Pueblo Libre

Suponete que estás fuera del país y te roban la computadora y el pasaporte. Una computadora que vale una fortuna porque realmente vale un montón y también por todo lo que lleva adentro: cada vez más, tenemos la vida dentro de esos aparatos. Y sabés que ya fue, pero como te robaron el documento con el que pasaste la frontera tenés que hacer la denuncia. Tenés que ir a una comisaría, y sabés que una comisaría es lo mismo en cualquier lugar de América latina, y recordás que la última vez que entraste a una fue cuando detuvieron a un militante por ser morocho, joven y pobre. Y entrás nomás, en este lugar que se llama Pueblo Libre pero más bien quisiera ser un Pueblo Seguro, aunque para eso tenga que resignar su libertad.
Estás con tus amigos y toda la bronca que existe en el mundo ese día, porque cada minuto, como si tus pensamientos marcaran el tic tac del reloj, caés en la cuenta de un texto, una foto o una idea que no vas a recuperar. Y los canás están sentados, cinco juntos sin hacer nada, dándote tiempo de pensar. De pensar y reírte de los carteles que tienen colgados ahí mismo, que señalan que "tiempo que pasa, verdad que huye" y convocan a la Policía Nacional a trabajar con "probidad y eficiencia".
Y vos ya querés irte a la mierda, pasar la frontera con el DNI y después denunciar que perdiste el pasaporte frente a un burócrata igual pero que come facturas con dulce de leche: por lo menos te vas a sentir como en casa. Pero finalmente atienden. Hacen el teatro de salir en patrullero a reconocer el lugar y volver con el administrador del hostel, y atienden.
Vos volvés a contar el caso, a contarlo con toda su sencillez, porque al fin y al cabo lo único que querés es el papel que certifica que un burócrata tomó nota de que te robaron el pasaporte. Y aunque le explicás que las dos personas se habían registrado con nombres más falsos que un billete fotocopiado, te tenés que fumar que los busquen en sus registros y que la denuncia se haga contra ellos. Denunciantes: vos y tu amigo. Denunciados: Fulano y Mengano. El administrador del hostel: "participación a determinar". Ya que lo trajeron, lo ponen. De paso, seguí perdiendo tiempo. Jodete por boludo. Fijate qué parecidos son a los canas que conocés. Que te quede claro que la familia policial es latinoamericana, mundial, cósmica: en todos lados funciona con la misma lógica. Que te exaspere que el suboficial tipee lento, con dos dedos, hasta que tengas muchas ganas de correrlo de la silla y escribir vos. Pero no. Es su computadora. Te lo hace saber cuando sin querer minimiza la página y todos lo ven -vos, tus amigos, el hostelero y todos los canas-: la web porno que estaban viendo cuando te hacían esperar, una concha grande como una casa.
-Uy, se nos abrieron todas las páginas -dice uno y te jurás que nunca más en tu vida vas a perder los documentos.
Y estás ahí, ya estás ahí, y si te vas de ahí capaz que te arman una causa, así que la escena sigue. Enumerás los objetos perdidos. Le dictás el pasaporte y también la ID de tu Mac, aunque es una causa perdida. Querés que termine, imprima y salir a matar la bronca con cervezas.
Listo.
Suponete que llegás a pensar que la cosa terminó.
Pero no: no te la pueden imprimir. Tenés que volver mañana, después de pasar por el Banco de la Nación y garpar. La tasa policial: alguien tiene que pagarle la internet para que los canas se hagan la paja cuando no están patrullando las calles.
Pero no: el administrador del hostel se tiene que quedar un rato más, tienen que hablar con él. Y vos sabés: la recaudación no es sólo vía el Banco de la Nación.
Vos, volvé mañana.
Y mañana volvés con el tickecito, para dárselo al cana afectado a imprimir copias certificadas. Volvés mañana para que te digan que tampoco está listo: tiene que firmar el Comisario, volvé mañana, otra vez. Le rogás pero no, mañana.
Y volvés, porque necesitás un maldito registro que diga que tu pasaporte está en manos de otro. Volvés para ver cómo el mismo empleado en la misma silla frente a la misma computadora, le hace la firma al comisario delante tuyo. Volvés para que de una vez estos corruptos pajeros te den el papelito donde obviamente ya no figura el nombre del administrador del hostel, donde vos denunciás a dos personas que todos sabemos que no existen, aunque sólo querías registrar que ya no tenés tu pasaporte, ni tus apuntes de los últimos tiempos, y ya no sabés si reir o llorar y nomás optás por escribir.

Bienvenidos a la sociedad de control

Esta semana el gobierno anunció que a partir del 10 de febrero, los pasajeros de trenes y colectivos de por acá pagarán más caro sus boletos (es decir, sin subsidio) si no tienen la tarjeta SUBE.
Hasta ahora, tenerla o no tenerla era una opción. Yo había elegido la alternativa de juntar moneditas para pagar el bondi, porque recordaba algunos debates que se han dado –y muchas veces, perdido- en Europa y Estados Unidos a propósito de la tensión entre la informática y las libertades públicas.
Como bien relata Armand Mattelart en su libro Un mundo vigilado, la informatización de la sociedad y la posibilidad de “interconexión de ficheros” está configurando una nueva etapa del control social. Se ha hablado en estos días sobre ciertos proyectos en danza en Estados Unidos, de vigilar e intervenir sobre los IP de las conexiones web: Internet es, claramente, una gran fuente de información sobre nuestras vidas privadas. De nuestros consumos hablan las tarjetas de pago. Como decía el psicólogo social J.P. Lemasson cuando sugieron: “Las tarjetas de pago constituyen hoy en día una de las amenazas más serias para los derechos y libertades fundamentales. En la medida en que, mediante éstas, las empresas de servicios recogen, tratan y difunden siempre más informaciones sobre las personas, sus comportamientos, sus gustos…, disponen de medios muy sofisticados para incrementar el control de los particulares y aumentar así su cuota de mercado”. En el mercado de hoy esos datos se llaman informaciones transaccionales, y se pagan bien.
Las tarjetas electrónicas de transporte suman, en ese panorama, el conocimiento de nuestros recorridos. Hace ocho años, tras muchas presiones y amenazas, el gobierno estadounidense consiguió que las compañías aéreas entregaran una base de datos que incluye 34 registros: nombres completos de los pasajeros, direcciones postales y electrónicas, teléfonos, tarjetas de crédito y hasta preferencias alimentarias. El filtrado de esos datos a través de un “sistema de control preventivo asistido por ordenador” (Computer Assisted Passenger Prescreening System o CAPPS II) significó la derogación de la directiva 1995 sobre protección de datos personales y también la infracción de acuerdos de derechos humanos que prohíben la utilización con fines de seguridad de datos recogidos por razones comerciales.
Las tarjetas como SUBE, en la medida que son personales e intransferibles, dejan igualmente registro de todo: qué transporte tomamos, qué día y hora, y dónde. Con una buena combinación de datos, quizá hasta podamos vernos subiendo al micro, dada la proliferación de las cámaras de vigilancia electrónica que ya amenaza la esencia misma de las ciudades. En un post donde traté ese tema citaba un tweet del siglo XIX de Thomas Jefferson que dice: “Si estáis dispuestos a sacrificar un poco de libertad para sentiros seguros, no merecéis ni lo uno ni lo otro”. Agreguemos hoy: si estás dispuesto para ahorraros moneditas y obtener un subsidio, idem. Porque así es: ahora estamos obligados a entregar más datos de nuestras vidas a favor de una causa aparentemente noble.
La medida tiene la lógica de terminar con el “festival de los subsidios” pero, así tomada, ni siquiera lo hace en un sentido progresivo. En parte está bien, en la medida que conviene dirigir la ayuda económica al usuario y no a la empresa concesionaria. Pero la SUBE no es una tarjeta entregada sólo a los sectores más postergados, a jubilados y beneficios de planes sociales. Alguien que paga fortunas de impuesto a las ganancias –o que lo evade- puede sacar la SUBE y al contrario, pueden no tenerla muchos ciudadanos migrantes o que por vivir en la marginalidad no tienen su documentación en regla.
Y convengamos que en nuestras ciudades enfermas de automovilismo, suelen ser los pobres los que viajan en bondi o en tren. ¿Si mejor le sacamos los subsidios a los peajes y a ciertos usos del combustible? ¿Y si hacemos más progresiva la estructura impositiva y multiplicamos el transporte público? Todo bien con ordenar las cuentas, peno no a costa del derecho a la vida privada.
La cuestión es que en los ´90 nos bancarizamos, en los ´2000 poblamos las ciudades de cámaras y ahora estamos casi obligados al Sistema Único de Boleto Electrónico. Al final, los herederos de 1984 no eran las personas que tiene en cautiverio una productiva televisiva y que Telefé nos muestra haciendo boludeces. Somos todos. Suban. Sonrían. Bienvenidos al Gran Hermano.

Una ley de terror

Me acordé de Políticas del terror a propósito de unas peores noticias legislativas de los últimos tiempos: la sanción de la ley antiterrorista en Argentina, considerada por Horacio Verbitsky una "pésima técnica legislativa que carece de racionalidad" y calificada por Eugenio Zaffaroni como "un disparate", resultado de una extorsión a las que se supone ya no cedíamos.
Porque esta reforma al Código Penal, según intentan explicar, es un pedido del Grupo de Acción Financiera (GAFI). En rigor, lo que ese organismo de segunda exigía eran medidas más enérgicas contra el lavado de dinero (...te las debo) y contra el financiamiento del terrorismo (algo que no requería la afirmación de un tipo penal abierto tan peligroso y aprovechado, acá nomás, para reprimir el conflicto social).
Da mucha pena leer entre los votos afirmativos los nombres de Martín Sabatella, Gastón Harispe, Jorge Rivas, Eric Calcagno, Eduardo De Pedro y algún otro militante con una trayectoria más o menos valorable, que hasta hace poco sostenían el buen criterio de reconocer lo bien hecho, objetar lo cuestionable y presionar para correr un poco más allá el horizonte de lo posible. También es patético recordar que Carlos Kunkel, ferviente defensor de la actual reforma, había sido uno los ocho JP expulsados del justicialismo por negarse a endurecer el Código Penal por pedido de Perón. Esta vez, nadie se mosqueó.

En fin: una ley de terror, preocupante y repudiable. Algunas aproximaciones a qué implica la ley, en Lavaca, en Saberderecho y en el texto que presentó Eduardo Grünner entre los intelectuales vinculados al FIT. También echan luz, para mí, algunas ideas leídas en aquel libro publicado por el CIAJ hace cuatro años:

• “La palabra terrorista no tiene semántica. La prueba es que nadie afirma formar parte del conjunto que designa. Nadie dice: ´Yo soy terrorista´. Terrorista siempre es el enemigo” (Esteban Rodríguez Alzueta)
• “...a través del derecho penal del enemigo, el Estado, para luchar eficazmente con el enemigo, procede a imponer penas desproporcionadas y draconianas, a penalizar conductas en sí mismas inocuas o muy alejadas de ser una amenaza o peligro para un bien jurídico y, lo que todavía es más grave, a eliminar o reducir a un mínimo ciertas garantía y derechos del imputado en el proceso penal” (Eduardo Reszes)
• "El terrorismo cobró una centralidad similar a la que tenía «el comunismo durante la Guerra Fría en los países capitalistas. Estamos ante una nueva caza de brujas, mucha más sofistifcada y más dura, pero también más sutil y más hipócrita" (Esteban Rodríguez Alzueta)
• “...no hay ninguna necesidad de ser un especialista en derecho para que podamos captar los peligros que puede entrañar la utilización de la Ley Antiterrorista contra la ciudadanía en general, contra movimientos sociales y políticos en particular” (Julián Axat)

Un libro para releer

“Políticas de Terror. Las formas del terrorismo de Estado en la globalización”, Jerónimo Pinedo y otros, Ad-Hoc - CIAJ, Buenos Aires, 2007.

El atentado a las Torres Gemelas, el 11/9 de 2001, fue un gran favor para el poder hegemónico. De esa constatación parte Políticas del terror, un ensayo colectivo que explora el andamiaje jurídico y la política internacional que se gestaron a poco de que el fantasma del terrorismo calificara como un buen sustituto para ocupar el rol de enemigo que el ocaso del comunismo había dejado vacante.
Cinco integrantes del Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ) y seis invitados estudian distintas dimensiones –sociales, políticas, legales– del complejo proceso que se disfraza de “guerra contra el terrorismo”, en el que los Estados llevan una doble vida. Por un lado reivindican la universalidad de los derechos humanos y se ajustan a sus estándares jurídicos. Por otro, se embarcan en una cruzada que requiere un “estado de excepción” permanente: avanza en todo el mundo el denominado “derecho penal del enemigo”, que no reprime actos sino actores, que extiende las penas al infinito y recrudece los dispositivos de vigilancia y castigo. Mientras, el Estado se desentiende de problemas sociales que apremian.
Sobre eso trata Políticas del terror, que no se circunscribe al caso argentino ni al derecho internacional, sino que incluye trabajos sobre la persecución de los anti-globalizadores en la Unión Europea, las medidas de excepción en el País Vasco, el oscuro discurso de la “seguridad democrática” en Colombia, y los ataques a los defensores de derechos humanos en Guatemala, donde la lucha anti maras es la versión local del chivo expiatorio. En todos los casos, el incremento de la violencia institucional y parainstitucional apunta a quienes hace rato padecen la criminalización de la protesta y de la protesta, estudiada por el CIAJ en un volumen publicado en 2004 junto a HIJOS La Plata y Ediciones Grupo La Grieta.
El nuevo libro –con el sello de una editorial especializada en derecho– es desparejo: textos prolijamente elaborados conviven con otros que intimidan por su tono tratadista o abruman con expresiones en latín, largas citas jurídicas y notas al pie infinitas. Pero todos ofrecen información abundante que vale la pena... y asusta: Chile apeló a la Ley Antiterrorista de Pinochet para tratar el conflicto mapuche; España estableció la responsabilidad penal para niños asociados al terrorismo (“antes que menores hay que considerarlos terroristas”, explicó Aznar); Colombia quiere extender el servicio militar a mujeres e indígenas; Estados Unidos autorizó “tribunales sumarísimos” donde el propio gobierno puede acusar, juzgar y ejecutar sin posibilidad de apelación.
La guerra antiterrorista evidencia rasgos compartidos con un mundo que se creía clausurado junto al nazismo y la segunda guerra: el desprecio por la vida, la muerte indiferenciada, la racionalidad instrumental, y campos para la exclusión y eliminación de una parte de la población cuya humanidad se niega. Este es el eje del capítulo escrito por Pilar Calveiro, que demuestra que los campos de concentración gozan de buena salud y, más aún, son centrales en la reorganización global del poder: “Guantánamo es sólo el caso más visible de una red mayor de centros de detención clandestinos”, un nuevo gulag que parece invisible a sus contemporáneos, igual que los campos de concentración de cada época, siempre admitidos con posterioridad. Queda clara la relación con su trabajo previo Poder y desaparición, por el que Calveiro es una de las firmas más conocidas de esta publicación, en la que acompaña a investigadores jóvenes y militantes. Entre ellos, Julián Axat propone un análisis claro y riguroso de los proyectos de legislación antiterrorista en nuestro país, en los que encuentra un parecido de familia con leyes y decretos “antisubversivos” que florecieron en los ´60 y ´70. La figura de la subversión, “un adefesio político engarzado a textos jurídicos”, resultaba tan indefinida como el terrorismo hoy.
Otro trabajo que sobresale corresponde a Rodolfo Iuliano, quien además de escudriñar las formas de la institucionalización imperial, con dispositivos de confinamiento que ya ni siquiera son disciplinarios, plantea incisivos interrogantes sobre el discurso internacional de los derechos humanos, que se ha mostrado impotente para enfrentar la política imperial. Su minucioso ensayo hace tambalear incluso algunas palabras escritas en otras páginas del libro. Sin descartar su potencial emancipatorio, Iuliano advierte la necesidad de superar la postulación abstracta de derechos para encarar una acción política que haga realidad el igualitarismo: “nos estamos preguntando por la viabilidad, la rentabilidad fáctica y la eficacia material que podría tener la encarnación del discurso de DD.HH. en un proyecto político situado dentro del campo de batalla, desvestido del ropaje episcopal del universalismo con que sermonea a su feligresia –la humanidad toda– desde un púlpito elevado por encima de las pugnas políticas concretas, múltiples y culturalmente heterogéneas”. El dilema se plantea entre seguir en la arena jurídica, donde hoy se muestra ineficaz pero perdurable, o probar suerte en la política, donde puede ser eficaz a costa de la contingencia.
En fin, con distintos tonos el libro examina los peligros de la cruzada por la seguridad global, busca herramientas para confrontarla, y demanda incluir la cuestión en la agenda de nuestras preocupaciones. La advertencia no parece desatinada. Y si quedaban dudas, en junio el Congreso nacional sancionó la norma que reclamaba el lobby norteamericano: una nueva ley antiterrorista.

Publicado en Puentes N° 21, año 2007.

No más cámaras en las escuelas

Mala noticia para los que querían problar la ciudad de cámaras; buena para nuestros derechos. El miércoles pasado el juez Luis Arias dictó una medida cautelar, solicitada por el defensor del fuero de responsabilidad juvenil Julián Axat, ordenando que la Municipalidad y la Provincia se abstengan "de permitir la existencia y/o proveer la instalación de todo dispositivo de registro-video en cualquier espacio o establecimiento educativo departamental".
También encarga "a la Municipalidad de La Plata la elaboración de un informe relacionado con la instalación de cámaras de seguridad en el Establecimiento Educativo N° 22 de La Plata –Altos de San Lorenzo –, en el plazo de cinco (5) días de notificada la presente". E intima al Estado bonaerense "a que, de manera inmediata a la notificación de la presente y a través de sus organismos competentes, se abstenga de realizar actividad material y/o administrativa alguna que implique la obtención, recolección y/o utilización de registros de imágenes, fotografías y datos sobre menores de edad, vinculada a la tramitación de sumarios y/o causas penales que no se encuentren en trámite al corriente mes y año 2011, así como a procedimientos policiales y actuaciones prontuariales".
Para el juez, los hechos citados en la demanda de Axat "resultan de extrema gravedad, atento la implementación del sistema de cámaras de vigilancia y seguridad en establecimientos educativos de ésta Ciudad, y la posible proyección de esa medida en otras instituciones, así como por la obtención y utilización de imágenes y datos de menores de edad con fines policiales".
No estaría mal, ahora, pensar el asunto más allá de los niños y adolescentes, y legislar para que la demagogia de la seguridad no clausure la esencia de la ciudad convirtiéndola en un gran panóptico.

De la Masacre de Quilmes a la Policía Metropolitana

Hace cinco años escribí sobre la Masacre de Quilmes en La Pulseada:

(...) Telvi conoce la Villa Itatí de Don Bosco como la palma de su mano. Se la sabe de tanto caminarla buscando a su hijo, el que le falta. “Con él eran siete; me quedan seis”, cuenta entre el bullicio de una nena que corretea en la tierra ignorando la razón de la entrevista. Ella era bebé la última vez que Diego Maldonado estuvo ahí. Él aprovechaba el cambio de sus pañales para huir y ganar la calle sin medir peligros.
Antes siete, ahora seis. Telvi resta al tercero: Diego. Tenía 16 años, pesaba 40 kilos y el paco lo estaba matando. Un día, en un despacho lleno de carpetas, atinó a pedirle a una jueza “un lugar piola” para dejar esa adicción, por su abuela y su mamá.
“El paco está destruyendo a los chicos. Cuando los ves consumiendo te parte el alma”, dice Telvi, aunque con su hijo fue distinto: la policía le ganó de mano a la droga de los más pobres.
Diego esperó tres semanas el tratamiento que nunca obtuvo. En cambio, la noche del 20 de octubre de 2004 recibió la pena de muerte en la Comisaría Primera de Quilmes, donde estaba recluido con otros 16 menores que dormían en el suelo; no podían salir al patio ni recibían atención médica.
“Detenían ahí a los menores de todo Quilmes, Berazategui y Florencio Varela. Muchos estaban esperando un tratamiento de adicciones; a algunos los detuvieron por robo pero sus situaciones eran evidentemente asistenciales”, explica Tobías Corró Molas, el cura párroco de Don Bosco: “Los problemas son constantes. Los sectores más pobres y las barriadas son territorio de la policía, que opera con total libertad”.
Telvi pudo reconstruir que “casi todos los días sacaban a los chicos de los dos calabozos y los obligaban a golpearse, por más que no fueran enemigos.  Todas las madrugadas los levantaban, les mojaban los colchones y les hacían requisas con golpes”.
Aquel día un candado se rompió y la reprimenda fue mayor. “Según la investigación y los testimonios de los chicos, los policías entraron, los pusieron contra la pared, los hicieron desnudar y les pegaron. Y prometieron volver a la noche”, dice Corró Molas, que acompañó desde el primer momento a la madre de Diego y a otros familiares de lo que comenzó a llamarse “Masacre de Quilmes”.
Para evitar otra paliza, cerca de las 22 alguien prendió fuego un colchón. “Los policías demoraron en llamar a los bomberos y en sacarlos. Y cuando lo hicieron fue a palazos. Les pegaron a todos los que estaban quemados, los chicos cuentan que se quedan con pedazos de piel en la mano y que estaban muy asfixiados”. Recién después los llevaron al Hospital. “Tardaron 15 o 20 minutos en hacer ocho cuadras”, remarca el cura Tobías: “Ninguno, ninguno fue llevado en ambulancia”.
Todos los traslados fueron en móviles policiales y duraron más de lo que lleva caminar ese trayecto. El hijo de Telvi entró a las doce y media. Fue el primero en fallecer.
La tarde del 21 murió Manuel Figueroa: tenía 17 años y también aguardaba una vacante en alguna clínica.
Cinco días después, Elías Jiménez, de 16. Debía estar en libertad pero demoraron su salida porque en una computadora apareció el antecedente de un mayor que tenía su mismo nombre. La causa databa de cuando Elías tenía 9 años.
Por último, a las tres semanas falleció Miguel Aranda, de 17, y su pareja quedó sola para criar a Mauro, de dos años de edad. El día de su muerte en el Hospital de Gonnet, la familia recibió el oficio que le otorgaba la libertad.
Los que sobrevivieron tenían heridas graves y afecciones respiratorias. Fueron derivados a distintos hospitales y los custodios no los dejaban solos en las visitas: “no permitieron que las familias se junten y se puedan contar lo que había pasado”, infiere Corró Molas. Ninguno fue derivado al Instituto del Quemado, más cercano que los hospitales que los recibieron.
“El comisario y todos los policías declararon que no había habido golpes, que eran todos héroes y que la culpa de la muerte era de los pibes. Con el tiempo, la Justicia pudo probar que hubo torturas, que hubo golpes y que hubo demora en tratar de salvar a los pibes”, confronta el párroco de Don Bosco. Aún no hay detenidos (...)

Ahora nos enteramos que Carlos Fernando Pedreira, que fue exonerado de la Bonaerense en 2007 por su intevención aquella noche del 20 de octubre de 2004, es integrante de la Policía Metropolitana. Y su ingreso a la fuerza data de al menos dos años.
A siete años de la masacre de Quilmes, todavía no hay fecha para el juicio oral. Hay diez policías involucrados, pero ninguno está detenido.

Gazpacho

Escribe su editora, Cristina Civale, presentando el número 8 de la revista del Centro Cultural España en Buenos Aires:

¿Qué tienen en común un programa de software de protección antivirus y una embajada diplomática; las barreras contra la inmigración clandestina y el descubrimiento de una nueva vacuna contra una enfermedad contagiosa?
Si bien remiten a ámbitos que suelen pensarse por separado (seguridad informática, diplomacia, política interior, medicina), estos hechos pueden ser abordados a partir de una noción que atraviesa esas esferas aparentemente separadas y las refiere a una misma cadena de sentido: la noción de inmunización.
Estos son los cuestionamientos que abrimos en Gazpacho 8 para pensar la sociedad que construimos cada día: ¿una sociedad más libre o sólo más segura? ¿Más segura para quién? ¿Más libre: de qué modo?

Me avisan que ya salió Gazpacho, una revista bonita y bien producida, que se presenta hoy en la sede del CCEBA. Aporté ahí una notita sobre seguridad privada. Enhorabuena, empezamos a discutir estos temas.

Sonría, estamos violando sus derechos

“Si estáis dispuestos a sacrificar un poco de libertad para sentiros seguros, no merecéis ni lo uno ni lo otro”
(Thomas Jefferson)

El “anhelo insaciable de seguridad” –usando palabras de Robert Castel- y la demanda de soluciones inmediatas, ha llevado a que gobiernos y candidatos de todos los signos políticos coincidan en propiciar la vigilancia electrónica en las ciudades.
Así, en marzo de 2009, la presidenta lanzó un plan financiado con 400 millones de pesos para incrementar recursos en materia de “seguridad” que incluiría, entre otras medidas, la instalación de 5.000 cámaras en distintos puntos del Conurbano bonaerense, Mar del Plata, Bahía Blanca y el Gran Mendoza. Desde entonces, en sucesivas visitas a otras provincias, anunció inversiones millonarias en el mismo sentido. A Tucumán, por caso, le corresponden 30 millones y el gobernador declaró que “todo lo que se reciba será para la adquisición de tecnología, sobre todo un sistema de cámaras de vigilancia”. En junio de este año, por su parte, el gobernador Scioli afirmó que la Provincia de Buenos Aires instalará 300 cámaras en villas como La Cava y Fuerte Apache, una decisión que acentúa la estigmatización social que identifica pobreza con delito.
“Tenemos que llenar de cámaras”, sostuvo por su parte el jefe de gobierno reelecto, Mauricio Macri. “Ha demostrado ser una muy buena herramienta, para ayudar, disuadir, controlar. Por eso ya pusimos 170 cámaras. Y estamos firmando un contrato para llegar a poner mil cámaras en los próximos 12 meses. En el interín también hemos ido convenciendo a las asociaciones de comerciantes barriales, de que nos ayuden, que paguen las cámaras; que nosotros en el centro de monitoreo las sumamos, las coordinamos y podemos dar respuestas…”
Mientras tanto, empresas del rubro tientan uno a uno a los distintos municipios, que para mostrar que se ocupan del problema montan visibles centros de supervisión donde exhiben la multiplicación de los dispositivos de control. Se ve que gusta: ahora mismo, en La Plata, el intendente que busca la reelección promete “cámaras de seguridad en todos los barrios” como “lo que sigue”, la profundización del proyecto (-no, la foto no está trucada).
Junto a los cercos electrificados, las casas amuralladas, la proliferación de los custodios privados y los “vecinos en alerta”, las ciudades se están transformando por dispositivos que filman la vida cotidiana, las 24 horas. Es imposible saber a ciencia cierta cuántas cámaras hay instaladas, especialmente si se cuentan las que aparecen por iniciativa privada. Pero cada día son más: las hay en plazas y edificios públicos, casas y comercios, y por supuesto en las calles. Hasta existe un programa de televisión (el Prende y apaga) basado en el usufructo de los dispositivos de vigilancia electrónica.
“La arquitectura del miedo y la intimidación se extiende por los lugares públicos de las ciudades transformándolos, incansable aunque furtivamente, en zonas vigiladas y controladas a todas horas”, escribe Zigmunt Bauman en Confianza y temor en la ciudad. “Lo malo es que, además de la inseguridad, es posible que también desaparezcan de las calles las principales atracciones de la vida urbana, como la espontaneidad, la flexibilidad, la capacidad para sorprender y ofrecer aventura”. Porque las cámaras no registran sólo los delitos que pudieran ocurrir: filman todo. Todos somos sospechosos. Así, la multiplicación de ojos atenta con el anonimato característico de urbanidad y lesiona libertades individuales básicas.
¿Quiénes pueden acceder a esas imágenes y con qué recaudos? ¿Cómo y cuánto tiempo se pueden guardar? ¿Pueden difundirse públicamente? ¿Quién garantiza la confidencialidad de datos sensibles? ¿Pueden registrar sonido y archivar conversaciones? Una cuenta pendiente del Parlamento es lograr una regulación consistente para la videovigilancia, junto con la de otras herramientas que configuran Un mundo vigilado, tal como el sociólogo belga Armand Mattelart tituló su último libro. Hoy en día, la información de tarjetas de crédito y pases de transporte personalizado, junto los registros que guardan esos sistemas de captación de imágenes y sonidos, son un botín codiciado por ciertas empresas, y esa apetencia constituye una amenaza para los derechos más personales. Así, la precariedad de la vida actual “se combina con nuevos sistemas de vigilancia en permanencia y a distancia, basados en la potencia inquisitorial de la informática”, escribe Mattelart: “Lo que ha cambiado en la última década es que a partir de entonces estas sociedades de control se solapan con sociedades de sospecha”. No sonríamos. Es lo que sigue.

Bajar un cambio

La idea de “bajar la edad de imputabilidad” aparece periódicamente, activada por el oportunismo político de dirigentes sin propuestas serias para la seguridad y por un periodismo que día a día estigmatiza a los jóvenes pobres. En general, la propuesta se defiende y se rechaza con pocos argumentos. Aquí, diez aclaraciones necesarias sobre una reforma a la que hay que ponerle un freno. Por Daniel Badenes

1) Imputabilidad es una palabra difícil. No sólo de pronunciar, sino de entender qué está diciendo cada discurso. Hay sectores ciertamente progresistas que, al reclamar un nuevo Régimen Penal Juvenil, proponen una baja en la edad de imputabilidad, pero que no es la misma que fogonea la derecha represiva cuando exclama “que los menores delincuentes se pudran en la cárcel”.

2) Imputabilidad no es lo mismo que punibilidad. La imputabilidad es la “capacidad de culpabilidad”, es decir, de reconocer a un sujeto como responsable de un delito. Tiene que ver con la posibilidad de comprender la criminalidad de una conducta y dirigir las acciones de acuerdo a esa comprensión. Así, no sólo los menores de cierta edad son inimputables. Lo son también, por ejemplo, los enfermos mentales.
Otra cosa distinta es la punibilidad, es decir, las posibilidades de castigar el delito. Lo que promueven Scioli y Macri entre otros es, en rigor, “bajar la edad de punibilidad”.
En ese sentido, es tramposo citar que en Brasil la edad está fijada en 12 años. En el país vecino, los chicos son procesables desde esa edad. Es decir: si se les imputa un delito, deben ser sometidos a un proceso judicial, con derecho a defensa, y se debe probar qué hicieron. Pero no se le puede dar la pena que le correspondería a un adulto. El régimen de punibilidad es distinto.

3) La in-imputabilidad puede ser muy peligrosa. Los inimputables, que no son alcanzados por el sistema penal, quedan bajo la tutela del Estado por ser considerados “incapaces”. Si de chicos y chicas hablamos, el viejo régimen del Patronato demostró que el sistema tutelar no es bueno. Lejos de proveer bienestar, la tutela estatal históricamente fue la excusa para la privación de la libertad sin juicio, defensa ni análisis de pruebas.
Hace un tiempo el juez Zaffaroni lo explicó claramente: “Como se supone que todo lo que haga el Estado con él será para bien, se deduce que no hará falta un proceso penal acusatorio y que no necesitará las mismas garantías que un adulto (…) En la historia, ¿a quiénes se tuteló? A las mujeres, a los niños, a los indios. Mirá cómo les fue. La ideología tutelar es inquisitorial. A mí que no me tutelen, ¡que me juzguen!”. En Estados Unidos el sistema tutelar entró en crisis en los ´60, cuando se advirtió que un chico de 15 años que insultaba a alguien por teléfono podía ser privado de la libertad hasta los 21 (bajo tutela), mientras por el mismo hecho un adulto apenas hubiera recibido una multa. Así se inició un movimiento de juridización de los derechos de niños y adolescentes.
“Por mí que se lo someta a proceso desde el momento de la concepción”, decía Zaffaroni: “Otra cosa son las consecuencias penales. A un niño no se le puede aplicar la misma pena que al adulto”. De lo que se trata es de abandonar el régimen tutelar para pasar a uno de derechos y garantías.
Bajar la edad de imputabilidad, en ese sentido, podría significar garantizar procesos justos. Pero nadie tiene eso en mente cuando se agita el tema después de un asesinato horrendo presuntamente cometido por un “menor”.

4) La gravedad del tema está exagerada por ciertos políticos y periodistas. El irresponsable tratamiento mediático sobre el delito es un problema en todo el mundo y hace rato ha logrado que la percepción social de la inseguridad vaya por un carril distinto que la realidad objetiva. En rigor, son muy pocos los homicidios o delitos graves cometidos por menores de 16 años en nuestro país. Se calculan en menos del 1% del total.
Ni siquiera la “inseguridad”, como problema global, tiene una dimensión proporcional al tiempo que le dedican los noticieros. Son más las muertes provocadas por la violencia doméstica o por el tránsito automotor, que los homicidios intencionales.

5) El punto anterior no debería ser un argumento contra la baja. Solamente es una prueba de la miserabilidad de quienes ponen el tema como prioridad en su agenda, mientras evitan hablar de la trata de personas, el gatillo fácil o las muertes por abortos clandestinos, entre otros problemas de suma gravedad. Si la criminalidad adolescente fuera un hecho extendido, tampoco deberíamos aceptar como sociedad que la solución sea llevar a prisión a un niño de 12 o 14 años.

6) Las condenas para un niño o un adolescente nunca pueden ser las mismas que para un adulto. No hay ningún buen argumento biológico, psicológico o social que permita equipararlos y justificar una misma pena, salvo la impotencia ante una situación terrible de la que el chico es apenas un emergente.
Si creemos que una persona a los 14 años maneja todos los elementos de juicio y es absolutamente responsable de sus actos, deberíamos permitirle votar a esa edad, por dar un ejemplo. En el fondo, sabemos que no es así. Un pibe no tiene la madurez necesaria para asumir la plena responsabilidad sobre sus acciones. Menos aún debería ser juzgado de forma implacable cuando a lo largo de su corta vida vio sistemáticamente vulnerados sus derechos.
En síntesis: si la imputabilidad de un niño/adolescente es discutible, pensar su punibilidad como si fuera un adulto resulta perverso.

7) El endurecimiento de las penas no es una solución para la inseguridad. Esto vale para chicos y grandes. Está demostrado a nivel mundial, y no sólo por el fracaso de las reformas legislativas fogoneadas por ex gobernador Ruckauf o el falso ingeniero Blumberg. Como experiencia exitosa suele citarse el plan de “tolerancia cero” en Nueva York, pero lo cierto es que se desarrolló en un contexto de bonanza económica y paralelamente a medidas de contención social, buenas razones para explicar la reducción de la violencia social. En otros países, como El Salvador, el fracaso del “Plan Mano Dura” y el de su continuador –increíblemente llamado “Súper Mano Dura”- fueron estrepitosos. Mientras la tasa de homicidios en El Salvador está en 51,2 (cada 100 mil habitantes), en nuestro país es diez veces menor: 5,2 (Fuente: PNUD). Argentina es uno de los países latinoamericanos con menor presencia de delitos violentos.

8) Hay que hacer algo. Rechazar la solución represiva y poner en perspectiva la dimensión del problema no es defender el statu quo; nadie habla de quedarse con los brazos cruzados. Pero sí demanda ampliar el concepto de seguridad y admitir que los principales sujetos que están en peligro son los chicos. Promover una distribución equitativa del ingreso, fortalecer la educación y la salud pública, combatir el narcotráfico –y no a los consumidores de drogas- y la trata de personas, sin duda son mejores soluciones que la construcción infinita de lugares de encierro.

9) No se puede confiar en las encuestas. A principios de febrero, varios medios se hicieron eco de un trabajo de la consulta Poliarquía y titularon: “Siete de cada diez argentinos desean que baje la edad de imputabilidad”. El relevamiento, de dudosa rigurosidad estadística, estaba basado en una encuesta telefónica realizada en mil hogares de 40 localidades con más de 10.000 habitantes. En rigor, el universo “argentinos” incluye mucha gente que no tiene teléfono y/o vive en ciudades con menos de 10.000 habitantes. Por otra parte, como vimos, “bajar la edad de imputabilidad” puede significar muchas cosas distintas.

10) Cualquier cambio legal en este plano debería ser debatido ampliamente después de las elecciones. Todos los temas legislativos tendrían que ser discutidos con seriedad, pero más aún los que involucran la vida y la libertad de las personas. Cualquier reforma legislativa del código penal y el régimen juvenil tratada responsablemente requiere, entre otras cuestiones, de un proceso de audiencias públicas con participación de la sociedad. Escuchar la opinión de los especialistas parece más atinado que guiarse por encuestas. Por supuesto, hablamos de investigadores formados que se dediquen al tema y no de ex represores devenidos especialistas, como Luis Vicat, un bonaerense que en los ´90 se dedicaba a la persecución de dirigentes y organizaciones sociales (La Pulseada N° 27) y ahora suele presentarse en los medios como experto en seguridad bancaria.
Por último, algo que sabemos por experiencias pasadas: ni el oportunismo político de quienes juegan con el miedo en épocas electorales, ni el dolor de los familiares de víctimas, son buenos consejeros.

• Publicado en La Pulseada N° 87, marzo de 2011

El basurero de las noticias

“Más allá del Camino del Buen Ayre, los derechos humanos quedan en suspenso” (Alicia Dujovne Ortiz, en “¿Quién mató a Diego Duarte? Crónicas de la basura”)

“Cayeron dos adolescentes de 16 y 17 años”, dice Clarín. “2 chicos muertos al reprimir”. Indignan las palabras.
Ocurrió en José León Juárez. A la tarde había descarrilado un tren carguero; los habitantes de un asentamiento cercano comenzaron a saquearlo. La policía reprimió ferozmente. Un chico murió baleado en el acto. El otro, cuando lo atendían en un centro de salud. Página dice que un tercero está internado en grave estado. Todos eran pibes. Todos eran pobres.
Cuando leí la noticia me acordé de Diego Duarte. En marzo de 2004, mientras se instalaba en el debate público la idea de bajar la edad de imputabilidad, él y su hermano mellizo, llegados desde Formosa, buscaban metales -o cualquier cosa que pudieran vender- en los basurales que tiene el CEAMSE sobre el Camino del Buen Ayre y el Río Reconquista, en José León Suárez. Era la noche del 14 de marzo. Cuando vieron que unos vigilantes se acercaban, se escondieron detrás de un montículo de basura, justo cuando unas topadoras removían el lugar. Diego quedó sepultado. El hecho apenas salió en algunos diarios, y el Estado no puso demasiado esfuerzo por hallar el cuerpo.
Aquella víctima tenía 15 años. Los dos chicos asesinados ayer, 16 y 17. Diego nació el año que Menem ganó su primera elección. Los otros, después de la segunda. En sus cortas vidas pasaron hambre y frío. Y acaso la única cara que el Estado les mostró fue la policial: los golpes y las balas. Ahora están muertos. Los mataron.
Esta tarde en La Plata hay previstas actividades públicas para volver a decir que estamos contra la baja de la edad de imputabilidad, que vuelve cíclicamente a ser tapa de diarios por un oportunismo que atraviesa todo el arco político. Quieren bajarla de 16 a 14, como habían hecho los dictadores en el ´76 y ellos mismos volvieron atrás.
Contra lo que se exalta mediáticamente de tanto en tanto, nuestro país no tiene un gran problema de criminalidad entre los adolescentes. Sólo hay un puñado de casos de homicidios cometidos por menores de 16. Muchos más son los que trabajan en condiciones deplorables, próximas a la esclavitud. También son más los que mueren por causas vinculadas al hambre. Son más las mujeres que fallecen después de abortos clandestinos. Son más las víctimas del gatillo fácil.
Y otra vez resuena con muerte el nombre de la localidad donde hace casi 55 años masacró la revolución fusiladora. Con muerte joven y pobre. No quiero hablar de la edad de imputabilidad. Hoy siento que cualquier político, periodista o ciudadano de a pie que tenga como prioridad este tema en su agenda, es una verdadera basura.

Soldati y las fronteras del progresismo

Hace unos días leí en la introducción de un libro histórico publicado por la propia cana en 1980: "Desde la alta política hasta los dramas de la miseria, todos los acontecimientos de una nación están conectados con la Policía".
De un tiempo a esta parte, teniendo cerca académicos piolas que han pensado el tema, y decidido a que sea parte de nuestra agenda (en mi caso, como un desafío periodístico), comprobé con pavor que la política de seguridad y el gobierno de la policía constituyen el límite del progresismo y las izquierdas. Así y sin matices. Lo escribo pensando en todos: los que se dicen, los que parecen, los que uno identifica como tales. Ni Kirchner ni Cristina, ni Binner ni Fabiana Ríos, ni tampoco Chavez o Lula, Evo o Correa, ni las enunciaciones de quienes no gobiernan (y asumamos que la izquierda cinematográfica definió a la "seguridad" como "derecho humano" mucho antes que el Discurso de CFK a la clase media argentina, pronunciado ayer), en fin, absolutamente ninguno tiene en ese plano una propuesta distinta a la derecha.
Estas líneas venían tan sólo a decir que no tengo tiempo o que no tengo cabeza para escribir, que Soldati me revuelve el estómago como las muertes en La Primavera. Cuando no hay tiempo, hay links, propuse en algún post anterior. Vuelvo entonces a esa idea, mientra Soldati nos atormenta, porque Esteban pudo apuntar unas líneas sobre el desgobierno de la policía y la especulación electoral, que comparto plenamente.
No sé qué hará Nilda Garré, a quien prefiero antes que Alak y Fernández, que siguen siendo parte del gabinete. Sé que crear un Ministerio de Seguridad separado de justicia y derechos humanos, me suena mal. Sé que el columnista de TN sorprendido por "una mujer a la cargo de la Policía, algo que nunca se ha visto" es un imbécil. Sé que en el gobierno de esa policía que está conectada a todos los dramas de nuestra historia, no hay progresismo a la vista, ni dentro ni fuera del kirchnerismo. Y me preocupa.

PD: Sobre lo que pasa en Soldati, hay una excelente cobertura fotográfica de la cooperativa Sub. Y esta carta de un docente me basta para no tener más palabras.

El negocio de la seguridad (+el negocio de la información)

La idea fue y es simple: hablar de seguridad.

La seguridad es un tabú de la izquierda, del progresismo o como les pinte llamarlo. Y no sólo de sus dirigentes que no saben qué decir. También de sus comunicadores.
Arranqué el año pensando: ¿por qué no escribir sobre seguridad? ¿por qué el tema es necesariamente agenda de la derecha?

Así fue que apareció una entrevista -bastante comentada- a Marcelo Saín, que se puede leer acá.
Así es que ahora presentamos este informe sobre la seguridad privada, un tema poco conocido, poco pensado, poco debatido.

¿Sabías que hay más agentes privados que canas públicos?
¿Sabías que los golpistas del 76, antes incluso de designar presidente, el mismo 24 de marzo sancionaron un decreto sobre empresas de seguridad?
¿Sabías que la multinacional Prosegur, que en 1979 absorbió a la empresa de seguridad fundada por López Rega, facturó más de 1.200 millones de euros sólo en la primera mitad de este año y tiene unos 70 mil agentes en todo el mundo?
¿Imaginás los riesgos para la libertad y la privacidad que implica delegar la seguridad en el mercado? ¿Sabías que el Estado no controla un carajo?
El informe completo, acá. Los invito a leer, a pensar y a discutir.

PD: Hace unos días, durante una visita a Japón, el presidente ecuatoriano Rafael Correa señaló "la contradicción entre intereses privados y el interés público de estar informados" y sugirió la idea de que los medios "tengan que ser sin fines de lucro". Por supuesto, desató la polémica. Para el opositor Fausto Cobos (nótese la curiosa coincidencia de apellido con nuestro tránsfuga vicepresidente), de un partido llamado Sociedad Patriótica, se trata de "novelerías del socialismo del siglo XXI".
No está mal. Para la Real Academia, en su primera acepción, la novelería es una "afición o inclinación a novedades". Buenas novedades está teniendo América Latina en relación a los medios. En Argentina, por caso, la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual reserva el 33% del espectro radioeléctrico a prestadores sin fines de lucro. Enhorabuena.

Traigo a colación este tema porque el esfuerzo de investigación y la decisión de publicar sobre "El peligroso negocio del miedo" corresponde a La Pulseada, un medio comunitario de la ciudad de La Plata que pronto cumplirá nueve años. Más allá de que pueden leer la nota en el blog, a los platenses sugiero que se suscriban, llamando al 453-2516 o escribiendo a lapulseada@lapulseada.com.ar (Te la llevan a tu casa y la pagás mes a mes. Los 6 pesos de tapa sirven para remunerar a los vendedores y para colaborar con distintas entidades solidarias).
Los porteños pueden conseguirla en el Centro Nueva Tierra (Piedras 575), en el kiosco de diarios y revistas Opera (Corrientes y Callao) o en el centro cultural Razón y Revolución (Condarco 90, Flores). Con el interior nos cuesta un poco más. Estamos tratando de mejorar la distribución, todo aporte es bienvenido.