Lavado Papers

Hoy se publican los primeros resultados del Consorcio formado por REDCOM, Diario Tiempo Argentino y lavaca - MU, con algunas reflexiones sobre el lavado de dinero y otras sobre el lavado de noticias.

Podés leer sobre el tema en lavaca, en Tiempo Argentino, en la web institucional de REDCOM, en ANCCOM, en el diario Contexto y en COEMU.

Algunos comentarios sobre las 17 verdades convergentes

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1) Siguiendo la línea del "debate sin preguntas", colgaron el texto en JPG. Media pila, che.
2) La definición de comunicaciones convergentes (punto 1) es tan vaga que la ley podría regular a la gráfica y el muralismo.
3) Define tres tipos de prestadores (punto 7): estatal, privado con fines de lucro y privado sin fines de lucro. Suena bien para gente poco proclive a lo no comercial, pero:
* Al decir estatal y no público, dejan en el camino a los pueblos originarios.
* Al hablar del alcance federal de los medios públicos (punto 16) revelan que tampoco están pensando en las universidades ni en los estados locales.
* Tienen una versión folklórica y reductora de los medios comunitarios (punto 17), que los reduce a experiencias de "poblaciones con singularidad cultural", "colectivos diversos", "poblaciones distantes", etcétera. Sin hablar que dejaron en el camino la reserva del 33% del espectro...
4) Para la Autoridad de Aplicación (punto 9) se plantean criterios que actualmente no cumplen, como la participación ciudadana o la trayectoria idónea. Que lxs directorxs no sean todxs de un mismo género es un avance, pero les faltaron tres detalles no menores:
* Pluralidad política
* Independencia de las corporaciones
* Participación de la sociedad civil.
5) Desaparece la noción de servicio público (punto 8): todo es servicio de interés público. Atenti los cambios en la telefonía.
6) La idea de "prácticas autorregulatorias" del periodismo me inquieta un poco (pensar que hace un tiempo hablábamos de protocolizar algunas cuestiones, Esteban). Más aún cuando no hay ni mención de una Defensoría del Público.
7) ¡Todo lo que no aparece! No hay reglas de "must carry"; no hay transparencia en las licencias; no hay regulación de la publicidad; no hay reglas contra los monopolios, los oligopolios y la concentración indebida. Mucha "defensa de la competencia" (punto 11), que sabemos que no alcanza. Se vienen tiempos de "consumidores y usuarios" más que de ciudadanos. Agarrate catalina.
8) Mucho bla bla sobre la ley que nació vieja y los desafíos de las nuevas tecnologías, pero siguen sin poner pautas a Netflix y similares.
9) Quien haya escrito la cuarta de las 17 verdades necesita un curso de redacción, urgente.
10) Un análisis mucho más completo hacen Damian Loreti, Diego Rossi, Diego de Charras y Luis Lozano, que siempre tienen la posta. Leanlos.

¿Qué pauta?

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El gobierno viene anunciando desde diciembre que regulará la pauta oficial, pero hasta ahora no apareció ningún proyecto. Al contrario: la publicidad estatal volvió y lo hizo con discrecionalidad, en beneficio de un grupo de medios comerciales. Las voces de los medios sin fines del lucro reclaman que el reparto empiece a pensarse con otra lógica.

El 8 de abril, cuando el gobierno nacional tuvo que presentarse ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para dar explicaciones sobre los decretos que modificaron la ley de servicios de comunicación audiovisual, optó por esquivar el bulto y hablar de otros temas: “Aprovechamos el desarrollo de esta audiencia temática como una oportunidad para contarles el cambio profundo y trascendente que estamos emprendiendo”, afirmó en un discurso leído el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj. Sin inmutarse siguió: “La buena noticia es que la etapa de discrecionalidad en la distribución de la pauta oficial, la utilización política de los medios públicos y el abuso de las cadenas nacionales, así como la censura, son parte del pasado”.
La torta publicitaria del Estado nacional, que alcanzó los 2.598 millones de pesos en 2015, es sin duda uno de los asuntos destacados en la política de comunicación. Más allá de las normas que establecen las áreas encargadas y los aspectos impositivos, no existe ninguna ley que regule la llamada “pauta oficial” y establezca los criterios con los cuales se reparte. Un reclamo histórico, siempre planteado desde los sectores que ejercen la oposición y retaceado por los oficialismos, cualquiera sea su signo político.
La Alianza Cambiemos llegó al gobierno con una promesa de ordenar el reparto que hasta ahora no ha cumplido: después de dos meses sin pautar, ha vuelto a realizar campañas publicitarias, con criterios que favorecen a unos medios en detrimento de otros.
El ejemplo más claro es la prórroga a la posibilidad de que empresas mediáticas canjeen deudas impositivas y previsionales por servicios de publicidad, lo que equivale a pautar con medios deudores.
Toda una decisión política: como ningún medio autogestivo acumula ese tipo de pasivos, queda fuera de la distribución.
“El porcentaje de publicidad del Estado nacional al que accedían los medios comunitarios antes era pequeño, casi inexistente; ahora es inexistente”, sintetiza Mariela Pugliese, titular del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO). La misma situación plantea Nahuel Lag, presidente de la Asociación de Revistas Culturales Independientes (ARECIA) que nuclea a más de 200 publicaciones autogestivas de todo el país. Según el último censo realizado por esa entidad, el año pasado sólo un 17% de sus integrantes recibían recursos de la propaganda estatal: “En noviembre de 2015 recibimos pauta por última vez -relata Lag-. En diciembre ya no hubo. Desde que asumió el nuevo gobierno hemos tenido algunas charlas pero hoy ninguna revista recibe pauta oficial”.
La arbitrariedad del reparto realizado por el gobierno anterior es un punto de coincidencia de casi todos, inclusive entre referentes del kirchnerismo. La abogada Graciana Peñafort, coautora de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y su principal defensora ante la Corte Suprema en 2013, reconoce: “Hubo políticas desacertadas que no tuvieron que ver con la aplicación de esa ley, pero sí tuvieron consecuencias sobre los medios. Una deplorable administración de la pauta oficial generó medios que resultaron incapaces de generar contenidos viables para el gran público, que dependían necesariamente del aporte estatal. Cuando cambió la conducción del Estado, estos medios desaparecieron o están en vías de hacerlo”.
El declive de esas empresas dependientes de la pauta del gobierno anterior es la única novedad hasta ahora, si bien desde diciembre el macrismo promete una regulación. En la presentación realizada ante la CIDH, preocupado por mostrar medidas que no fueran los decretos que implicaron un retroceso respecto a los estándares interamericanos de derechos humanos, el oficialismo dijo: “Se detuvo la asignación arbitraria de recursos de publicidad oficial -aseguró Avruj-, siendo convocadas ante la Secretaría de Medios todas las organizaciones periodísticas para elaborar una regulación transparente e igualitaria de distribución de pauta”. Pugliese lo desmiente: “no se han acercado a ninguna red de medios comunitarios. No lo aclaro solo por FARCO: ninguna de las redes de medios que conformamos el espacio Interredes ha sido convocada, y tampoco la Coalición por una Comunicación Democrática”.
Según el informe que el gobierno presentó por escrito, los consultados fueron el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y la Fundación LED, cuya titular es Silvana Giúdici, una de las funcionarias que viajó a Washington a representar al gobierno. “Si la consulta se reduce a FOPEA y ADEPA para nosotros es absolutamente ilegítima -agrega Pugliese-. No solo porque dejan afuera una serie de medios, sino porque se trata precisamente de los representantes de los medios privados y concentrados. Si queremos que se respete el derecho a la comunicación, no tienen que ser ellos quienes pongan las pautas, ya sea de una ley de publicidad, de medios o de acceso a la información pública”.

Diferencias de criterio
No faltan ideas para regular la publicidad. El tema fue, por ejemplo, uno de los puntos de la plataforma lanzada por la Coalición por una Comunicación Democrática en su congreso del 3 de marzo, en el que participaron más de 300 organizaciones de todo el país, entre ellas ARECIA y FARCO. El octavo de los nuevos “21 puntos” establece que “es obligación del Estado poner en marcha las regulaciones necesarias para una distribución justa de la publicidad, tanto estatal como privada, para que contribuya a la existencia y desarrollo pleno de la pluralidad de medios en todos los formatos” y sugiere, entre otras cuestiones, que se establezcan “cuotas de distribución con carácter federal y hacia los medios comunitarios, de cooperativas, mutuales, sindicales, PyMEs con arraigo local, etcétera”.
Para combatir la arbitrariedad una ley debe establecer criterios, cuya formulación siempre es una definición política. El gobierno actual ha dejado trascender que su proyecto estará centrado en criterios de audiencia o circulación, lo cual plantea al menos dos problemas. El primero es quién medirá, porque hoy no existen números confiables, ni de ratings ni de tiradas, y mucho menos federales. El segundo es que esa lógica tiende a consolidar posiciones dominantes: más alcance, más recursos; más recursos, más alcance.
En Tierra del Fuego, donde la pauta se reguló por decreto en 2008, se estableció un sistema de puntajes que contemplaba varios items, como la antigüedad del medio o programa, la cantidad de trabajadores y la inclusión de producción local. También consideraba la tirada o audiencia, pero el propio decreto suspendía la aplicación de ese punto mientras no hubiera estadísticas creíbles.
“Hay que discutir hasta qué punto ese tipo de distribución asegura el funcionamiento democrático”, alerta Pugliese: “Desde FARCO planteamos que el criterio tiene que ser cualitativo, además de cuantitativo”.
Además del caso fueguino, existen otros antecedentes en ese sentido. En Morón, por ejemplo, una ordenanza de 2011 reserva como mínimo un 4% del presupuesto oficial de propaganda “para difundir las campañas publicitarias en los medios cuyos licenciatarios o editores sean organizaciones sociales sin fines de lucro”. Otro mecanismo de promoción que sirve como referencia es el que rige en la propia Ciudad Autónoma de Buenos Aires para los “medios vecinales”. “No es específicamente para medios sin fines de lucro, pero ahí hay una regulación de pauta y de acompañamiento a los medios”, destaca Pugliese sobre la ley sancionada en 2007 que se reglamentó y aplicó recién después de un recurso de amparo presentado por Frecuencia Zero, una radio comunitaria del barrio de Mataderos. “Hoy está vigente y se respeta, aunque es un pequeño porcentaje. Después hay una gran torta publicitaria oficial de la Ciudad que sigue siendo entregada discrecionalmente, y donde los medios comunitarios no reciben nada”.

A nivel nacional, la única posibilidad que medios sin fines de lucro tuvieron de acceder a la pauta fue tras arduas negociaciones, como la que llevó a cabo ARECIA en 2013, derivada del conflicto por el sistema de distribución de diarios y revistas, donde la acción del Estado frente al brutal proceso de concentración fue casi nula. “En ese momento, a partir del laburo colectivo, ARECIA logró negociar una pauta para todas aquellas revistas que estuvieran inscriptas como proveedores del Estado. Siempre estuvo claro que era una pauta compensatoria frente a la ausencia total de legislación para el sector, la falta de fomento, de políticas públicas. De hecho, llegamos a la negociación por medio del ministerio de Trabajo, a raíz del conflicto por la distribución”, cuenta Lag. En ese momento, 37 revistas accedieron a la publicidad estatal. En los años siguientes la Asociación pidió la inclusión de más revistas y la actualización de los montos, pero no tuvo éxito. Y en diciembre pasado, la pauta se cortó: “Las revistas del sector estaban y están en la misma situación que la mayoría de los medios: atadas a las reglas de la discrecionalidad”, resume el presidente de ARECIA.

El derecho a la sátira

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Un fallo “desactualizado” que fija límites a la sátira humorística pone el dedo en la llaga en la discusión sobre libertad de expresión. Y deja al borde de una multa económica a una revista independiente, en un contexto de falta de apoyo a las publicaciones. 

Días atrás se conoció un fallo que condena a la revista Barcelona por causar “daños morales” a Cecilia Pando, la conocida activista de la defensa de los represores procesados y condenados por delitos de lesa humanidad, a quienes la asociación que ella preside llama “presos políticos”. Firmado el 29 de abril, Día del Animal, el fallo de la jueza Susana Amelia Nóvile choca de frente con estándares internacionales de derechos humanos que defienden a la libertad de expresión incluso para las ideas que resultan ingratas, ofenden o perturban al Estado o a cualquier sector de la población. Fue por esa razón que en 2009, tras una ardua disputa que llegó a la Corte Interamericana (Caso “Kimel”), Argentina despenalizó los delitos de calumnias e injurias en los casos de interés público. Ahora el asunto parece trasladarse al fuero civil y comercial, donde Pando buscó una condena aleccionadora y la jueza Nóvile podría hacer historia con un fallo que “es un mamarracho que ataca la libertad de expresión”, según lo define Ingrid Beck, directora de la revista de humor político afectada. De eso se trata este fallo: de poner a la parodia en un corralito.
“No sé si existen antecedentes donde un juez o una jueza establezca que hay límites a la sátira; que hay niveles tolerables y niveles no tolerables de sarcasmo, y que los jueces están en condiciones de fijar ese límite. Esa es una de las cosas más graves del fallo”, afirma Andrea Pochak, directora general de Derechos Humanos del Ministerio Público Fiscal.

El caso
En agosto de 2010, la “Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos” que encabeza Pando protestó en el Ministerio de Defensa con una performance pro-genocidas: un grupo de mujeres se encadenó en el Edificio Libertador para pedir impunidad. Podría decirse que hacían apología del delito de lesa humanidad, pero nadie lo llevó al terreno judicial. La mejor respuesta fue el humor. Días más tarde, la contratapa de la edición 193 de Barcelona se mofó del reclamo: con un montaje que simulaba la tapa de una revista de sadomasoquismo -donde la sigla S/M significaba “Soy Milico”-, el rostro de la militante pro-represores se fundía con el cuerpo desnudo de una mujer. Al título principal, “Ceci Pando se encadena para vos”, lo acompañaban frases como “Las chicas quieren guerra (antisubversiva)”, “Apropiate de esta bebota” y “Cadenas, humillación y golpes (de Estado)”.
Pando sí recurrió al Poder Judicial. Primero presentó un recurso de amparo para que sacaran de circulación a la revista. Se lo negaron en primera instancia, pero la Cámara de Apelaciones revirtió el fallo. “Como pasó un tiempo, ya habíamos circulado el ejemplar siguiente. Lo que nunca pudimos fue recircular o reimprimir ese número de a revista -recuerda Beck-. Es un antecedente espantoso, aunque con este nuevo fallo casi que pasó a un segundo plano”.
Con una sentencia a favor en mano, Pando fue por más: pidió una indemnización de 80.000 pesos por “daños y perjuicios”. La moral es la palabra clave de su demanda y también de la sentencia de Nóvile. La moral de una mujer católica, “legalmente casada”, con siete hijos, docente. La jueza considera que “ha demostrado que ha sido afectada en su honor” e inaugura lo que se ha dado en llamar el sarcasmómetro: “A pesar de tratarse de una revista de carácter satírico, la foto y las frases allí colocadas exceden un tono sarcástico y burlón y hacen una exposición exagerada de la accionante”.
Una cuarta parte de su sentencia está dedicada al derecho a la privacidad y la intimidad. “El fallo repite hasta el hartazgo que la libertad de expresión no es absoluta y que encuentra un límite en el derecho a la privacidad de las personas. Es una conclusión absurda y peligrosa”, cuestiona  Pochak. “Habría que recordarle a la jueza – sigue- que no se trató de una fotografía real del cuerpo de Pando ni se expusieron públicamente sus reales preferencias sexuales.
¿Qué tiene que ver entonces el derecho a la intimidad con la sátira? Si fuera una foto real, estaríamos en un caso donde hay un claro conflicto entre la libertad de expresión y la privacidad. Sin embargo en este caso se trata de una sátira, de una foto trucada. No hay ningún conflicto entre la libertad de expresión y el derecho a la intimidad”.

Los antecedentes
Para directora general de Derechos Humanos del Ministerio Público, la jurisprudencia que cita la jueza no sólo es “desubicada” -por anclar el tema en el derecho a la privacidad- sino también “desactualizada”, porque “cita fallos antiguos, incluso algunos que fueron revocados por organismos internacionales de derechos humanos como la Corte Interamericana”. Por ejemplo, cita un caso donde el ex presidente Carlos Menem demandó a la revista Noticias por publicar información sobre un hijo extramatrimonial. Nóvile retoma una sentencia de la Corte Suprema de 2001 ya refutada por la CIDH.
Aquel caso, además, aporta poco sobre el tema. Un antecedente más cercano podría ser el “caso Acher”. En 1998 la Corte Suprema condenó a Canal 13, a la comediante Gabriela Acher y su guionista Maitena Burundarena a indemnizar al juez civil Omar Cancela por una emisión del programa “Hagamos el humor”. Un sketch había parodiado la violencia institucional de un juzgado de familia, donde la entrevista con el magistrado a cargo se convertía en misión imposible. Se trataba de personajes ficticios, pero el apellido utilizado coincidía con el de un juez en actividad, que se sintió “agraviado en su honor”.
Cuando se conoció la sentencia, la edición dominical de La Nación -donde la guionista Maitena publicaba una tira diaria- cuestionó la decisión de la Corte: “Constituye una clara violación a la libertad de expresión y revela un incomprensible desprecio al humor como vía para caricaturizar la realidad y para promover el debate político”. El editorial se titulaba “Jueces sin humor”.
El caso llegó al sistema interamericano de derechos humanos de la mano del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que planteó que esa condena por daños y perjuicios vulnera la libertad de expresión. La Corte IDH aún nos expidió en este caso. “Los hechos son distintos, pero es otro ejemplo donde está en juego el derecho al humor, el derecho a la parodia, los límites que tiene la sátira”, explica Pochak.

Un intento disciplinador
Barcelona acaba de sacar a la calle su número 358, donde honra a sus lectores con una burla a la condena y el sarcasmómetro de la jueza. En casi 13 años de fotomontajes e ironías que lleva la revista, sólo tuvo que afrontar un juicio: el de Cecilia Pando de Mercado.
Y no está dicha la última palabra: este viernes, la Cámara concedió la apelación solicitada por el abogado de la revista. Ahora hay que esperar la resolución. Puede que vuelvan a priorizar la falsa intimidad sobre el derecho a la sátira, el honor sobre la libertad de expresión, o que reviertan el fallo. Barcelona o Pando, según el caso, buscarán llegar a la Corte Suprema. “Creo que la jurisprudencia de la Corte Suprema no toleraría sostener este fallo”, arriesga Pochak. “Si la Corte  pretende ser coherente, debería abrir el recurso y revocar el fallo de primera instancia. Falta mucho tiempo para que algo de eso ocurra”.
Mientras siga la disputa, Barcelona no tendrá que pagar la indemnización fijada por la jueza en 40.000 pesos por “daño moral”, más los honorarios de los abogados de ambas partes y los peritos que intervinieron -una psicóloga y un contador-. En suma son 55.000 pesos que, por otra parte, los editores no tienen. “Tratamos de minimizar el tema de la plata porque el foco tiene que estar en lo inconstitucional. Pero eso también es verdad: si fuéramos un monopolio, la guita no sería un problema, pero en nuestro caso sí, nos funde”, explica Beck y alude a la situación de las revistas independientes, a las que una vez definió como medios que “no tienen otros dueños que los que la hacen y que no tiene negocios paralelos más que el periodismo”. En su diagnóstico, la edición independiente afronta tres grandes problemas: los altísimos costos del papel, la falta de pauta publicitaria y la asfixia que produce un sistema de distribución manejado por las corporaciones.
“Dejamos de cobrar la pauta oficial que era muy escasa en agosto, y recién ahora estamos pudiendo empezar a cobrar algo de la deuda. En el caso de la Provincia de Buenos Aires, la gestión Scioli pautó durante un año y medio y no nos pagaron nunca, ahora al parecer van a pagar como a todos los proveedores con bonos que eventualmente serán papel higiénico, no sé de qué nos van a servir. Y hay una decisión preliminar, que ojalá no sea tal, de no pautar”, cuenta la directora de Barcelona. “En ese sentido hay un retroceso. En los demás temas, todo sigue igual que hace dos años, o sea peor”. El último verano, Barcelona afrontó un 30% promedio de aumento en el papel. Tuvo que aumentar el precio como nunca: de 21 a 28 pesos. “Por suerte no nos repercutió en las ventas: hoy por hoy Barcelona se sostiene únicamente con el aporte de los lectores. No tiene ningún otro ingreso”.
Si la amarga sentencia de Nóvile se confirmara, sumaría otro problema para las revistas que mantienen viva la crítica: “Abre la posibilidad de que otras Pandos, o Pandos varones, se sientan ofendidos y, como el delito de calumnias e injurias ya no existe, inicien causas civiles que con este tipo de sentencias terminen por un lado disciplinando a los medios y por otro lado fundiendo a otros medios que no podemos soportar multas de este estilo”, afirma Beck.
-¿Hay un riesgo de autocensura?
-No en nuestro caso, eventualmente editaríamos en la clandestinidad. Pero por supuesto genera cierto disciplinamiento pensar que te pueden ganar un juicio por daño moral.

Los DNU del verano contra la ley de medios

El decreto de la dictadura que regulaba la radiodifusión como si fuera un negocio estuvo vigente casi treinta años, por presión de las corporaciones beneficiadas. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sancionada en 2009, sintetizó la pelea de los medios comunitarios, las cooperativas, los trabajadores del sector, las universidades y las organizaciones sociales para cambiar de paradigma y democratizar la comunicación. En 60 días, el gobierno de Mauricio Macri echó todo por la borda. En esta nota contamos punto por punto todos los escalones que retrocedió Argentina, otra vez por decreto. // Ver infografías

Los puntos que siguen tienen una historia conocida, que puede repasarse en las páginas de La Pulseada. En 2004 esta revista contó el nacimiento de la Iniciativa Ciudadana por una Ley de Radiodifusión para la Democracia: un inédito consenso entre organizaciones preocupadas por la vigencia de un decreto firmado por el dictador Jorge Videla que regía la radio y la televisión, sólo reformado -por decreto, durante el menemismo- para empeorarlo. Aquella vieja norma, que sobrevivía a los intentos de modificarla por presión de las corporaciones beneficiadas, entendía a la comunicación como un negocio y no como un derecho humano. Así, por ejemplo, para ser licenciatario era requisito “tener fines de lucro”. Los medios comunitarios y cooperativos no estaban en desventaja: directamente, estaban prohibidos. Aquel consenso básico de 21 puntos daba nacimiento a la Coalición por una Radiodifusión Democrática, que tardó en ser escuchada por el gobierno: al año siguiente, otra vez por decreto, se regaló a los prestadores existentes 10 años más de licencias. El panorama cambió hacia 2008, cuando el Poder Ejecutivo sufrió en carne propia el poder de los medios concentrados, durante el conflicto con las patronales del agro que resistían el pago de impuestos. El 18 de abril Cristina Fernández recibió a la Coalición y se empezó a trabajar sobre el anteproyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que presentaría casi un año después, en marzo de 2009, en el Teatro Argentino. Se abrió un proceso inédito en Argentina: la propuesta se debatió y se mejoró en foros federales antes de ingresar al Congreso, que a su vez convocó a varias audiencias públicas. En octubre fue votada por una amplia mayoría parlamentaria, que excedió al bloque oficialista. A partir de entonces empezó la pelea por la plena vigencia, demorada por la estrategia judicial de los grupos económicos obligados a la des-monopolizarse -especialmente Clarín- y por algunas torpezas o inercias en el organismo de aplicación. La judicialización se saldó en octubre de 2013 cuando la Corte Suprema de la Nación declaró plenamente constitucionales los artículos cuestionados por Clarín. Lo hizo después de escuchar a las partes y recibir aportes de varios “Amicus curiae”, en un proceso en el que las radios comunitarias, las carreras de comunicación y otros miembros de la Coalición volvieron a decir presente en defensa del derecho a la comunicación. La ley seguía su camino. En 2015 ya se podía ver una Defensoría del Público en funcionamiento, los primeros concursos de señales de televisión digital para organizaciones sin fines de lucro y la aplicación del FOMECA, un fondo concursable para el fomento de medios comunitarios que ese año rondó los 140 millones de pesos. El mayor reclamo ciudadano lo sostenían las revistas autogestionadas, no alcanzadas por la ley: el sector gráfico siguió sumido en la lógica neoliberal y sufre las consecuencias de una concentración alarmante, que afecta desde la producción de papel hasta los mecanismos de distribución. En el sector audiovisual faltaba un buen trecho para regularizar el espectro, pero el avance era significativo. En diciembre de 2015 todo empezó a cambiar.

La saga de los decretos

El cambio se sugirió el día de la asunción del Presidente, cuando el locutor oficial, al presentar la cadena nacional, dijo “ley de radiodifusión”, en lugar de “servicios de comunicación audiovisual”. Todo un símbolo. Ese día, Mauricio Macri firmó un decreto que creó el Ministerio de Comunicaciones y puso bajo su órbita a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Según la ley, la AFSCA debía ser un organismo autárquico. Tal es así que, siguiendo recomendaciones internacionales, preveía que el mandato de su Directorio estuviera desacoplado de los tiempos del Poder Ejecutivo: designado dos años antes de la elección presidencial, debía seguir hasta dos años después. Podía ser removido por causas justificadas, por intervención del Consejo Federal de la Comunicación Audiovisual (ver: “La representación social”). El gobierno obvió todo eso: el 23 de diciembre dispuso una “intervención” de la AFSCA. Ese día, sin la medida publicada en el Boletín Oficial, el organismo había amanecido rodeado de policías: una intervención de facto. Más tarde se comunicó el decreto. Con el argumento de que su titular, Martín Sabbatella, era un “militante político”, se removió a todo el Directorio y designó en su reemplazo a... un militante del PRO, sin experiencia en el área. Entre Navidad y Año Nuevo, hubo movilizaciones y presentaciones judiciales: los sectores que impulsaron la ley desde 2004 salían en defensa del derecho a la comunicación. El relator de la OEA para la Libertad de Expresión llamó la atención sobre lo que sucedía en Argentina. Faltaba lo peor, que se veía venir. En la conferencia de prensa, Oscar Aguad deslizó: “La ley no se modifica... por ahora”. El periodista Nelson Castro, a quien nadie podría tildar de kirchnerista, lo cruzó fuerte en su programa radial: “Me parece que lo que están haciendo genera un precedente terrible, así entramos en una jungla que es brutal. Yo soy crítico de la gestión de Sabbatella pero la ley ha sido declarada constitucional por la Corte. La ley se puede cambiar por otra ley no por un decreto, esto es muy peligroso para la institucionalidad”. El ministro, en cambio, sostenía la curiosa tesis de que “una ley del Congreso no puede limitar las capacidades de un presidente”. El 30 por la mañana, el Jefe de Gabinete informó que se estaba escribiendo otro decreto, para modificar la regulación del sector. A la tarde el juez platense Luis Arias emitió una medida “precautelar” para que el gobierno se abstuviera de alterar la ley sin dar intervención al Congreso. Otra vez, no importó: el 4 de enero, publicaron el decreto 267, que introdujo severas modificaciones en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y en la Ley Argentina Digital, que regula las telecomunicaciones. Le pusieron fecha del 29 de diciembre, para eludir el fallo judicial, aunque ese día Macri descansaba en Villa La Angostura y ni siquiera había sucedido el anuncio de Marcos Peña. Poco hizo falta para advertir que esas desprolijidades eran lo de menos: el “decreto de necesidad y urgencia” desmontó los principales pilares de aquella ley nacida de un amplio consenso, discutida a lo largo y a lo ancho del país, votada por mayoría en el Congreso y validada por un fallo de la Corte. Después de seis años en los que el desafío fue cómo las grandes corporaciones se adecuaban a la ley, un decreto bastó para invertir los términos: el Estado se adecuó a las necesidades de las empresas. La comparación punto por punto ayuda a comprender las dimensiones de este retroceso.  

Publicado en La Pulseada 137

Subnotas

• Diez pasos atrás (con infografías)
• Contra la Constitución
• Revistas en alerta

Bienvenidos al tren fantasma

Ayer el gobierno conformó la comisión encargada de escribir un anteproyecto de ley de comunicaciones. No quieras saberlo: está encabezada por Silvana Giudici, la artífice de la ausencia de buen un grupo diputados opositores en el debate de la ley aprobada en 2009.
Otro feliz integrante es Alejandro Pereyra, uno que en 2001, siendo parte del viejo COMFER, elaboró una circular intimidatoria que se basaba en los artículos más retrógrados del decreto de radiodifusión de la dictadura. En esa época, cuando quiso concursar para el cargo de director general de Asuntos Legales y Normativa, truchó algunos de sus antecedentes académicos. Años más tarde quiso estar en el Directorio creado por el la LSCA, pero fue objetado por ese pasado oscuro y no pudo ser. Tiempo de revancha: ahora va a escribir la nueva ley.
Detrás viene el abogado Andrés Gil Domínguez, especialista en defender los intereses del grupo Clarín.
Completan la lista Héctor Huici, un pinedista (?) que trabajó en Telecomunicaciones durante los años de Menem; y Enoch Aguiar, ex secretario de Comunicaciones de Fernando De la Rúa.
Y como de adorno siempre queda bien un intelectual, metieron al paladín de la tolerancia Santiago Kovadloff, quien como vicepresidente de Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas salió en defensa del director de la Nueva Provincia, Vicente Massot, cuando fue acusado por su complicidad con delitos de lesa humanidad.

La frutilla del postre es que van a salir a buscar expertos internacionales, como si aquí no tuviéramos especialistas. Nombraron dos: el ex ministro del presidente Santos en Colombia, Diego Molano -que en la errónea información oficial es "Molana" y ex ministro de Uribe- es un guiño a las telcos (tuvo cargos importantes en BellSouth y Telefónica de España); mientras que Carlos Winograd es un dedo en el culo para los que pensamos que la comunicación es un derecho humano y no una mercancía. Dedicado a temas de "defensa de la competencia", lo único que tiene de extranjero son las instituciones para las que trabaja. Argento, graduado en Economía durante la última dictadura, también fue secretario durante el gobierno de la Alianza. Mentime que me gusta: Winograd, además, asesoró como perito de parte en la fusión de Cablevisión y Multicanal.

No quiero ser prejuicioso, pero creo que me puedo imaginar el contenido del anteproyecto de ley.

21 puntos por el derecho a la comunicación

En 2004 un conjunto de organizaciones populares, de derechos humanos, medios comunitarios, cooperativos y PyMEs, sindicatos, trabajadores de la comunicación, universidades, pueblos originarios, consensuamos 21 Puntos por una Radiodifusión Democrática que fueron la base del debate que dio lugar a la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522 en 2009.
Esa ley y el proceso de debate fueron valorados como un ejemplo en el mundo y por todos los organismos internacionales competentes en la materia. Luego de su aprobación, fue judicializada por grupos concentrados de medios y, tras una audiencia histórica en 2013, la Corte Suprema de Justicia ratificó la plena constitucionalidad de la norma.
Posteriormente, la creación de AR-SAT por ley 26.092 y la sanción de la Ley de Argentina Digital agregaron recursos y mecanismos para la regulación de un sector altamente concentrado en el marco de la convergencia tecnológica.
El actual gobierno, mediante el uso de la fuerza policial y a través decretos inconstitucionales resolvió apartarse de la voluntad popular expresada en años de debates y plasmada en el Congreso Nacional. Asimismo, el contenido de esos decretos resulta violatorio de los estándares internacionales de derechos humanos.
El nuevo escenario nos exige defender lo conquistado y reclamar por lo que falta para garantizar el pluralismo y la comunicación democrática en todos los soportes.
Las organizaciones que integramos la Coalición por una Comunicación Democrática reafirmamos los principios que formaron la Iniciativa Ciudadana de 2004, rechazamos lo actuado por el gobierno nacional, reclamamos la plena vigencia y aplicación de las leyes votadas democráticamente y presentamos este documento de 21 puntos que amplía el horizonte de nuestros debates y propuestas para una comunicación democrática en todos los medios, formatos y plataformas.

1. LA COMUNICACIÓN ES UN DERECHO HUMANO QUE INCLUYE TODOS LOS SOPORTES Y PLATAFORMAS.  La comunicación es un derecho humano universal y no una mercancía. Comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea en forma oral, escrita, impresa o artística o por cualquier otro procedimiento. Esta definición comprende a todas las formas de comunicación de las personas, incluyendo todos los medios y soportes, cualquiera sea la tecnología utilizada para la difusión y recepción de contenidos. Las reglamentaciones y decisiones a nivel nacional, provincial y municipal deben cumplir y respetar los tratados y convenios internacionales en la materia.

2. LIMITACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN PARA PROMOVER LA DIVERSIDAD Y EL PLURALISMO. Los monopolios y oligopolios, así como el abuso de posiciones dominantes o la concentración indebida, conspiran contra la democracia al restringir la circulación de ideas, informaciones u opiniones. La regulación debe promover la pluralidad y diversidad para asegurar el pleno ejercicio de la libertad de expresión. No alcanza con reglas de defensa de la competencia: la comunicación es un bien social -no privativa de empresas, medios o periodistas- y debe garantizarse una distribución adecuada de facilidades, recursos e infraestructura esenciales (frecuencias radioeléctricas, papel y otros insumos básicos, mecanismos de distribución de las publicaciones impresas y contenidos, acceso a redes).

3. ROL ACTIVO Y PRESENTE DEL ESTADO. Como garante de los derechos humanos, corresponde al Estado el rol de crear, fomentar y preservar la diversidad en la gestión de medios, soportes, redes y posiciones satelitales. El Estado debe desarrollar mecanismos destinados a la promoción, desconcentración y fomento del pluralismo y la diversidad, y promover un plan nacional de alfabetización comunicacional que incluya el derecho humano a la comunicación en las currículas académicas. También debe preservar capacidad regulatoria sobre todos los recursos, insumos, infraestructuras y facilidades esenciales sobre las que se prestan servicios de comunicación para fines tales como: experimentación, cumplimiento con las obligaciones de servicio universal, prestación de servicios, fomento de la participación de organizaciones sin fines de lucro, PyMEs y prestadores públicos, parlamentarios, universitarios, provinciales o municipales.

4. RESERVA Y SOSTENIBILIDAD DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL. Para garantizar la participación de las distintas corrientes en el debate público resultan indispensables la legalización y la reserva de frecuencias terrestres de radio, televisión y servicios conexos destinadas al sector social-comunitario y personas jurídicas sin fines de lucro (33%), al sector público en sus tres poderes -ejecutivo, legislativo y judicial- y en sus tres niveles -nacional, provincial y municipal-, a los organismos descentralizados como las universidades y a los actores públicos no estatales. Deben proponerse políticas públicas dirigidas a la sostenibilidad de las organizaciones de la comunicación –comunitarias, cooperativas, de gestión privada sin fines de lucro, de pueblos originarios y de las pequeñas y medianas empresas de arraigo local- que vinculen la producción de contenidos con pantallas, antenas y medios gráficos, en especial en las zonas despobladas o con menos recursos. Se deben sostener políticas de asignación de recursos con sentido social y federal, mediante la aplicación de asignaciones como las previstas por el Fondo de Servicio Universal y el Fondo de Fomento Concursable (FOMECA) y políticas de fomento a la industria gráfica de revistas culturales.

5. SERVICIO E INTERÉS PÚBLICO. Los servicios de comunicación audiovisual y de los operadores convergentes deben ser considerados como servicios de interés público; en tanto que los servicios esenciales de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), en todas las modalidades de prestación de conectividad, deben ser considerados como servicio público. En este sentido se deben evitar situaciones anticompetitivas de los prestadores con poder predatorio sobre el mercado y asegurar el establecimiento de tarifas razonables y transparentes. El acceso a facilidades esenciales para la comunicación, incluido el soporte gráfico, debe ser considerado de interés público.

6. ACCESO UNIVERSAL Y NO DISCRIMINACIÓN. Es obligación del Estado asegurar que en el acceso a los servicios de comunicación audiovisual y de las TIC esté prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o de nacionalidad, edad, discapacidades, condición social o económica, condiciones de salud, religión, sexualidades, identidad de género, o cualquier otra que atente, anule o menoscabe la dignidad humana, los derechos y libertades de las personas. Asimismo, el Estado debe adoptar todas las medidas pertinentes para asegurar, con independencia de la localización geográfica, el acceso universal en condiciones de calidad y a precios justos y razonables. El abono social a los servicios de comunicación audiovisual y de los operadores convergentes debe considerarse una vía adecuada para garantizar estos derechos. Asimismo, debe garantizarse la accesibilidad comunicacional universal para las personas con discapacidad o en riesgo de exclusión mediática.

7. AUTORIDAD DE APLICACIÓN CON PARTICIPACIÓN FEDERAL Y SOCIAL. GOBERNANZA DE LAS COMUNICACIONES E INTERNET. 
La regulación de los medios de comunicación es legítima sólo si es implementada por un órgano que se encuentre protegido contra la indebida interferencia política y de otra índole, de conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos.
Debe contar con personería jurídica y patrimonio propio, con control parlamentario y representación federal y sectorial en la gestión, incluyendo en su directorio a representantes de los estados provinciales, universidades nacionales y de las organizaciones de trabajadores/as, operadores comerciales y entidades del sector comunitario, cooperativo y social, y usuarios. Entenderá en la administración y control del espectro radioeléctrico y en las plataformas y servicios de las TIC, en la promoción de la industria audiovisual nacional y el federalismo en la producción de contenidos.
Los Estados deben garantizar la participación equitativa de todos los actores relevantes para la gobernanza de las comunicaciones e Internet, fomentando la cooperación reforzada entre las autoridades, la academia, la sociedad civil y las organizaciones sociales, la comunidad técnica y el sector privado, entre otros actores, tanto a nivel internacional como nacional.

8. DISTRIBUCIÓN JUSTA DE LA PUBLICIDAD PRIVADA Y PÚBLICA. Es obligación del Estado poner en marcha las regulaciones necesarias para una distribución justa de la publicidad, tanto estatal como privada, para que contribuya a la existencia y desarrollo pleno de la pluralidad de medios en todos los formatos. Deben establecerse cuotas de distribución con carácter federal y hacia los medios comunitarios, de cooperativas, mutuales, sindicales, PyMEs con arraigo local, etcétera. En cuanto a la publicidad estatal, en todas las jurisdicciones, se deben establecer por ley u ordenanza mecanismos que impidan la distribución arbitraria y discriminatoria como mecanismo de censura indirecta. Su distribución debe respetar criterios equitativos y transparentes, orientados al público objetivo de cada campaña, evitando la discriminación por línea editorial o informativa, ubicación geográfica, cuestiones partidarias o tipo de prestador.
Deberán excluirse las señales y plataformas extranjeras que no tengan contenidos de producción nacional de la posibilidad de difusión de publicidad de cualquier origen.
Se deberá diferenciar la publicidad de los mecanismos directos o indirectos de subsidios al pluralismo, tales como el acceso a créditos oficiales y regímenes impositivos especiales.

9. PROPIEDAD DIVERSIFICADA. Para asegurar el pluralismo y la diversidad, así como adecuadas condiciones de competencia económica, es necesario mantener los estándares internacionales que regulan la propiedad cruzada y las posiciones dominantes en el mercado. Los servicios serán prestados armónicamente por operadores de gestión privada comerciales, de gestión privada sin fines de lucro, comunitarios y públicos estatales y no estatales, así como formas asociativas mixtas públicas y privadas. La legislación deberá preservar el patrimonio nacional mediante la mayoría accionaria del Estado en empresas esenciales para brindar servicios de comunicación, así como evitar que -salvo en el caso de los medios públicos estatales- la concentración de la propiedad en manos de un mismo titular supere el 35% del mercado nacional, o que la suma de soportes en el plano local implique el control del mercado local.

10. LICENCIAS LOCALES Y NACIONALES. Las licencias serán de alcance local cuando se trate de servicios audiovisuales no satelitales, o nacional, cuando se trate de servicios de telecomunicaciones y de tecnologías de la información respectivamente. La prestación de servicios de distribución de contenidos audiovisuales por cualquier medio o plataforma, de manera lineal o a demanda, implicará que parte de los servicios convergentes estarán sujetos a obligaciones en el ámbito local. En estos casos, los titulares deben presentar ante la autoridad competente un proyecto cultural, generar contenidos propios y respetar las cuotas de producción de contenidos. Las licencias podrán transferirse con previa autorización siempre que haya transcurrido un período razonable desde la habilitación del servicio y siempre y cuando sus titulares hayan cumplido con sus obligaciones previas (previsionales, sindicales y con las sociedades gestoras de derechos) y el objetivo sea preservar la actividad del medio. Es requisito para la renovación de cualquier licencia la realización de audiencias públicas.

11. CONTENIDO NACIONAL, PROPIO, LOCAL E INDEPENDIENTE. Cuando se trate de la distribución de contenidos audiovisuales de alcance masivo por cualquier soporte, se deben incluir cuotas de pantalla y difusión de producción nacional, propia, independiente y local. Se debe promover el acceso y la inclusión de contenidos nacionales -de ficción o interés general- en los catálogos o portales cuando se trate de servicios TIC de comercialización de contenidos en territorio argentino. Respecto del consumo de contenidos no lineales por Internet, a través de servicios de pago abonados desde territorio argentino, se debe incorporar a dichas plataformas en el registro y sujeción de cumplimiento de obligaciones fiscales con destino específico a la producción de contenidos nacionales.

12. ENFOQUE PLURAL E INCLUSIVO EN LA GESTIÓN DE MEDIOS Y PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS. Los medios de comunicación, en todas sus formas de gestión y soportes, deben fomentar e incluir en sus producciones la perspectiva de géneros e identidades de género diversas, contemplar el tratamiento de problemáticas socioambientales y promover la inclusión social, el diálogo intercultural, la integración latinoamericana y la diversidad cultural.

13. PRIVACIDAD DE LOS DATOS. Las normas que regulen la actividad deben garantizar que se respete y proteja el derecho a la privacidad, incluso en el contexto de las comunicaciones digitales. También debe haber mecanismos nacionales de supervisión independientes, efectivos y transparentes así como la rendición de cuentas por las actividades de vigilancia de las comunicaciones y la interceptación y recopilación de datos personales que realicen tanto el Estado como particulares.

14. NEUTRALIDAD E INTERCONEXIÓN TRANSPARENTE. La regulación deberá garantizar que el tratamiento de los datos y el tráfico de contenidos personales y privados en Internet no sea objeto de ningún tipo de discriminación en función de factores como dispositivos, contenido, autoría, origen y/o destino del material, servicio o aplicación. Lo que persigue tal principio es que la libertad de las personas usuarias para acceder, elegir, utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación o servicio por medio de Internet no esté condicionada, direccionada o restringida, por medio de bloqueo, filtración, velocidad, precios o interferencias. Los proveedores de servicios de conectividad están obligados a interconectarse en el territorio nacional en condiciones no discriminatorias, transparentes y basadas en criterios objetivos y comunes.

15. EL ACCESO A INTERNET ES UN DERECHO HUMANO. Se debe garantizar el acceso universal a los servicios de Internet, en tanto es una capacidad habilitante para la realización efectiva del derecho a buscar, recibir y difundir información en su doble dimensión, individual y colectiva. El Estado nacional debe garantizar el Servicio Universal, entendido como el conjunto de Servicios de TIC que deben prestarse a todos/as los usuarios/as, así como un plan nacional de alfabetización digital que permita el ejercicio de este derecho.

16. ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Todas las personas tienen el derecho de acceder y disponer libremente de la información pública y de interés público conforme la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de todas y cada una de las personas. Los Estados nacional, provincial y municipal están obligados a garantizar su ejercicio sobre los principios de transparencia, interés público y la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales. Este principio sólo admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas previamente por ley formal para el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas.
El acceso a la información pública incluye a toda la información disponible respecto de prestadores de servicios audiovisuales y de servicios de TIC, mediante la creación de un registro único, público, federal y de libre acceso.

17. SOBERANÍA EN LAS COMUNICACIONES. El desarrollo de la ciencia, la industria, y la tecnología nacional de telecomunicaciones, tanto como sus recursos culturales y patrimonio audiovisual constituyen un valor estratégico de la Nación que requieren, conjuntamente, la administración soberana del espectro radioeléctrico. Este debe ser considerado como un recurso intangible, finito y de dominio público, cuya administración, gestión y control es responsabilidad indelegable del Estado nacional. Para la prestación de las facilidades satelitales se dará prioridad al uso de satélites de fabricación argentina. Las redes públicas de fibra óptica, los satélites geoestacionarios de telecomunicaciones en órbita, las posiciones satelitales reservadas a ARSAT por ley, las antenas e instalaciones terrestres y satelitales de la Televisión Digital Abierta deben continuar siendo de propiedad pública e intransferibles, pues operan como garantía de la soberanía comunicacional y de diversificación de la propiedad con pluralismo.

18. DERECHO DE ACCESO A CONTENIDOS DE INTERÉS RELEVANTE. Se debe garantizar el derecho de acceso universal a los contenidos informativos de interés relevante tales como acontecimientos deportivos, culturales, científicos, políticos u otro género o especialidad, para lo cual se procurará que el ejercicio de los derechos exclusivos para la retransmisión o emisión televisiva de determinados acontecimientos no perjudique el derecho de la ciudadanía a seguirlos en directo y de manera gratuita, en todo el territorio nacional, sin discriminación de calidad o de cualquier naturaleza. La cesión de los derechos para la retransmisión o emisión no puede limitar o restringir el derecho a la información.

19. DERECHOS DEL PÚBLICO Y LOS USUARIOS. RECTIFICACIÓN. El público, los lectores y las audiencias de los servicios audiovisuales y usuarios de las TIC y servicios de operadores convergentes tienen derecho a que los contenidos respondan a conductas éticas. Tales contenidos, incluyendo la publicidad emitida en el territorio nacional, deben ajustarse a los estándares internacionales de respeto a los derechos humanos. Especialmente deben desestimar la consideración de niñas, niños y adolescentes como consumidores.
Los contenidos evitarán que se promuevan o inciten tratos discriminatorios, que se menoscabe la dignidad humana, que haya violencia simbólica contra las mujeres o personas LGTBI, o comportamientos perjudiciales para el ambiente o para la salud física y psíquica de las personas y la integridad de niñas, niños y adolescentes. El funcionamiento, ampliación y federalización de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual es relevante para custodiar estos principios. También constituyen un aporte fundamental la existencia del Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia con representación plural, federal y especializada, así como de otros organismos que expresen a los intereses del público y las audiencias.
Las normas que regulen la prestación de servicios de la comunicación respetarán los derechos de la ciudadanía mediante acuerdos y contratos transparentes y no podrán incluir cláusulas restrictivas o condicionantes de su libertad de elección de otro licenciatario o prestador, o condicionen su rescisión o la desconexión de cualquier servicio adicional contratado.
Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de los medios de difusión y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta.

20. PRODUCCIÓN Y TRABAJO DIGNO. La adopción de normas que estimulen el pluralismo, la diversidad, la no concentración y la producción de equipamiento y contenidos locales, propios y nacionales, constituyen una vía directa para el desarrollo de una industria tecnológica nacional y para la promoción del trabajo en todas las áreas de creación, producción, emisión, distribución y acceso a contenidos gráficos, audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación. Se debe asegurar en los mismos una relación laboral en forma libre, registrada, igualitaria, segura y humanamente digna, con resguardo de la salud psicofísica y respeto a las incumbencias profesionales correspondientes a la actividad de las comunicaciones. Se debe contemplar la situación de personas que acrediten capacidades, condiciones y/o competencias producto de su experiencia laboral específica. El sostenimiento y desarrollo de una industria nacional de contenidos audiovisuales, conjuntamente con las cuotas de pantalla para la producción de ficción cinematográfica y audiovisual deben ser políticas de estado y estar promovidos por ley.

21. REGULARIZACIÓN CON PLENOS DERECHOS. El Estado adoptará las medidas necesarias para la regularización de todos los servicios de comunicación audiovisual o de Tecnologías de la Información y la Comunicación que tengan trámites pendientes de resolución por cuestiones no imputables a quien lo solicita en los organismos competentes. Tales trámites incluyen la adjudicación de licencias, resolución de concursos, asignación de frecuencias o habilitaciones o títulos necesarios para el pleno ejercicio de los derechos adquiridos en el marco legal vigente al momento de la solicitud o el que resulte más beneficioso para quien lo solicita, y cuya realización se haya demorado por cuestiones técnicas, administrativas o de cualquier naturaleza.

* Documento aprobado por unanimidad en el Congreso Nacional por una 

Comunicación Democrática el 3 de marzo de 2016.

Diez ideas para una regulación de las pautas publicitarias

Aunque no se dio a conocer ningún proyecto, desde enero corre el rumor de que el Gobierno nacional establecerá una regulación de la publicidad oficial. Si hubiera condiciones reales para discutirlo –ojalá el proyecto pase por el Congreso y seamos convocados a audiencias públicas–, el tema tiene mucha tela para cortar. Las líneas que siguen son el borrador de una decena de ideas que contribuyen a ese debate, algunas de gestación propia y otras claramente inspiradas en antecedentes. Pues el asunto no es nuevo: existen recomendaciones internacionales y también algunas experiencias para analizar en otros países o en provincias y municipios argentinos. Incluso, como veremos, hay antecedentes a nivel nacional: el decreto que convirtió a TELAM en la agencia de publicidad del Estado, la ley que prohíbe la promoción del tabaco o las escalas del Impuesto al Valor Agregado que rigen para la publicidad en medios gráficos, implican iniciativas de regulación –acotadas y fragmentarias, pero regulaciones al fin–.

1) Una buena regulación debe abarcar tanto la publicidad pública como la privada.
Antes que nada, hay que asumir que en el tema no hay neutralidad posible: en cualquier propuesta de regulación subyace una forma de entender las políticas públicas y el sistema de medios. Acotar el tema de las asignaciones publicitarias a la famosa “pauta oficial” ya implica una definición ideológica, que es conveniente discutir.
Aún en las cifras más elevadas –cuando se incluye en la cuenta el presupuesto destinado a Fútbol Para Todos–, la pauta estatal representa menos del 10% del total de la torta publicitaria. Y sería ingenuo pensar que esos miles de millones de pesos no tienen ninguna vocación de orientar agendas. Basta mirar las placas de auspiciantes en los principales programas políticos de la tele, o las páginas enteras de las concesionarias de servicios publican en los diarios en ciertos momentos clave, para sospechar otra cosa.
La Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoce en uno de sus informes que las grandes empresas “sólo colocan anuncios en medios favorables a sus intereses comerciales, evitando aquellos que denuncian los escándalos financieros, los daños ambientales y las disputas laborales”.
Al ampliar la mirada, pues, hablamos de una torta que supera los 30 mil millones de pesos al año, en la suma de transacciones que al menos indirectamente afectan el debate público, y sobre la que hoy rige una regulación laxa, mínima, casi reducida a lo impositivo. Sin embargo, los principales lineamientos que se plantean a continuación son deseables tanto para la publicidad estatal como para la privada.

2) No sólo hay que contemplar los aspectos económicos, sino también los simbólicos.
Una ley de publicidad debe ser taxativa sobre la no discriminación y sancionar los mensajes clasistas, patriarcales y racistas. Debe promoverse una protección integral de la niñez y la adolescencia, la diversidad de géneros y etnias, el respeto a la democracia.
El decreto que reguló la publicidad oficial en Tierra del Fuego durante la gobernación de Fabiana Ríos, en 2008, establece que “no se podrán incluir mensajes discriminatorios ni contrarios a los principios, valores, declaraciones, derechos y garantías que configuran el régimen republicano democrático consagrado en la Constitución Provincial y en la Constitución Nacional”. No hay razones para pensar que esta no tenga sentido para los contratistas privados de publicidad.
La ley nacional 26.687/11 que prohíbe “la publicidad, promoción y patrocinio de los productos elaborados con tabaco, en forma directa o indirecta, a través de cualquier medio de difusión o comunicación” es una muestra de que puede legislarse sobre los contenidos publicitarios, tanto para el Estado como para los anunciantes privados.

3) El concepto de publicidad alcanza a todos los medios, soportes y plataformas. 
La regulación debe abarcar todas las formas de publicidad: los medios gráficos, audiovisuales y digitales; la contratación de publicidad en redes sociales y en interfaces de correo electrónico; los servicios de llamadas telefónicas automáticas, el reparto masivo de SMS y la publicidad en la vía pública. Cada cual requiere consideraciones particulares según sus características, pero no hay razones para excluir a ningún soporte de la prohibición de mensajes discriminatorios o del cálculo económico del reparto de la torta.

4) Se debe definir una tipología de prestadores de espacios publicitarios y fijar la obligación de colocar al menos un porcentaje de la publicidad en medios sin fines de lucro.
La ley debe contemplar un “Registro de Medios” que, además de diferenciar soportes, distinga los tipos de medios a contratar: no es lo mismo un medio comercial que uno sin fines de lucro; no es lo mismo uno de alcance nacional que uno local con un fuerte anclaje territorial. Sobre esa distinción se establecerán obligaciones para los anunciantes, que pueden variar según la escala económica de los mismos. No tiene sentido obligar a un comercio que destina 5.000 pesos mensuales para publicitar su local a fragmentar ese monto y empantanarse en reglas sobre cómo repartirlo. Pero entre los grandes anunciantes –el Estado o empresas como Unilever, Procter & Gamble y otras– se puede orientar un porcentaje de su pauta publicitaria hacia prestadores sin fines de lucro. Nadie les dirá a cuáles, pero un tercio de sus recursos deberá destinarse a medios comunitarios, de pueblos originarios, radios universitarias, revistas culturales independientes.
En otras palabras: no se trata de indicarle al privado “dónde” tiene que publicitar, pero sí establecer criterios que desconcentren las pautas, teniendo en cuenta que estas –sin ser un subsidio: sabemos que no lo son– constituyen una pata clave para la sustentabilidad económica de un proyecto de comunicación.
En el caso de la publicidad estatal, existen algunos antecedentes. En Morón, por ejemplo, la ordenanza sancionada en 2011 establece que, “con el objeto de fomentar el pluralismo informativo y la diversidad de voces”, se destinará como mínimo un 4% del presupuesto total de publicidad oficial “para difundir las campañas publicitarias en los medios cuyos licenciatarios o editores sean organizaciones sociales sin fines de lucro”. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se estableció en 2007 un régimen de promoción para los llamados “medios vecinales”, que también reserva un 4% del presupuesto asignado a la difusión de actos públicos. Mauricio Macri la vetó parcialmente al asumir como jefe de Gobierno, pero la propuesta siguió en pie y rige hasta hoy.
Otro tanto hay que pensar en cuanto al reparto de porcentajes por tipo de soporte, para que la televisión no se lleve toda la torta. También hay experiencias previas en este sentido. En Italia, los medios escritos deben recibir no menos del 50% de la pauta estatal. En nuestro país, una ordenanza de la Municipalidad de Alta Gracia (Córdoba) obliga a definir porcentajes por categoría. El decreto de Tierra del Fuego también ordena la distribución por soporte y por localidad.
Otra experiencia para atender es la de Canadá, donde la contratación de publicidad debe incluir medios de lenguas minoritarias.

5) Es necesario pensar en la distribución regional de los recursos.
Igual que el punto anterior, la regla no debe asfixiar al pequeño anunciante, pero sí obligar a los grandes colocadores de publicidad a nivel nacional. La clave es que los recursos no se concentren, por inercia, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Una referencia en este sentido es un proyecto de ley presentado el año pasado en Uruguay, con la firma de representantes de todos los partidos, que busca regular la publicidad oficial de cualquier organismo público, incluidas las sociedades anónimas de capital estatal. El artículo 10º establece: “deberá destinarse al menos un 30% (treinta por ciento) del monto total asignado [a] programas o producciones informativas o periodísticas de exclusiva realización y producción local que estén radicados en localidades del Interior”. El decreto vigente en Tierra del Fuego establece porcentajes por localidades, para evitar que la torta se incline sobre Ushuaia o Río Grande, según las conveniencias o necesidades del gobierno de turno.

6) Hay que legislar claramente sobre el trabajo de las “agencias de publicidad” y combatir la figura de los bolseros.
Se trata de un asunto caliente, en especial si pensamos en la publicidad oficial. En este punto, como se dijo al principio, es mentira que no exista una regulación sobre la pauta. En 1971, un decreto estableció que los organismos del Poder Ejecutivo Nacional (con algunas excepciones) debían contratar la publicidad a través de TELAM S.E. Las sucesivas reformas de esta regla en los noventa y 2000 generaron una trama burocrática entre la Secretaría de Medios y la agencia estatal, digna de un relato de Borges. Las órdenes de publicidad y pago pasean de un edificio a otro durante meses. Algunas se pierden en el laberinto y sólo cobran en tiempo y forma aquellos que tienen el contacto adecuado. Está claro que debe corregirse este asunto, pero la pregunta es cómo: bien sabemos que, cuando gobiernan liberales, afirmar que la gestión estatal funciona mal es la excusa para la privatización.
No casualmente, uno de los trascendidos sobre el proyecto en el que trabaja el jefe de Gabinete Marcos Peña es que la asignación de pauta oficial se delegará en centrales de medios o agencias de publicidad privadas, con las comisiones millonarias que eso implica. Basta investigar la trama de corrupción en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se reveló el año pasado por una denuncia de Radio Ahijuna –los famosos “errores de carga”– para dudar de la conveniencia de esa decisión.
Lejos de promover su trabajo, una regulación de las pautas publicitarias desde una perspectiva de la comunicación democrática debería limitar la reventa de espacios y controlar el trabajo de estas agencias para evitar la concentración de recursos, que siempre atenta contra el pluralismo.
No hace falta más que visitar la web de la Cámara de Agencias de Medios, fundada en 2001, para advertir que esas centrales son hijas del neoliberalismo. La entidad está formada por dieciocho agencias y tiene diez socios adherentes, entre los que están Clarín, Torneos y Competencias, Telefónica, y la cuestionada medidora de audiencias IBOPE. Una de sus integrantes es Carat, la central internacional que en 1999 adquirió FAX, la agencia de medios que había creado el grupo Sevel cuando Mauricio Macri era su titular. La web de la CAM resume bien la historia de concentración económica del sector: “En el 2000 en Argentina se completa el desembarco de la totalidad de las marcas internacionales de Agencias de medios que operaban en el mundo”.

7) La asignación de publicidad debe realizarse con criterios claros.
En el sistema interamericano de derechos humanos, la distribución arbitraria y discriminatoria de publicidad fue uno de los primeros mecanismos de “censura indirecta” señalados. Por eso, la CIDH recomienda que los recursos se asignen “según criterios preestablecidos, claros, transparentes y objetivos” y no en respuesta a la línea editorial de los medios de comunicación.
Sería difícil discrepar con ese enunciado, que aparecerá textual en los proyectos de cualquier sector político. La definición pendiente, nunca neutral, es cuáles son esos criterios.
El lugar más común en los debates es la audiencia o la circulación. A más lectores o televidentes, más pauta. El criterio parece muy objetivo, pero tiene varios riesgos. El primero es la cristalización de desigualdades que tienen historia: la mayoría de los medios de “mayor llegada” en Argentina ganaron esa condición con el reparto discrecional de recursos del Estado, desde el origen del diario La Nación en el siglo XIX hasta nuestros días. El círculo no se rompería: más recursos, más llegada, más recursos, más llegada.
El segundo riesgo es la homogeneización: el criterio no distingue públicos, sólo mide cantidades.
Una regulación seria de la publicidad requiere reglas claras y explícitas, pero no exime de una definición cuanti y cualitativa de las audiencias. Supongamos una campaña dirigida a pueblos originarios. ¿Priorizaremos Canal 13 o Wall Kintun TV?, ¿Radio 10 o las distintas radios con identidad que funcionan en el país? La exclusiva apelación a las “mayores audiencias” resulta tan ruin como la provocación de Jorge Lanata cuando se preguntaba quién escucharía la radio de los wichis.
Hay que explorar otros criterios, más allá de la tirada o el rating. ¿Por qué no pensar también, por ejemplo, en la cantidad de trabajadores?
El decreto de Tierra del Fuego ensayó algunas posibilidades al definir un sistema de puntajes que considera distintos items: la presencia de producción local, la antigüedad del medio o programa, la cantidad declarada de “empleados”. También contempla el tiraje o la audiencia, aunque suspende la aplicación de ese punto mientras no hubiera mediciones confiables. Un punto clave.

8) Es indispensable contar con mecanismos serios, accesibles y controlados de medición de audiencias y lectores.
Otro trascendido sobre el proyecto del Gobierno nacional asegura que el 70% de la torta se repartiría de acuerdo con un índice de audiencia y penetración. La pregunta es cómo, a juzgar por las evidentes limitaciones del Instituto Verificador de Circulaciones (IVC) y de IBOPE. Vale como ejemplo lo sucedido el pasado 31 de enero, cuando todas las señales del grupo Clarín dejaron de transmitir por un incendio y la empresa medidora seguía marcando el rating del canal TN.
En sus “Principios sobre regulación de la publicidad oficial en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos” (2011), la Relatoría de la CIDH dedica un buen párrafo al tema: “En la medida en que los criterios de adjudicación precisen de mediciones, el marco jurídico deberá garantizar que se trata de mediciones comprensivas, que abarcan a los distintos tipos de medios y que se realizan con criterios objetivos y confiables. Para ello, las mismas podrían ser realizadas por instituciones imparciales que gocen de credibilidad. Las mediciones deberían incluir datos de medios pequeños, comunitarios y locales para que su utilización como herramienta de adjudicación no se convierta en una barrera indirecta al ejercicio de la libertad de expresión al marginarlos del otorgamiento de publicidad oficial”.
La experiencia trunca del Sistema Federal de Medición de Audiencias (SIFEMA) deja un sabor amargo, pero no anula la convicción sobre la necesidad de un sistema público, federal y auditado antes de que las estadísticas definan cualquier reparto de recursos.
El decreto de Tierra del Fuego promueve la firma de convenios con Universidades o institutos terciarios asentados en esa provincia para establecer “las metodologías de sondeos de opinión pública y técnicas cuali-cuantitativas que, de forma semestral, permitan conocer los niveles de: a. Nivel de Audiencia; b. Alcance; c. Penetración; d. Preponderancia social; e. Credibilidad”. Por su parte, el proyecto presentado en Uruguay contempla una doble fuente de información: prevé la contratación de estudios privados sobre medios gráficos, radiales y audiovisuales y la solicitud de las mismas encuestas a la Universidad de la República. También establece que todos esos datos deberán ser de libre acceso.

9) El Estado está obligado a desarrollar estrategias planificadas y coherentes.
La palabra “campaña” aparece muy vinculada a la comunicación institucional del Estado en la legislación existente en otros países (Canadá, Perú, España). Según la ley española de 2005, las campañas publicitarias deben promover los principios constitucionales, informar a los ciudadanos sobre sus derechos y obligaciones, difundir procesos electorales, dar a conocer disposiciones jurídicas nuevas o relevantes, anunciar medidas preventivas de riesgos, etcétera. En cambio, la pauta oficial no se puede utilizar para “destacar los logros de gestión” y, de hecho, está prohibida durante los períodos electorales.
En ese sentido, la estrategia publicitaria debe ser concebida como política de Estado, incluso de gobierno, pero no de partido. Una buena regla es rechazar la exaltación de la imagen de funcionarios, ya sea inaugurando una obra o haciendo las compras en un supermercado. La ley peruana, por ejemplo, prohibió que quienes están a cargo de las dependencias estatales aparezcan en los anuncios que publican en los medios de comunicación.
En el mismo sentido, la CIDH afirma que los Estados deben utilizar la pauta “para comunicarse con la población e informar a través de los medios de comunicación social sobre los servicios que prestan y las políticas públicas que impulsan, con la finalidad de cumplir sus cometidos y garantizar el derecho a la información y el ejercicio de los derechos de los beneficiarios de las mismas o de la comunidad” e insiste con la planificación, ya que su ausencia “favorece la utilización abusiva de la publicidad oficial al aumentar la discrecionalidad”.
Ahora bien: no se trata de reemplazar discrecionalidad por universalidad. La planificación requiere una coherencia, que entienda el sentido de cada publicidad. No tiene sentido publicar alertas sobre el dengue en la Patagonia ni alertar sobre incendios forestales en medios que sólo circulan en la capital federal.

10) Se debe garantizar transparencia y acceso a la información sobre la publicidad pública y privada.
La Relatoría Especial de la CIDH establece el deber de “publicar periódicamente toda la información relevante sobre criterios de contratación, motivos de asignación, presupuestos, gastos y contratos publicitarios, incluyendo los montos de publicidad discriminados por medios, campañas publicitarias y organismos contratantes. En segundo lugar, [se] debe garantizar, ante cada requerimiento por parte del público en general, el fácil acceso a la información”.
Este es otro punto en el que, dado el impacto efectivo de las pautas publicitarias sobre el sistema de medios y en consecuencia sobre el debate público, no hay motivos para que las reglas no alcancen a los privados tanto como al sector público. Si se quiere hacer una diferencia: el Estado debería dar el acceso a los datos incluso en ausencia de solicitudes, a través de informes publicados periódicamente en la web. Pero toda la información sobre el tema es de interés publico.
Por otra parte, es hora de exigir transparencia no sólo a los anunciantes, sino también a los prestadores del servicio. Todos los medios registrados deben hacer pública la identidad de sus anunciantes y el monto de sus ingresos por publicidad, tanto oficial como privada. Esta medida fortalece el derecho a la comunicación cuyo sujeto, valga recordarlo, no son las empresas sino la ciudadanía.

Publicado en Diario Contexto

¡Alerta revistas!

El informe 2015 sobre revistas culturales confirma las consecuencias de una situación alarmante que los editores autogestivos denunciamos desde hace años: la falta de legislación que promueva políticas públicas de fomento, protección y equidad frente a un mercado de prensa gráfica concentrado y desregulado en los dos extremos de la cadena: la producción de papel y la distribución y venta. En síntesis:
* Somos menos. Muchas revistas testimonian que dejaron de imprimir por los elevados costos de papel. En dos años, el papel tiene una inflación acumulada de casi el 70%. Entre las que siguen, el precio de tapa tuvo que aumentar en promedio un 51,7%. Lxs perjudicadxs: lxs lectorxs.
* Estamos menos en los kioscos. No es casual: según el sindicato de canillitas Sivendía, dos empresas periodísticas -Clarín y La Nación- controlan la mitad de los circuitos de distribución. En paralelo, aumentaron los canales alternativos: suscripciones, centros culturales, otros puntos estratégicos.
* Seguimos resistiendo. Las estrategias de sostenimiento de las cerca de 200 publicaciones registradas por AReCIA son múltiples, pero en los lectores reside la mayor fortaleza de estas publicaciones: las ediciones gráficas alcanzan un total de 1,2 millones de lectores mensuales, mientras que las publicaciones exclusivamente digitales llegan a 2,8 millones de personas por mes.
* No vivimos del Estado: apenas el 17,4% de las revistas tuvo pauta oficial en 2015. Desde diciembre, ninguna tiene.

Así la cosa: hoy, ocho enormes empresas publican 75 revistas y 1200 trabajadores autogestionados editamos casi 200. Adiviná donde está el pluralismo. Adiviná quiénes están en riesgo.

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"los medios no están cubriendo el tema"

Amigos y amigas de las precisiones conceptuales: quiero decirles que pifian cuando dicen "los medios no están cubriendo este tema". Los que no tratan el tema son los medios comerciales, hegemónicos.
Hagan este ejercicio. Prendan Estación Sur (FM 91.7) y van a escuchar sobre los despidos en La Plata. Sintonicen Ahijuna (FM 94.7) y van a saber mucho de Quilmes.
Durante muchos años, desde antes de la ley y antes del kirchnerismo, hemos sabido construir buenos medios, que siguen transmitiendo, filmando y escribiendo: lo hacen cada vez mejor.
Cada vez que ustedes dicen "los medios no cubren este tema" atropellan ese digno trabajo de muchos compañeros y compañeras, lo vuelven una experiencia marginal y sin sentido, y entierran más hondo la ley de medios que dicen defender.

(escrito en caliente, en Facebook)

...a veces la cuestión tampoco es "los medios están cubriendo" o "los medios no están cubriendo". La pregunta es cómo están tratando un tema: las fuentes, las formas de nombrar, la sensibilidad y el signo ideológico de cada cobertura. Los intereses que tiene detrás o pone sobre la mesa.
Sí, puede ser: tal tema salió en tapa de Clarín o de El Día o de La Nación. Bárbaro. El golpe del 76 también fue tapa de todos los diarios y sin embargo a uno todavía se le hiela la sangre cuando lee las cartas de Rodolfo Walsh.
Insisto entonces en que los buenos medios populares que hemos sabido construir, insisto en que hojeen La Pulseada, que sigan a lavaca/MU, que estén atentos a Mural cuando pasa algo en Rafaela/Santa Fe o a 8300 cuando de cuestiones neuquinas se trata.
Y sigue la lista. La lista la hacemos entre todxs y la circulamos, para sentir la satisfacción moral de un acto de libertad...

(al día siguiente, en la misma red)

Malabaristas

Cuando nació La Pulseada, en 2002, decían que estábamos locos. Con el tiempo demostramos que no era así —o que se trataba de una sana locura— y supimos que no estábamos solos: hay centenares de publicaciones autogestionadas que garantizan la pluralidad de voces y perspectivas en distintas comunidades del país. Hace cuatro años nos asociamos para trabajar juntas y nos descubrimos como un actor vital del derecho a la comunicación. Hoy la tenemos difícil en lo económico y estamos resistiendo embates de las corporaciones. Quiénes somos, qué problemas enfrentamos, qué proponemos y qué reclamamos las integrantes de AReCIA.

Publicado en La Pulseada Nº 117, marzo de 2014 

“Una revista independiente es una revista que no tiene otros dueños que los que la hacen y que no tiene negocios paralelos más que el periodismo —dice Ingrid Beck, directora de Barcelona—. Se mueve ideológicamente según sus convicciones, no según criterios económicos”.

Convicción. Vocación. Pasión. Es eso lo que reúne a las más de 300 publicaciones que integran la Asociación de Revistas Culturales Independientes de la Argentina (AReCIA). Lo que hacen no es una mercancía. Diversas en sus contenidos y estéticas, todas implican otra forma de producir, que no busca multiplicar el lucro para considerar sostenible a un medio sino obtener una justa remuneración del trabajo realizado en forma autogestionaria. Muchas veces no lo logran, pero siguen adelante: “Sabemos que cada uno daría la vida por lo que hace. Somos acción, intransigencia y rebeldía —define Claudia Acuña, referente del colectivo Lavaca, que edita Mu—: Por todo lo que mueren los demás, que es el prestigio, a nosotros no nos mueve un pelo. Sí nos mueve, y nos podemos llegar a matar, si alguien se mete con nuestro producto, porque es nuestra vida. Entre revista y vida no hay diferencia”.

Lavaca nació al calor de las protestas del 19 y 20 de diciembre de 2001, con crónicas que circularon por internet. Eran periodistas experimentados cansados de la lógica de los medios comerciales. Organizados en una cooperativa, desde 2006 editan el periódico Mu. Además hacen radio, enseñan, editan libros y sostienen un espacio cultural.

La idea original de Barcelona también data de 2001, aunque recién salió a la calle en septiembre de 2003, criticando a través de la parodia al periodismo de la época.

Ambos medios fueron los fundadores de la Asociación de Revistas Culturales Independientes (AReCIA), que hoy reúne a centenares de revistas de distintos lugares y tiempos.

“Las revistas culturales nos hemos constituido como un espacio de legitimación de la palabra, de la investigación, del debate, en donde la ética periodística sigue teniendo valor y la calidad de los productos realizados no tiene nada que envidiarles a los medios hegemónicos”, escribe desde Rafaela, provincia de Santa Fe, el grupo de jóvenes que edita la revista Mural. Son seis. Estudian en la universidad -privada: la única a la que tienen acceso en su ciudad- pero se conocieron en la militancia social y política. “Decidimos hacer Mural porque creemos que en nuestra ciudad, al igual que en todo el mundo, se difunde sólo una mirada de la realidad, la de los dueños de todo, una mirada que invisibiliza muchas otras formas de decir, hacer y pensar”. En Rafaela, ese medio es la tribuna de los que quieren otro mundo: “Buscamos denunciar lo injusto, lo que genera desigualdad, y también queremos mostrar los procesos organizativos desde abajo”. ¿Quién los banca? Ellos. “No hay patrón, no hay editores que dicen qué sale o no dependiendo de los intereses económicos de un grupo empresarial. Las decisiones se toman de manera colectiva y democrática. Con la revista apostamos a otra forma de construir y trabajar en un medio”, resumen. Cada número de Mural tiene el rostro de Silvia Suppo, una sobreviviente de la dictadura asesinada a puñaladas en marzo de 2009. Un supuesto robo. En el pueblo, todos saben otra cosa. Pero nadie dice.

La imagen de Suppo en la contratapa de la revista no es una buena estrategia para salir a vender publicidad. Sí para mostrar que otra comunicación es posible.

En Rafaela hay reglas implícitas para hacer un periodismo “rentable”:

No cuestionar la soja.

No mencionar los agrotóxicos.

No hablar de negocios inmobiliarios.

No discutir la historia oficial.

No investigar al transporte.

Es decir: no hacer periodismo.

La historia se repite pueblo a pueblo. Las publicaciones independientes libran batallas cotidianas contra la monopolización de las voces, los contenidos y las estéticas. Y lo más importante: hablan sin restricciones de política, género, música, filosofía, artes visuales y prácticas corporales, entre otros temas. Viven de lo que dicen y no de lo que callan, como hacen los grandes medios comerciales.

Independientes, no neutrales

En Bariloche, los que dicen se llaman Al Margen y llevan diez años dando batalla. Es una revista hermana de La Pulseada: creció junto a un intenso trabajo social con niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. “Al Margen es una organización social que, entre otras actividades, edita una revista de la calle —define Sebastián Carapezza, el coordinador editorial—: La revista es quizás la parte más visible, pero entre los compañeros se han ido desarrollando otros brazos”. Tienen una cooperativa de construcción donde trabaja una decena de jóvenes; el espacio “El semillero”, donde brindan talleres artísticos y de oficios; y además hacen actividades culturales en barrios. Participan de mesas y redes por la niñez y adolescencia, y siempre buscan articular con otros medios de comunicación populares. “Todo eso es Al Margen —resume Carapezza—. En nuestro caso el proceso se dio a la inversa de lo que marca cierta lógica de las organizaciones. Primero nació la revista y después creció la organización social, la dimensión política. Hoy lo que hace interesante al proyecto es la variedad de actividades que desarrollamos en diferentes planos”.

Los editores lo saben bien: la comunicación es política y todos los medios tienen intereses. La pregunta es cuáles.

Detrás de quienes concentran el panorama mediático hay soja, petróleo, timba financiera, concesiones de aeropuertos y autopistas y mucho más.

Detrás de las revistas independientes hay organizaciones sociales, centros culturales, grupos de jóvenes, cooperativas de trabajo, editores con vocación por lo que hacen.

No son “grandes” y “chicos”. Los revistas autogestivas –independientes del poder económico y del poder político- estamos lejos de ser marginales: se calcula que el sector de las revistas independientes del poder económico y del poder político aglutina un promedio de dos millones de lectores mensuales y realiza un aporte significativo a la industria gráfica, que el año pasado ascendía a los $3,5 millones por mes destinados a pymes de todo el país. 

En la cuerda floja

Cada año, los censos de AReCIA traen una buena noticia: somos más. El nacimiento de nuevas revistas —pese a que el precio del papel y otras adversidades nos obligan a hacer malabares para subsistir— revela la vigencia de los medios impresos para expresar la diversidad cultural de las comunidades. En la asociación, las publicaciones recién nacidas se encuentran con otras, “hijas del 2001” como La Pulseada o Mu, e incluso más experimentadas. “Hay revistas que tienen 20 años: vos imaginate que sobrevivieron a corralitos… Cuando vos te sentás con una persona como Julia, que algunos la miran como si no supiera hacer nada, y sabe hacer cosas que Fontevecchia todavía no aprendió…”, sentencia Acuña.

Julia es Julia Pomiés, de Kiné, una revista dedicada a cuestiones corporales que desde 1992 persiste, por la fidelidad de sus lectores: docentes, agentes de salud, estudiantes y especialistas en distintas disciplinas vinculadas al cuerpo. “Arrancamos en una crisis”, dice Pomiés, que ya no le teme a ninguna tormenta. El capital inicial surgió de la indemnización que ella y Carlos Alberto Matos, los impulsores del proyecto, cobraron tras ser despedidos de la Editorial García Ferré, en los primeros años del menemismo.

La conversación con La Pulseada se da en los primeros días de 2014, cuando los editores comenzábamos a enterarnos de aumentos de costos que oscilaban entre el 30 y el 70%. “La amenaza de la inflación es grave porque es un negocio donde la plata se recupera 75 días después de haberla puesto —explica Julia, y tiene confianza—: Hay que tener mucho cuidado, pero ya pasamos otras crisis; suponemos que ésta no va a ser la peor”.

“Los principales problemas actuales son los costos industriales, que son altísimos, la falta de pauta publicitaria y el ahogamiento que nos produce el sistema de distribución. O sea: todo”, resume Beck (ver subnotas). Acuña define el momento actual en dos palabras: “Estamos sobreviviendo”. Y aclara que en Argentina, con la experiencia de la dictadura a cuestas, “hay que tenerle mucho respeto a la palabra sobreviviente”.

—Estamos sobreviviendo quiere decir estamos peleando. Y si tenemos claro el principio por el cual peleamos, yo creo que es una cuestión de tiempo, pero es un hecho: el futuro es nuestro. Lo que me parece interesante de la supervivencia es ponerse de pie. Ningún sobreviviente está de rodillas: está de pie acusando y da testimonio.

—¿De qué damos testimonio?

—De lo que significa la concentración. Y de por qué el lector es el perjudicado, no sólo nosotros. Estamos dando testimonio de lo que significa una corporación que es monopólica en el papel y nadie la tocó. Papel que además está manchado de sangre y de mierda. Cosa que nadie cuestiona ni se ha logrado mover en todos estos años. ¿Cómo va a haber democracia informativa si hay sólo tres diarios que tienen el monopolio del papel? Es incompatible. Y nadie se escandaliza por eso.  Cada tanto aparece en la agenda, aparece como si fuera el caso Graiver: ¡no! ¡Es el caso Argentina! Tres diarios fijan el precio del papel: ése es el mayor agravio a la libertad de expresión. Eso es dictadura. Eso es Videla. No es metafórico. El modelo corporativo tiene la simplicidad de lo brutal. Su negocio es controlar o destruir. Por eso somos enemigos naturales de Clarín. No es personal: es ideológico.

La nueva batalla

Ocho años atrás, Clarín y La Nación —los diarios que, asociados con la dictadura, se quedaron con la producción de Papel Prensa— sólo dominaban el mercado de diarios. De un tiempo a esta parte, amenazados por la caída de sus ventas, irrumpieron también en el mercado de revistas. Hoy editan más de 30 títulos cada uno, según informó la Sociedad de Distribuidores en el Foro Social de Revistas Culturales realizado en octubre de 2013. Ninguno de sus productos llega a kioscos desde el Centro de Distribución, requisito obligatorio según las regulaciones vigentes: en cambio, las empresas hacen que los camiones deban retirarlos directamente en imprenta, evitando pagar el porcentaje que sostiene el sistema al que sí deben recurrir los más chicos.

“Su estrategia es comerse al resto. No hago un juicio de valor sobre esto, simplemente describo la dinámica actual que todos los que estamos sentados acá conocemos”, definió Fernando Ausas, titular de la Dirección de Regulación del Sistema Nacional Integrado de Venta y Distribución de diarios, revistas y afines, que depende del Ministerio de Trabajo, en una de las reuniones que se realizaron el mes pasado con representantes de AReCIA, el gremio de canillitas, la Sociedad de Distribuidores de Diarios y Revistas de la Capital, la Asociación Argentina de Editores y otros 40 referentes del sistema que hoy está en completamente en crisis (ver “La distribución”).

En el circuito porteño ya cerraron 1.000 kioscos y otros tantos están endeudados con Clarín, que hoy hace con puntos de venta y distribuidores lo que en los ‘90 hizo con los operadores de cable del interior: fundirlos para quedarse con todo. “Hoy está dominando la mitad de los recorridos de Capital, con compras que son fraudulentas y se están investigando”, denuncia Acuña.

Clarín y La Nación, los grandes ausentes en aquella reunión, están pagando a los canillitas un porcentaje menor al 33% del precio de tapa que establecen las reglas vigentes. En otras palabras: las revistas independientes que van a kioscos pagan costos más altos que los grandes medios.

“Yo no espero nada de la corporación, más que se muera. Y yo estoy totalmente convencida de que Clarín se está muriendo, como se murió La Prensa y era una híper empresa... —dice Acuña—: El tema es si en esa muerte no nos arrastra a nosotros. Yo creo que en eso está teniendo éxito: porque todavía manda como modelo. Algunos todavía creen que el periodismo es eso. Lo ves en Tiempo Argentino, que lo imita en todo y quiere ser el Clarín bueno. Estamos obligados a crear. Eso es matar a Clarín. Cada vez que se produce una novedad en el periodismo Clarín muere un poco más. Para mí este momento es una fiesta: antes, hacer periodismo era repetir una fórmula; ahora, hacer periodismo es crear algo nuevo”.

Notas relacionadas

• El papel
• La distribución
• La desigualdad impositiva
• La publicidad
• La formación
• Una ley que proteja y fomente
• Trabajar juntos