caso emblemático: “la idea era que fuera una iniciativa parecida a lo que fue la ESMA. Y que eso para nosotros tendría que ser con todos los centros clandestinos de detención, porque más allá de su significado simbólico, tenía un significado de dar a conocer que efectivamente ahí funcionó un centro clandestino, eliminar todas las dudas acerca de su funcionamiento”. Esa definición, por otra parte, muestra cierta inclinación por lo que Todorov denomina memoria literal, aquella centrada en un caso singular que no conduce más allá de sí mismo, lo que hace a la experiencia prácticamente intransitiva. Difiere de la memoria ejemplar, aquella donde “a partir de la analogía y la generalización, el recuerdo se convierte en un ejemplo que permite aprendizajes y el pasado se convierte en un principio de acción para el presente” (Jelin, 2002: 50).
En ese uso de la memoria, en cambio, parecía inscribirse (en 2007) el discurso del Director de Derechos Humanos, para quien la idea de la Casa es “a partir de los 30.000 desparecidos”, pero “no solamente los 30.000 desaparecidos, sino a partir de todo el genocidio que ha venido ocurriendo no sólo desde el 76, sino del 55, si querés. O desde el primer genocidio, con Roca a la cabeza”* (Entrevista a Daniel Fabián, 2007). Con ese sentido amplio se propone, en definitiva, como centro cultural:

“...el lugar de exposiciones tiene que ser amplio. Que no sea donde haya una sola exposición y ya. Que sea itinerante. Que cada tres meses haya una exposición nueva. Por eso el tema del microcine, también. La idea es que sea un lugar cultural y educativo. Para las instituciones educativas, para profesionales, para investigadores: por eso el Centro de Documentación. La idea es que permanezca abierto de la mañana hasta la noche, vos pensá que va a estar a las puertas de lo que va a ser la Facultad de Humanidades y la de Psicología. O sea que eso va a ser un lugar no solamente de encuentro sino también... Estamos pensando que a las 10 de la noche va a haber batucadas ahí, ¿sí? Va a ser un centro cultural. De eso se trata”

A las puertas de la Universidad: esa es, quizás, la clave de las definiciones adoptadas hasta ahora. La conversión de ese espacio que era utilizado por pocos y vigilado celosamente, y hoy está completamente en desuso pero mantiene su aspecto lúgubre, en un sitio abierto, transitado y apropiado por unos 20.000 estudiantes y docentes universitarios, da cuenta de una transformación notable. En la ciudad postmilitar –término apuntado por Di Cori (en Arfuch, 2002: 107)–, la Universidad gana espacios. Acaso el mayor “éxito” simbólico del proyecto, por lo tanto, estará dado por una sustitución de imaginarios urbanos.
Evito en este resumen una extensa discusión teórica sobre el concepto de imaginario, que tiene múltiples significaciones y ha sido ampliamente discutido en las ciencias sociales. Definámoslo a grosso modo como una especie de constelación de sentidos, que fueron socialmente producidos en una dinámica de conflictos/consensos, y cristalizan en ciertas narrativas, gestualidades, modos de la acción y, por supuesto, imágenes. Por ejemplo, hablar de “imaginario militar” nos remite al discurso del orden, a gestos adustos, a un movimiento disciplinado, a la obsesión por la seguridad. Visualmente, es la fotografía de una garita, un gran paredón y alambre de púa; o la imagen de un desfile disciplinado –aún cuando fuera cívico–. En la Argentina post-dictadura, el “imaginario militar” remite al abuso de poder, a los campos de concentración y otras cuestiones que tendemos a representar a través del negro, por dar un ejemplo.
Si lo militar refiere automáticamente al orden, la disciplina y el terror, la constelación de sentidos asociados a lo universitario es opuesta por completo. Las universidades argentinas constituyen la referencia de la movilización juvenil por antonomasia, y también se asocian –como escribe Da Silva Catela (2001: 215)– “a su significado como espacios históricos cargados de una ideología republicana: el debate crítico, la tolerancia y libertad de pensamiento, la representatividad democrática, el trabajo colectivo de búsqueda de un justo universal”. Aunque no se corresponda siempre o totalmente con lo real, ese constituye el imaginario universitario**. Valga recordar, para extremar el ejemplo, la expresión formulada en 1976 por el general Adel Edgardo Vilas: “es necesario destruir las fuentes que forman y adoctrinan a los delincuentes subversivos, y esta fuente se sitúa en las universidades y en las escuelas secundarias...”***.
La facultades son “templos sin dueños posibles”; por eso nunca “se solicitó permiso a nadie para encarar los actos, los monumentos, o colocar las placas”, a diferencia de lo que ocurriera con las fábricas (y por ello los homenajes a obreros se realizaron en plazas o centros cívicos). Los espacios de la Universidad pública “son vividos como propiedad de todos y, especialmente, ámbitos de civilidad. Máxima expresión de lo público, allí está prohibido el ingreso de fuerzas policiales o armadas y el ejercicio de actividades religiosas de cualquier signo. En muchos de los casos, las Facultades representaban los espacios donde los compañeros se iniciaron en proyectos de militancia política” (Da Silva Catela, 2001: 215).
Desde ya, un Batallón de Infantería y una Facultad de Humanidades suponen imágenes bien diferentes. En eso la iniciativa actual, en tanto sustitución de sentidos, difícilmente fracase. Más esfuerzo requerirá, no obstante, hacer que ese territorio, re-apropiado por actores universitarios y otros grupos de la comunidad, constituya un lugar de memoria. ¿Cómo recordar que allí hubo un centro clandestino? ¿Cómo evocar a quienes convivieron antes allí: víctimas, torturadores, colimbas, vecinos? ¿De qué modo rememorar, a través de un caso, todo lo demás? ¿Cómo, quiénes, para qué? Mil preguntas rondan el proyecto de instituir un “espacio de la memoria” en “51 y 122”. El primer paso, sí, es hacer que el ex BIM ya no sea un sitio militar. Pero una vez dado, los muchos siguientes deberán cuidar que nadie olvide que lo fue.


(*) En otro pasaje de la entrevista, antes de la pregunta específica por qué recordar, Fabián afirmaba que el espacio de memoria reivindicaría “la lucha, fundamentalmente de los trabajadores de Ensenada y Berisso, y con ellos los 30.000 desaparecidos”. Profundizar esa focalización es una opción, que resulta interesante considerando la “poca visibilidad de figuras obreras” advertida, entre otros, por Ludmila Da Silva Catela (2001: 175-176): “Como muestran las estadísticas del Nunca Más, los mártires sacrificados, individualizados y recordados como seres ejemplares, pertenecían a sectores con una representatividad media o baja entre los desaparecidos (religiosos, periodistas, intelectuales). Sin embargo, sus «guardianes de la memoria» más directos, están en condición de valerse de la desigual distribución de los medios culturales y simbólicos para hacerlos reconocer, individualizarlos y convocar la adhesión de otros” (Da Silva Catela, 2001: 175).

(**) Por supuesto, ese imaginario y su inscripción en lugares físicos concretos es relativa. Bien elocuente es el caso del actual edificio de Humanidades y Psicología, cuyo estilo de arquitectónico –dobles o triples alturas que confluyen sobre un espacio central–, vinculado al contexto histórico de su construcción, ha alimentado el “mito urbano” ampliamente difundido de que está basado en los planos de una cárcel. Encontramos allí una sede universitaria que evoca, no obstante, un imaginario sobre el autoritarismo.

(***) Vilas es conocido por su participación en el “Operativo Independencia” en Tucumán. La frase aparece en un informe de la Asociación Internacional para la Defensa de los Artistas víctimas de la represión en el mundo (AIDA), citado en GARCÍA, Prudencio (1995). El drama de la autonomía militar. Madrid: Alianza Editorial.

Bibliografía citada
- ARFUCH, Leonor –compiladora– (2002). Identidades, sujetos y subjetividades. Buenos Aires: Trama editorial/Prometeo libros.
- DA SILVA CATELA, Ludmila (2001). No habrá flores en la tumba del pasado. La Plata: Ediciones Al Margen.
- JELIN, Elizabeth (2002). Los trabajos de la memoria. Madrid: Siglo XXI.
- SCHMUCLER, Héctor (2006). “La inquietante relación entre lugares y memorias” (Conferencia). En: http://www.memoriaabierta.org.ar/recursos.php

B. I. M. 3

Desde que la semana pasada Cristina Fernández, en un acto de la universidad nacional ubicada en Florencio Varela, habló del futuro edificio de la Facultad de Humanidades platense, recibí varias consultas sobre el pasado del predio donde se va a construir, otrora un batallón de infantería donde funcionó un centro clandestino de detención. Hace tres años y pico había hecho un laburo académico sobre su proyección como "sitio de memoria", del que comparto aquí algunos fragmentos. Va primero una reconstrucción parcial de la historia del lugar, y en el siguiente post una reflexión sobre su cambio de identidad. Al que le sirva, que lo use nomás; como todo aquí, es de libre reproducción (en lo posible, citando fuente y sin sacarlo de contexto "a lo El Día").

Un centro clandestino de frontera

“Al otro día me liberaron. En el mismo lugar, en el bosque. Tenían apuro y no se tomaron la molestia de hacer un recorrido más largo. Me largaron justo detrás de la cancha de Estudiantes, donde está el lago. Me dejaron maniatado y vendado, y me dijeron que no me mueva por cinco minutos. Yo tenía un pijama, estaba desnudo... Tenía que regresar a 53, 4 y 5. Les pregunto: tengo que pasar por la Jefatura de Policía, estoy desnudo, me van a agarrar de nuevo. (Contestan) Mira, pibe, si te salvaste de esta, los otros son unos angelitos...” (Juan Carlos Fuello)

“Un dato interesante es que el edificio donde estaba ubicada la peluquería, hasta pocos meses antes de que yo entrara, había servido de morgue, era ahí donde la fuerza de tareas escondía los cuerpos. Me acuerdo de un cabo que iba a la peluquería de Rossi y decía que en ese mismo lugar donde nos estábamos cortando el pelo «hasta hacía poco tiempo había olor a sangre y cuerpos apilados hasta el techo». En ese entonces yo pensaba que (...) nos estaba cargando (...) Ya no estoy tan seguro de que aquel cabo estuviera inventando cuentos”. (Ex conscripto. Faingold, 2006: 110).

“A la noche teníamos muy seguido la visita de Massera (...) Llegaba a la tarde en helicóptero, bajaba en el B.I.M. 3, pasaba al Hospital, saludaba a toda la gente, tomaba mate y después se quedaba ahí. En la época del Beagle, también conocí en el hospital a Astiz” (Testimonio de María Angélica Ayala, ex trabajadora del Hospital Naval, contiguo al B.I.M.)

Acaso por no haber pertenecido al “Circuito Camps”, el B.I.M. 3 no está entre los centros clandestinos más “reconocidos” de la región. Su ubicación es una particularidad interesante, pues la intersección de las avenidas 51 y 122 es casi un punto de encuentro de La Plata con los distritos de la región que obtuvieron su autonomía hace medio siglo: Ensenada y Berisso. El terreno está ubicado en territorio ensenadense, y a un kilómetro de allí se encuentra el límite entre ambas ciudades.
Nuestro objetivo central no es describir el funcionamiento del B.I.M. 3 durante la dictadura, sino analizar su proyección como sitio de memoria para la ciudad/región. No obstante parece conveniente hacer un repaso, que basaremos en la escasa documentación existente sobre el tema, principalmente en los testimonios brindados en la Justicia Federal desde 1999.
En el B.I.M. 3 habrían estado secuestradas personas que permanecen desaparecidas como Sergio Zurita y Ariel Ricetti, Roberto Fuello, la chilena María Eliana Acosta Velasco, Irma Angela Zucchi, Osvaldo Busetto, Rodolfo Crespo y Hugo Daniel Carzoglio; y también los sobrevivientes Juan Carlos Fuello, Carlos García , José Panettieri y Osvaldo Pachamé, Luis Rivadeneira, Liliana Beatriz Barone, José Luis Barla, Carlos Lucero y Luis Alberto Gómez. Probablemente estas referencias comprenden un porcentaje mínimo de las víctimas que pasaron por dicho centro clandestino.
Uno de los sobrevivientes supone cierta división territorial según la cual “los que éramos de la zona de Berisso y Ensenada, estábamos bajo jurisdicción de Marina” , aunque la constatación de ese criterio requeriría más conocimiento del tema.
Asimismo, si bien no fue el foco de las investigaciones, hay constancia de varios represores que actuaron en el B.I.M. 3, sobre todo a partir de un legajo de CONADEP (3157). El centro clandestino estuvo bajo la responsabilidad del vicealmirante Eduardo René Fracassi durante 1976, del contralmirante Roberto Wulff De La Fuente entre enero de 1977 y febrero de 1978, y del contralmirante Oscar Abriata hasta enero de 1979 –como comandantes de la Infantería de Marina, ascendidos luego a cargos superiores–. También le caben responsabilidades a los vicealmirantes Luis María Mendía, Antonio Vañek, Pedro Antonio Santamaría y Juan José Lombardo, por haberse desempeñado como Comandantes de Operaciones Navales. En la actuación concreta, se ha señalado como “jefe de grupo de tareas” al capitán de Fragata Biglioni (Pato) y mencionado la intervención del capitán de corbeta Galindez (Lobo - Bruto), un cabo primero de Ejército de apellido Aquino (Laucha) y el Mayor Ezequiel Insua .
En abril de 2003, una ex policía declaró ante la Cámara Federal haber sido enviada a la Comisaría del Dique a buscar un bebé “que entregó el B.I.M. 3”, para llevarlo a Casa Cuna; de lo que se desprende que pudieron haber ocurrido allí partos clandestinos como en otros campos de concentración .
Por su parte, una técnica anestesista del Hospital Naval recuerda que la Sala de Oficiales estaba siempre custodiada por un guardia “con un FAL en la mano”, y que “se decía que las paredes hablaban y al principio nosotros no nos dábamos cuenta pero funcionaban micrófonos, y los teléfonos estaban intervenidos”. Vivían “aterrorizados todos los días”. También la Morgue estaba celosamente custodiada: “Se rumoreaba que había cadáveres que no eran los que se nos morían a nosotros”. Según su testimonio, el B.I.M. 3 estaba comunicado con el Hospital Naval: “Debajo del pabellón 5 hay unos túneles que hoy están cerrados. Todo el mundo decía que se comunicaban con el B.I.M. La gente de la noche decía que de las bocas de tormenta salían quejidos, llantos”. También habló de “botines de guerra” al mencionar “cabos y suboficiales que decían que tenían zapatillas o camperas”.
Si se trata de dar cuenta de la dinámica del B.I.M. 3, también es significativo que fue uno de los sitios donde se reclutaban jóvenes para hacer el Servicio Militar Obligatorio. La “colimba” (corre – limpia – barre) constituye un hito fundamental en los imaginarios sobre la disciplina militar y el abuso de autoridad: por esa experiencia pasaron numerosos jóvenes hasta la abolición de su obligatoriedad en 1994, tras el asesinato a golpes de un conscripto.
Un texto de Eduardo Faingold, que revisa su propia historia familiar, alude a su conscripción en la Compañía de Comando y Servicios del B.I.M. 3 en 1979, después de pasar casi tres años fuera del país. Junto al recuerdo de ciertos tiempos de descanso (“tirados en el pasto de atrás de la cantina del BIM 3, comienzo alfajores de maicena, tomando Coca-Cola y fumando particulares y Parisiennes”), admite que había “indicios de que el BIM 3 estaba participando de la guerra sucia” y más de una vez escuchó “a uno de los militares referirse directa o indirectamente a algo que tenía que ver con operaciones represivas que se ejecutaban...” (Faingold, 2006: 110).

La disputa por el espacio
Ya en la Argentina post-dictadura y sin resguardo del lugar como prueba judicial, la Marina descuidó el lugar y en diciembre de 2000 se desprendió de la propiedad del terreno, adquirida por CENCOSUD, un holding empresario de origen chileno. La crónica de estos años da cuenta de un espacio bastante disputado, más allá de los impasses entre cada proyecto. El primero refleja el impacto de las políticas privatistas, desreguladoras y mercantilizadoras sobre la organización territorial: el Estado entrega un gran terreno, lindante al principal parque de la región, a un grupo privado sin mediar siquiera un proyecto.
El holding preveía instalar un hipermercado Jumbo, once cines, un centro comercial y un “patio de comidas”. La iniciativa despertó oposición política en La Plata y el Concejo Deliberante pidió por unanimidad a la Provincia que niegue la habilitación correspondiente. El argumento del perjuicio al comercio local generó tensiones con el Municipio vecino, ya que al mismo tiempo La Plata permitía la instalación de hipermercados en su jurisdicción. Finalmente, el proyecto se frustró cuando la Provincia evaluó negativamente el impacto ambiental.
En forma simultánea a la discusión de los efectos ambientales y comerciales, en julio de 2001 la agrupación HIJOS-La Plata y la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos presentaron ante la Cámara Federal un recurso de no innovar sobre el predio. Aparecía, acaso por primera vez en la escena pública local, la condición del terreno como ex centro clandestino de detención y torturas. Un comunicado de HIJOS señaló que su uso comercial significaría “destruir, excavar y tapar con un edificio la posibilidad de buscar la existencia de restos que nos permitan construir nuestra historia”, porque “este lugar contiene pruebas y, con ellas, la posibilidad de condenar responsables” (citado en una vieja crónica, acá).
Frustrado el proyecto de CENCOSUD, en 2004 se propuso la instalación de una alcaidía de alojamiento de presos y varias dependencias policiales. La idea no prosperó, esta vez por objeción del Municipio de Ensenada (El intendente declaró a la prensa en abril de ese año: “los vecinos del barrio de El Dique (...) están librando una batalla judicial para que se cierre la unidad de detención de menores que funciona en 128 y 45 y que ya tiene un fallo favorable en primera instancia; de modo que esta noticia de que le van a abrir a cinco cuadras una cárcel todavía más grande parece un chiste de mal gusto”). Mientras tanto –y hasta hoy– el espacio permanece deshabitado, aunque por la combinación de paredones, alambres de púa y varias garitas mantiene un aspecto intimidatorio.
En 2006 la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) manifestó su intención de utilizar el predio. Al mismo tiempo, la recién creada Dirección de Derechos Humanos ensenadense propuso constituir allí una “Casa de la Memoria”, en sintonía con un reclamo de varios grupos políticos-juveniles.
Vale recordar que la acción de “construir monumentos, marcas, espacios, respetar y conservar ruinas son procesos que se desarrollan en el tiempo, que implican luchas sociales, que producen (o fracasan en producir) esta semantización de los espacios materiales” (Jelin y Langland, 2003: 3-4), y que estos implican siempre la presencia de agentes activos. Sin ellos, la presencia de monumentos o sitios demarcados es intrascendente (...)
En este caso, la figura del emprendedor de memoria atañería a una Coordinadora Juvenil por la Memoria, integrada por agrupaciones estudiantiles/juveniles, en su mayoría de filiación peronista*. Por otra parte, también el Estado, a través de una dirección municipal, asumirá un rol de emprendedor.
Ambos se vinculan a “tendencias” recientes en el campo de luchas por la memoria de la dictadura. En primer lugar, la emergencia de sujetos juveniles –es decir, otra generación asumiendo el proyecto de rememoración– es propia de mediados de los ´90. De entonces data la formación del grupo H.I.J.O.S. y la inclusión de murgas que transformaron el clima y la estética de las marchas por derechos humanos.
Más nuevo aún es el compromiso activo del sector público en un proyecto de este tipo. Al contrario, existía “una profunda desconfianza por parte de las víctimas y de la mayoría de la población hacia el Estado, culpable de haber frenado las investigaciones y haber ocultado pruebas, además de haberse rehusado a identificar y juzgar a los principales responsables de los crímenes” (Di Cori, en Arfuch, 2002: 94). (...)
El reclamo sobre el B.I.M. 3 se hizo público en la semana del 30º aniversario del último golpe militar. Para el 20 de marzo de 2006, la Coordinadora Juvenil convocó a una marcha de antorchas –una forma de movilización asociada al movimiento universitario, en particular desde los fuertes reclamos de 2001– desde la Plaza San Martín hasta el B.I.M. 3. Demandaba “que los terrenos del Ex Batallón de Infantería de Marina (BIM3) sean recuperados para el pueblo y se conviertan en un Museo de la Memoria en donde todas las generaciones de argentinos tengan siempre presente lo que el terrorismo de estado hizo en nuestro país. Que exista en esta región, una de las más golpeadas en aquellos años, un espacio físico donde siempre esté el recuerdo de nuestros 30.000 compañeros, y que a su vez, con esta iniciativa podamos seguir generando la conciencia necesaria para que nunca más esto vuelva a ocurrir. Así como recuperar la ESMA fue un triunfo de todos continuemos nuestra lucha ahora por recuperar el B.I.M. 3”.
En el relato de los actores involucrados, igual que trasluce el texto citado de la Coordinadora, el acto de la ESMA en 2004 constituía una referencia ineludible:

“En 2005, cuando se hacía conocido que la ESMA iba a ser recuperada como Museo de la Memoria, y se acercaba otro aniversario del golpe (en 2006), nosotros pensamos que estaría piola impulsar una iniciativa que tenga que ver con eso: recuperar los centros clandestinos de detención como Museos de la Memoria, pero hacerlo en todos los lugares...” (Entrevista con Silvina Negrete, coordinadora de Barrios de Pie La Plata, 22 de mayo de 2007)

Esa tarea decidió encarar la regional La Plata de la Coordinadora y, tras explorar varias alternativas, postuló al B.I.M. como predio donde construir ese “Museo de la Memoria”. La ventaja de ese centro radicaba en la voluntad política del Municipio de Ensenada. En contacto con la Dirección de Derechos Humanos creada poco tiempo antes, que ya preparaba un proyecto de expropiación, las agrupaciones juveniles se propusieron para “hacer una iniciativa que magnifique el tema de la difusión (...) Nos comprometimos a instalar el eje en la sociedad” (Silvina Negrete). La modalidad fue la junta de firmas “a favor de la expropiación” del B.I.M. 3 con ese objetivo:

“Hicimos no sé, 50.000 volantes. Me acuerdo que decíamos «es una locura» (...) Salíamos a afichar la ciudad, a hacer un montón de iniciativas cosa de instalar el eje (...) Es como que hasta ese momento en la sociedad todavía había ciertas dudas de que eso realmente había sido un centro clandestino de detención o no (...) Entonces el primer paso fue empezar a impulsar el eje, expandirlo e insertarlo en la sociedad más general, que no quede en la cosa aislada de un grupito de jóvenes o de organismos que tienen la iniciativa” (Silvina Negrete)

En la Municipalidad de Ensenada, no obstante, el plan distaba de constituir un espacio para la memoria exclusivamente. En 2007, el entonces director de Derechos Humanos relataba que

“una vez que se habían rechazado los proyectos de un Hipermercado y de una Alcaldía para la Provincia de Buenos Aires, apostábamos a que ese predio tuviese como fundamento los ejes de educación, producción y cultura. Siempre dentro del marco de la memoria (...) En algún momento se pensó en que esas nueve hectáreas fuesen un parque por la memoria, como lo hay en otros lugares. Nosotros veíamos la necesidad de que no estuviese simplemente como un recreo paisajístico y ambiental, sino que tuviese alguna connotación productiva, que era por lo que en definitiva habían luchado los compañeros en aquella época” (Entrevista con Daniel Fabián, Director de Derechos Humanos de Ensenada, 23 de Mayo de 2007).

En busca de un proyecto que justificara la expropiación dialogaron con diversas instituciones y grupos: “terminó siendo la Universidad el proyecto más potable. Había otros proyectos. Pero el de la Universidad terminó siendo el más potable y además el que convenció al gobierno de la Provincia de Buenos Aires para tomar la iniciativa” .
Finalmente, el 14 de agosto de 2006, en un acto compartido por todas las partes involucradas, el Gobernador Felipe Solá firmó el proyecto para la expropiación del terreno “que prácticamente se lo puede considerar de La Plata porque es al límite”. En la ceremonia, representantes de la Juventud del Movimiento Libres del Sur –entre ellos, Silvina Negrete– entregaron las planillas con más de 3000 firmas recolectadas meses antes. En septiembre las cámaras legislativas aprobaron una ley que hace al predio “de interés público y sujeto a expropiación” .
Todavía, por supuesto, faltaba que se hiciera efectivo el dinero. “Este proyecto no se hace con dos pesos, es por eso que aún nos queda un camino muy largo por recorrer… pero lo empezamos”, afirmó el intendente Mario Secco el 22 de marzo de 2007, cuando presentaron el proyecto de las facultades y la Casa de la Memoria –otra vez, un acto en la semana de un aniversario. Sobre esta iniciativa, algunas reflexiones en el siguiente post.

(*) Para entonces la integraban Jóvenes de Pie, Tercera Posición, La Jauretche, Mancha de Tinta, Vuelta de Obligado, Ana Teresa Diego, GEN, Militancia, Alfabetizadores Universitarios, FJC(CE), Rodolfo Walsh, Argentina Somos Todos, Peronismo desde Abajo, Área de SocioHistoria y CESNA. A nivel universitario, detentaban la conducción de los Centro de Estudiantes de las facultades de Periodismo, y Geofísica y Astronomía. La convocatoria recibió la adhesión, además, de las direcciones de Derechos Humanos de los municipios de Berisso y La Plata, y de la Universidad Nacional de La Plata, la Comisión Provincial por la Memoria, el Director de Derechos Humanos de la Facultad de Periodismo y la Asociación Miguel Bru.

Fuentes y bibliografía citada
- FAINGOLD, Eduardo (2006). Diáspora y exilio. Crónica de una familia argentina. La Plata: Al Margen.
- JELIN, Elizabeth y LANGLAND, Victoria –compiladoras– (2003). Monumentos, memoriales y marcas territoriales. España: Siglo XXI.
- ARFUCH, Leonor –compiladora– (2002). Identidades, sujetos y subjetividades. Buenos Aires: Trama editorial/Prometeo libros.
- Grupo Fahrenheit: Listado de Represores del período 1976 a 1983 en Argentina. En: www.desaparecidos.org
- Ley Provincial Nº 13.561, promulgada por el decreto Nº 2.641 de 2006.
- Testimonio de Gustavo Zurita, hermano de desaparecidos, Juicio por la Verdad, 29 de octubre de 2003.
- Testimonio de Edna Coparoni de Ricetti, madre de desaparecido, docente jubilada, Juicio por la Verdad, 25 de abril de 2001.
- Testimonio de Juan Carlos Fuello, ex desaparecido y hermano de desaparecido, Juicio por la Verdad, 1º de diciembre de 1999.
- Testimonio de José Panettieri, docente universitario, Juicio por la Verdad, 14 de junio de 2000.
- Testimonio de Carlos García, ex desaparecido, Juicio por la Verdad, 10 de octubre de 2001.
- Testimonio de Luis Aníbal Rivadeneira, ex desaparecido, ex delegado gremial de Propulsora Siderúrgica, Juicio por la Verdad, septiembre de 2004.
- Testimonio de José Luis Barla (ex militante del PCT y trabajador de OFA), ex desaparecido, Juicio por la Verdad, 7 de noviembre de 2001.
- Testimonio de Nélida Beatríz Lloyd, ex Policía de la Comisaría 8ª, Juicio por la Verdad, 9 de abril de 2003.
- Testimonio de Marta Angélica Ayala, técnica en anestesia, como personal civil de FF.AA. se desempeñó en el Hospital contiguo al B.I.M. 3, Juicio por la Verdad, 24 de marzo de 1999.
- Declaraciones judiciales del sobreviviente Pablo Díaz, citadas durante el interrogatorio a Jorge Quiroga Furque, Juicio por la Verdad, 4 de Junio de 2003
- Conclusiones provisionales de las Acusaciones Populares. Madrid, 16 de diciembre de 2003.