Sesión de espiritismo en Madres

Algunos comentarios sobre las 17 verdades convergentes

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1) Siguiendo la línea del "debate sin preguntas", colgaron el texto en JPG. Media pila, che.
2) La definición de comunicaciones convergentes (punto 1) es tan vaga que la ley podría regular a la gráfica y el muralismo.
3) Define tres tipos de prestadores (punto 7): estatal, privado con fines de lucro y privado sin fines de lucro. Suena bien para gente poco proclive a lo no comercial, pero:
* Al decir estatal y no público, dejan en el camino a los pueblos originarios.
* Al hablar del alcance federal de los medios públicos (punto 16) revelan que tampoco están pensando en las universidades ni en los estados locales.
* Tienen una versión folklórica y reductora de los medios comunitarios (punto 17), que los reduce a experiencias de "poblaciones con singularidad cultural", "colectivos diversos", "poblaciones distantes", etcétera. Sin hablar que dejaron en el camino la reserva del 33% del espectro...
4) Para la Autoridad de Aplicación (punto 9) se plantean criterios que actualmente no cumplen, como la participación ciudadana o la trayectoria idónea. Que lxs directorxs no sean todxs de un mismo género es un avance, pero les faltaron tres detalles no menores:
* Pluralidad política
* Independencia de las corporaciones
* Participación de la sociedad civil.
5) Desaparece la noción de servicio público (punto 8): todo es servicio de interés público. Atenti los cambios en la telefonía.
6) La idea de "prácticas autorregulatorias" del periodismo me inquieta un poco (pensar que hace un tiempo hablábamos de protocolizar algunas cuestiones, Esteban). Más aún cuando no hay ni mención de una Defensoría del Público.
7) ¡Todo lo que no aparece! No hay reglas de "must carry"; no hay transparencia en las licencias; no hay regulación de la publicidad; no hay reglas contra los monopolios, los oligopolios y la concentración indebida. Mucha "defensa de la competencia" (punto 11), que sabemos que no alcanza. Se vienen tiempos de "consumidores y usuarios" más que de ciudadanos. Agarrate catalina.
8) Mucho bla bla sobre la ley que nació vieja y los desafíos de las nuevas tecnologías, pero siguen sin poner pautas a Netflix y similares.
9) Quien haya escrito la cuarta de las 17 verdades necesita un curso de redacción, urgente.
10) Un análisis mucho más completo hacen Damian Loreti, Diego Rossi, Diego de Charras y Luis Lozano, que siempre tienen la posta. Leanlos.

Decí Mu

Juntarse a tomar mate con dos grossos como Mariela Pugliese (FARCO) y Sergio Ciancaglini (lavaca) siempre es un placer. Esta vez, además, había un micrófono y dijimos MU.

Como hablarle en la pared

Con la calentura de la audiencia escribí en este blog un brevísimo e irónico resumen de lo que ocurrió en la CIDH. Desde que volvimos de Washington muchos preguntan más detalles de cómo fue y qué interpretamos sobre lo que pasó en la OEA, adonde el gobierno tuvo que asistir para dar explicaciones sobre los decretos que alteraron la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En esta nota de La Pulseada escribí algo de eso.

Los DNU del verano contra la ley de medios

El decreto de la dictadura que regulaba la radiodifusión como si fuera un negocio estuvo vigente casi treinta años, por presión de las corporaciones beneficiadas. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sancionada en 2009, sintetizó la pelea de los medios comunitarios, las cooperativas, los trabajadores del sector, las universidades y las organizaciones sociales para cambiar de paradigma y democratizar la comunicación. En 60 días, el gobierno de Mauricio Macri echó todo por la borda. En esta nota contamos punto por punto todos los escalones que retrocedió Argentina, otra vez por decreto. // Ver infografías

Los puntos que siguen tienen una historia conocida, que puede repasarse en las páginas de La Pulseada. En 2004 esta revista contó el nacimiento de la Iniciativa Ciudadana por una Ley de Radiodifusión para la Democracia: un inédito consenso entre organizaciones preocupadas por la vigencia de un decreto firmado por el dictador Jorge Videla que regía la radio y la televisión, sólo reformado -por decreto, durante el menemismo- para empeorarlo. Aquella vieja norma, que sobrevivía a los intentos de modificarla por presión de las corporaciones beneficiadas, entendía a la comunicación como un negocio y no como un derecho humano. Así, por ejemplo, para ser licenciatario era requisito “tener fines de lucro”. Los medios comunitarios y cooperativos no estaban en desventaja: directamente, estaban prohibidos. Aquel consenso básico de 21 puntos daba nacimiento a la Coalición por una Radiodifusión Democrática, que tardó en ser escuchada por el gobierno: al año siguiente, otra vez por decreto, se regaló a los prestadores existentes 10 años más de licencias. El panorama cambió hacia 2008, cuando el Poder Ejecutivo sufrió en carne propia el poder de los medios concentrados, durante el conflicto con las patronales del agro que resistían el pago de impuestos. El 18 de abril Cristina Fernández recibió a la Coalición y se empezó a trabajar sobre el anteproyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que presentaría casi un año después, en marzo de 2009, en el Teatro Argentino. Se abrió un proceso inédito en Argentina: la propuesta se debatió y se mejoró en foros federales antes de ingresar al Congreso, que a su vez convocó a varias audiencias públicas. En octubre fue votada por una amplia mayoría parlamentaria, que excedió al bloque oficialista. A partir de entonces empezó la pelea por la plena vigencia, demorada por la estrategia judicial de los grupos económicos obligados a la des-monopolizarse -especialmente Clarín- y por algunas torpezas o inercias en el organismo de aplicación. La judicialización se saldó en octubre de 2013 cuando la Corte Suprema de la Nación declaró plenamente constitucionales los artículos cuestionados por Clarín. Lo hizo después de escuchar a las partes y recibir aportes de varios “Amicus curiae”, en un proceso en el que las radios comunitarias, las carreras de comunicación y otros miembros de la Coalición volvieron a decir presente en defensa del derecho a la comunicación. La ley seguía su camino. En 2015 ya se podía ver una Defensoría del Público en funcionamiento, los primeros concursos de señales de televisión digital para organizaciones sin fines de lucro y la aplicación del FOMECA, un fondo concursable para el fomento de medios comunitarios que ese año rondó los 140 millones de pesos. El mayor reclamo ciudadano lo sostenían las revistas autogestionadas, no alcanzadas por la ley: el sector gráfico siguió sumido en la lógica neoliberal y sufre las consecuencias de una concentración alarmante, que afecta desde la producción de papel hasta los mecanismos de distribución. En el sector audiovisual faltaba un buen trecho para regularizar el espectro, pero el avance era significativo. En diciembre de 2015 todo empezó a cambiar.

La saga de los decretos

El cambio se sugirió el día de la asunción del Presidente, cuando el locutor oficial, al presentar la cadena nacional, dijo “ley de radiodifusión”, en lugar de “servicios de comunicación audiovisual”. Todo un símbolo. Ese día, Mauricio Macri firmó un decreto que creó el Ministerio de Comunicaciones y puso bajo su órbita a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Según la ley, la AFSCA debía ser un organismo autárquico. Tal es así que, siguiendo recomendaciones internacionales, preveía que el mandato de su Directorio estuviera desacoplado de los tiempos del Poder Ejecutivo: designado dos años antes de la elección presidencial, debía seguir hasta dos años después. Podía ser removido por causas justificadas, por intervención del Consejo Federal de la Comunicación Audiovisual (ver: “La representación social”). El gobierno obvió todo eso: el 23 de diciembre dispuso una “intervención” de la AFSCA. Ese día, sin la medida publicada en el Boletín Oficial, el organismo había amanecido rodeado de policías: una intervención de facto. Más tarde se comunicó el decreto. Con el argumento de que su titular, Martín Sabbatella, era un “militante político”, se removió a todo el Directorio y designó en su reemplazo a... un militante del PRO, sin experiencia en el área. Entre Navidad y Año Nuevo, hubo movilizaciones y presentaciones judiciales: los sectores que impulsaron la ley desde 2004 salían en defensa del derecho a la comunicación. El relator de la OEA para la Libertad de Expresión llamó la atención sobre lo que sucedía en Argentina. Faltaba lo peor, que se veía venir. En la conferencia de prensa, Oscar Aguad deslizó: “La ley no se modifica... por ahora”. El periodista Nelson Castro, a quien nadie podría tildar de kirchnerista, lo cruzó fuerte en su programa radial: “Me parece que lo que están haciendo genera un precedente terrible, así entramos en una jungla que es brutal. Yo soy crítico de la gestión de Sabbatella pero la ley ha sido declarada constitucional por la Corte. La ley se puede cambiar por otra ley no por un decreto, esto es muy peligroso para la institucionalidad”. El ministro, en cambio, sostenía la curiosa tesis de que “una ley del Congreso no puede limitar las capacidades de un presidente”. El 30 por la mañana, el Jefe de Gabinete informó que se estaba escribiendo otro decreto, para modificar la regulación del sector. A la tarde el juez platense Luis Arias emitió una medida “precautelar” para que el gobierno se abstuviera de alterar la ley sin dar intervención al Congreso. Otra vez, no importó: el 4 de enero, publicaron el decreto 267, que introdujo severas modificaciones en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y en la Ley Argentina Digital, que regula las telecomunicaciones. Le pusieron fecha del 29 de diciembre, para eludir el fallo judicial, aunque ese día Macri descansaba en Villa La Angostura y ni siquiera había sucedido el anuncio de Marcos Peña. Poco hizo falta para advertir que esas desprolijidades eran lo de menos: el “decreto de necesidad y urgencia” desmontó los principales pilares de aquella ley nacida de un amplio consenso, discutida a lo largo y a lo ancho del país, votada por mayoría en el Congreso y validada por un fallo de la Corte. Después de seis años en los que el desafío fue cómo las grandes corporaciones se adecuaban a la ley, un decreto bastó para invertir los términos: el Estado se adecuó a las necesidades de las empresas. La comparación punto por punto ayuda a comprender las dimensiones de este retroceso.  

Publicado en La Pulseada 137

Subnotas

• Diez pasos atrás (con infografías)
• Contra la Constitución
• Revistas en alerta

Bienvenidos al tren fantasma

Ayer el gobierno conformó la comisión encargada de escribir un anteproyecto de ley de comunicaciones. No quieras saberlo: está encabezada por Silvana Giudici, la artífice de la ausencia de buen un grupo diputados opositores en el debate de la ley aprobada en 2009.
Otro feliz integrante es Alejandro Pereyra, uno que en 2001, siendo parte del viejo COMFER, elaboró una circular intimidatoria que se basaba en los artículos más retrógrados del decreto de radiodifusión de la dictadura. En esa época, cuando quiso concursar para el cargo de director general de Asuntos Legales y Normativa, truchó algunos de sus antecedentes académicos. Años más tarde quiso estar en el Directorio creado por el la LSCA, pero fue objetado por ese pasado oscuro y no pudo ser. Tiempo de revancha: ahora va a escribir la nueva ley.
Detrás viene el abogado Andrés Gil Domínguez, especialista en defender los intereses del grupo Clarín.
Completan la lista Héctor Huici, un pinedista (?) que trabajó en Telecomunicaciones durante los años de Menem; y Enoch Aguiar, ex secretario de Comunicaciones de Fernando De la Rúa.
Y como de adorno siempre queda bien un intelectual, metieron al paladín de la tolerancia Santiago Kovadloff, quien como vicepresidente de Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas salió en defensa del director de la Nueva Provincia, Vicente Massot, cuando fue acusado por su complicidad con delitos de lesa humanidad.

La frutilla del postre es que van a salir a buscar expertos internacionales, como si aquí no tuviéramos especialistas. Nombraron dos: el ex ministro del presidente Santos en Colombia, Diego Molano -que en la errónea información oficial es "Molana" y ex ministro de Uribe- es un guiño a las telcos (tuvo cargos importantes en BellSouth y Telefónica de España); mientras que Carlos Winograd es un dedo en el culo para los que pensamos que la comunicación es un derecho humano y no una mercancía. Dedicado a temas de "defensa de la competencia", lo único que tiene de extranjero son las instituciones para las que trabaja. Argento, graduado en Economía durante la última dictadura, también fue secretario durante el gobierno de la Alianza. Mentime que me gusta: Winograd, además, asesoró como perito de parte en la fusión de Cablevisión y Multicanal.

No quiero ser prejuicioso, pero creo que me puedo imaginar el contenido del anteproyecto de ley.

21 puntos por el derecho a la comunicación

En 2004 un conjunto de organizaciones populares, de derechos humanos, medios comunitarios, cooperativos y PyMEs, sindicatos, trabajadores de la comunicación, universidades, pueblos originarios, consensuamos 21 Puntos por una Radiodifusión Democrática que fueron la base del debate que dio lugar a la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522 en 2009.
Esa ley y el proceso de debate fueron valorados como un ejemplo en el mundo y por todos los organismos internacionales competentes en la materia. Luego de su aprobación, fue judicializada por grupos concentrados de medios y, tras una audiencia histórica en 2013, la Corte Suprema de Justicia ratificó la plena constitucionalidad de la norma.
Posteriormente, la creación de AR-SAT por ley 26.092 y la sanción de la Ley de Argentina Digital agregaron recursos y mecanismos para la regulación de un sector altamente concentrado en el marco de la convergencia tecnológica.
El actual gobierno, mediante el uso de la fuerza policial y a través decretos inconstitucionales resolvió apartarse de la voluntad popular expresada en años de debates y plasmada en el Congreso Nacional. Asimismo, el contenido de esos decretos resulta violatorio de los estándares internacionales de derechos humanos.
El nuevo escenario nos exige defender lo conquistado y reclamar por lo que falta para garantizar el pluralismo y la comunicación democrática en todos los soportes.
Las organizaciones que integramos la Coalición por una Comunicación Democrática reafirmamos los principios que formaron la Iniciativa Ciudadana de 2004, rechazamos lo actuado por el gobierno nacional, reclamamos la plena vigencia y aplicación de las leyes votadas democráticamente y presentamos este documento de 21 puntos que amplía el horizonte de nuestros debates y propuestas para una comunicación democrática en todos los medios, formatos y plataformas.

1. LA COMUNICACIÓN ES UN DERECHO HUMANO QUE INCLUYE TODOS LOS SOPORTES Y PLATAFORMAS.  La comunicación es un derecho humano universal y no una mercancía. Comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea en forma oral, escrita, impresa o artística o por cualquier otro procedimiento. Esta definición comprende a todas las formas de comunicación de las personas, incluyendo todos los medios y soportes, cualquiera sea la tecnología utilizada para la difusión y recepción de contenidos. Las reglamentaciones y decisiones a nivel nacional, provincial y municipal deben cumplir y respetar los tratados y convenios internacionales en la materia.

2. LIMITACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN PARA PROMOVER LA DIVERSIDAD Y EL PLURALISMO. Los monopolios y oligopolios, así como el abuso de posiciones dominantes o la concentración indebida, conspiran contra la democracia al restringir la circulación de ideas, informaciones u opiniones. La regulación debe promover la pluralidad y diversidad para asegurar el pleno ejercicio de la libertad de expresión. No alcanza con reglas de defensa de la competencia: la comunicación es un bien social -no privativa de empresas, medios o periodistas- y debe garantizarse una distribución adecuada de facilidades, recursos e infraestructura esenciales (frecuencias radioeléctricas, papel y otros insumos básicos, mecanismos de distribución de las publicaciones impresas y contenidos, acceso a redes).

3. ROL ACTIVO Y PRESENTE DEL ESTADO. Como garante de los derechos humanos, corresponde al Estado el rol de crear, fomentar y preservar la diversidad en la gestión de medios, soportes, redes y posiciones satelitales. El Estado debe desarrollar mecanismos destinados a la promoción, desconcentración y fomento del pluralismo y la diversidad, y promover un plan nacional de alfabetización comunicacional que incluya el derecho humano a la comunicación en las currículas académicas. También debe preservar capacidad regulatoria sobre todos los recursos, insumos, infraestructuras y facilidades esenciales sobre las que se prestan servicios de comunicación para fines tales como: experimentación, cumplimiento con las obligaciones de servicio universal, prestación de servicios, fomento de la participación de organizaciones sin fines de lucro, PyMEs y prestadores públicos, parlamentarios, universitarios, provinciales o municipales.

4. RESERVA Y SOSTENIBILIDAD DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL. Para garantizar la participación de las distintas corrientes en el debate público resultan indispensables la legalización y la reserva de frecuencias terrestres de radio, televisión y servicios conexos destinadas al sector social-comunitario y personas jurídicas sin fines de lucro (33%), al sector público en sus tres poderes -ejecutivo, legislativo y judicial- y en sus tres niveles -nacional, provincial y municipal-, a los organismos descentralizados como las universidades y a los actores públicos no estatales. Deben proponerse políticas públicas dirigidas a la sostenibilidad de las organizaciones de la comunicación –comunitarias, cooperativas, de gestión privada sin fines de lucro, de pueblos originarios y de las pequeñas y medianas empresas de arraigo local- que vinculen la producción de contenidos con pantallas, antenas y medios gráficos, en especial en las zonas despobladas o con menos recursos. Se deben sostener políticas de asignación de recursos con sentido social y federal, mediante la aplicación de asignaciones como las previstas por el Fondo de Servicio Universal y el Fondo de Fomento Concursable (FOMECA) y políticas de fomento a la industria gráfica de revistas culturales.

5. SERVICIO E INTERÉS PÚBLICO. Los servicios de comunicación audiovisual y de los operadores convergentes deben ser considerados como servicios de interés público; en tanto que los servicios esenciales de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), en todas las modalidades de prestación de conectividad, deben ser considerados como servicio público. En este sentido se deben evitar situaciones anticompetitivas de los prestadores con poder predatorio sobre el mercado y asegurar el establecimiento de tarifas razonables y transparentes. El acceso a facilidades esenciales para la comunicación, incluido el soporte gráfico, debe ser considerado de interés público.

6. ACCESO UNIVERSAL Y NO DISCRIMINACIÓN. Es obligación del Estado asegurar que en el acceso a los servicios de comunicación audiovisual y de las TIC esté prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o de nacionalidad, edad, discapacidades, condición social o económica, condiciones de salud, religión, sexualidades, identidad de género, o cualquier otra que atente, anule o menoscabe la dignidad humana, los derechos y libertades de las personas. Asimismo, el Estado debe adoptar todas las medidas pertinentes para asegurar, con independencia de la localización geográfica, el acceso universal en condiciones de calidad y a precios justos y razonables. El abono social a los servicios de comunicación audiovisual y de los operadores convergentes debe considerarse una vía adecuada para garantizar estos derechos. Asimismo, debe garantizarse la accesibilidad comunicacional universal para las personas con discapacidad o en riesgo de exclusión mediática.

7. AUTORIDAD DE APLICACIÓN CON PARTICIPACIÓN FEDERAL Y SOCIAL. GOBERNANZA DE LAS COMUNICACIONES E INTERNET. 
La regulación de los medios de comunicación es legítima sólo si es implementada por un órgano que se encuentre protegido contra la indebida interferencia política y de otra índole, de conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos.
Debe contar con personería jurídica y patrimonio propio, con control parlamentario y representación federal y sectorial en la gestión, incluyendo en su directorio a representantes de los estados provinciales, universidades nacionales y de las organizaciones de trabajadores/as, operadores comerciales y entidades del sector comunitario, cooperativo y social, y usuarios. Entenderá en la administración y control del espectro radioeléctrico y en las plataformas y servicios de las TIC, en la promoción de la industria audiovisual nacional y el federalismo en la producción de contenidos.
Los Estados deben garantizar la participación equitativa de todos los actores relevantes para la gobernanza de las comunicaciones e Internet, fomentando la cooperación reforzada entre las autoridades, la academia, la sociedad civil y las organizaciones sociales, la comunidad técnica y el sector privado, entre otros actores, tanto a nivel internacional como nacional.

8. DISTRIBUCIÓN JUSTA DE LA PUBLICIDAD PRIVADA Y PÚBLICA. Es obligación del Estado poner en marcha las regulaciones necesarias para una distribución justa de la publicidad, tanto estatal como privada, para que contribuya a la existencia y desarrollo pleno de la pluralidad de medios en todos los formatos. Deben establecerse cuotas de distribución con carácter federal y hacia los medios comunitarios, de cooperativas, mutuales, sindicales, PyMEs con arraigo local, etcétera. En cuanto a la publicidad estatal, en todas las jurisdicciones, se deben establecer por ley u ordenanza mecanismos que impidan la distribución arbitraria y discriminatoria como mecanismo de censura indirecta. Su distribución debe respetar criterios equitativos y transparentes, orientados al público objetivo de cada campaña, evitando la discriminación por línea editorial o informativa, ubicación geográfica, cuestiones partidarias o tipo de prestador.
Deberán excluirse las señales y plataformas extranjeras que no tengan contenidos de producción nacional de la posibilidad de difusión de publicidad de cualquier origen.
Se deberá diferenciar la publicidad de los mecanismos directos o indirectos de subsidios al pluralismo, tales como el acceso a créditos oficiales y regímenes impositivos especiales.

9. PROPIEDAD DIVERSIFICADA. Para asegurar el pluralismo y la diversidad, así como adecuadas condiciones de competencia económica, es necesario mantener los estándares internacionales que regulan la propiedad cruzada y las posiciones dominantes en el mercado. Los servicios serán prestados armónicamente por operadores de gestión privada comerciales, de gestión privada sin fines de lucro, comunitarios y públicos estatales y no estatales, así como formas asociativas mixtas públicas y privadas. La legislación deberá preservar el patrimonio nacional mediante la mayoría accionaria del Estado en empresas esenciales para brindar servicios de comunicación, así como evitar que -salvo en el caso de los medios públicos estatales- la concentración de la propiedad en manos de un mismo titular supere el 35% del mercado nacional, o que la suma de soportes en el plano local implique el control del mercado local.

10. LICENCIAS LOCALES Y NACIONALES. Las licencias serán de alcance local cuando se trate de servicios audiovisuales no satelitales, o nacional, cuando se trate de servicios de telecomunicaciones y de tecnologías de la información respectivamente. La prestación de servicios de distribución de contenidos audiovisuales por cualquier medio o plataforma, de manera lineal o a demanda, implicará que parte de los servicios convergentes estarán sujetos a obligaciones en el ámbito local. En estos casos, los titulares deben presentar ante la autoridad competente un proyecto cultural, generar contenidos propios y respetar las cuotas de producción de contenidos. Las licencias podrán transferirse con previa autorización siempre que haya transcurrido un período razonable desde la habilitación del servicio y siempre y cuando sus titulares hayan cumplido con sus obligaciones previas (previsionales, sindicales y con las sociedades gestoras de derechos) y el objetivo sea preservar la actividad del medio. Es requisito para la renovación de cualquier licencia la realización de audiencias públicas.

11. CONTENIDO NACIONAL, PROPIO, LOCAL E INDEPENDIENTE. Cuando se trate de la distribución de contenidos audiovisuales de alcance masivo por cualquier soporte, se deben incluir cuotas de pantalla y difusión de producción nacional, propia, independiente y local. Se debe promover el acceso y la inclusión de contenidos nacionales -de ficción o interés general- en los catálogos o portales cuando se trate de servicios TIC de comercialización de contenidos en territorio argentino. Respecto del consumo de contenidos no lineales por Internet, a través de servicios de pago abonados desde territorio argentino, se debe incorporar a dichas plataformas en el registro y sujeción de cumplimiento de obligaciones fiscales con destino específico a la producción de contenidos nacionales.

12. ENFOQUE PLURAL E INCLUSIVO EN LA GESTIÓN DE MEDIOS Y PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS. Los medios de comunicación, en todas sus formas de gestión y soportes, deben fomentar e incluir en sus producciones la perspectiva de géneros e identidades de género diversas, contemplar el tratamiento de problemáticas socioambientales y promover la inclusión social, el diálogo intercultural, la integración latinoamericana y la diversidad cultural.

13. PRIVACIDAD DE LOS DATOS. Las normas que regulen la actividad deben garantizar que se respete y proteja el derecho a la privacidad, incluso en el contexto de las comunicaciones digitales. También debe haber mecanismos nacionales de supervisión independientes, efectivos y transparentes así como la rendición de cuentas por las actividades de vigilancia de las comunicaciones y la interceptación y recopilación de datos personales que realicen tanto el Estado como particulares.

14. NEUTRALIDAD E INTERCONEXIÓN TRANSPARENTE. La regulación deberá garantizar que el tratamiento de los datos y el tráfico de contenidos personales y privados en Internet no sea objeto de ningún tipo de discriminación en función de factores como dispositivos, contenido, autoría, origen y/o destino del material, servicio o aplicación. Lo que persigue tal principio es que la libertad de las personas usuarias para acceder, elegir, utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación o servicio por medio de Internet no esté condicionada, direccionada o restringida, por medio de bloqueo, filtración, velocidad, precios o interferencias. Los proveedores de servicios de conectividad están obligados a interconectarse en el territorio nacional en condiciones no discriminatorias, transparentes y basadas en criterios objetivos y comunes.

15. EL ACCESO A INTERNET ES UN DERECHO HUMANO. Se debe garantizar el acceso universal a los servicios de Internet, en tanto es una capacidad habilitante para la realización efectiva del derecho a buscar, recibir y difundir información en su doble dimensión, individual y colectiva. El Estado nacional debe garantizar el Servicio Universal, entendido como el conjunto de Servicios de TIC que deben prestarse a todos/as los usuarios/as, así como un plan nacional de alfabetización digital que permita el ejercicio de este derecho.

16. ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Todas las personas tienen el derecho de acceder y disponer libremente de la información pública y de interés público conforme la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de todas y cada una de las personas. Los Estados nacional, provincial y municipal están obligados a garantizar su ejercicio sobre los principios de transparencia, interés público y la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales. Este principio sólo admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas previamente por ley formal para el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas.
El acceso a la información pública incluye a toda la información disponible respecto de prestadores de servicios audiovisuales y de servicios de TIC, mediante la creación de un registro único, público, federal y de libre acceso.

17. SOBERANÍA EN LAS COMUNICACIONES. El desarrollo de la ciencia, la industria, y la tecnología nacional de telecomunicaciones, tanto como sus recursos culturales y patrimonio audiovisual constituyen un valor estratégico de la Nación que requieren, conjuntamente, la administración soberana del espectro radioeléctrico. Este debe ser considerado como un recurso intangible, finito y de dominio público, cuya administración, gestión y control es responsabilidad indelegable del Estado nacional. Para la prestación de las facilidades satelitales se dará prioridad al uso de satélites de fabricación argentina. Las redes públicas de fibra óptica, los satélites geoestacionarios de telecomunicaciones en órbita, las posiciones satelitales reservadas a ARSAT por ley, las antenas e instalaciones terrestres y satelitales de la Televisión Digital Abierta deben continuar siendo de propiedad pública e intransferibles, pues operan como garantía de la soberanía comunicacional y de diversificación de la propiedad con pluralismo.

18. DERECHO DE ACCESO A CONTENIDOS DE INTERÉS RELEVANTE. Se debe garantizar el derecho de acceso universal a los contenidos informativos de interés relevante tales como acontecimientos deportivos, culturales, científicos, políticos u otro género o especialidad, para lo cual se procurará que el ejercicio de los derechos exclusivos para la retransmisión o emisión televisiva de determinados acontecimientos no perjudique el derecho de la ciudadanía a seguirlos en directo y de manera gratuita, en todo el territorio nacional, sin discriminación de calidad o de cualquier naturaleza. La cesión de los derechos para la retransmisión o emisión no puede limitar o restringir el derecho a la información.

19. DERECHOS DEL PÚBLICO Y LOS USUARIOS. RECTIFICACIÓN. El público, los lectores y las audiencias de los servicios audiovisuales y usuarios de las TIC y servicios de operadores convergentes tienen derecho a que los contenidos respondan a conductas éticas. Tales contenidos, incluyendo la publicidad emitida en el territorio nacional, deben ajustarse a los estándares internacionales de respeto a los derechos humanos. Especialmente deben desestimar la consideración de niñas, niños y adolescentes como consumidores.
Los contenidos evitarán que se promuevan o inciten tratos discriminatorios, que se menoscabe la dignidad humana, que haya violencia simbólica contra las mujeres o personas LGTBI, o comportamientos perjudiciales para el ambiente o para la salud física y psíquica de las personas y la integridad de niñas, niños y adolescentes. El funcionamiento, ampliación y federalización de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual es relevante para custodiar estos principios. También constituyen un aporte fundamental la existencia del Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia con representación plural, federal y especializada, así como de otros organismos que expresen a los intereses del público y las audiencias.
Las normas que regulen la prestación de servicios de la comunicación respetarán los derechos de la ciudadanía mediante acuerdos y contratos transparentes y no podrán incluir cláusulas restrictivas o condicionantes de su libertad de elección de otro licenciatario o prestador, o condicionen su rescisión o la desconexión de cualquier servicio adicional contratado.
Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de los medios de difusión y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta.

20. PRODUCCIÓN Y TRABAJO DIGNO. La adopción de normas que estimulen el pluralismo, la diversidad, la no concentración y la producción de equipamiento y contenidos locales, propios y nacionales, constituyen una vía directa para el desarrollo de una industria tecnológica nacional y para la promoción del trabajo en todas las áreas de creación, producción, emisión, distribución y acceso a contenidos gráficos, audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación. Se debe asegurar en los mismos una relación laboral en forma libre, registrada, igualitaria, segura y humanamente digna, con resguardo de la salud psicofísica y respeto a las incumbencias profesionales correspondientes a la actividad de las comunicaciones. Se debe contemplar la situación de personas que acrediten capacidades, condiciones y/o competencias producto de su experiencia laboral específica. El sostenimiento y desarrollo de una industria nacional de contenidos audiovisuales, conjuntamente con las cuotas de pantalla para la producción de ficción cinematográfica y audiovisual deben ser políticas de estado y estar promovidos por ley.

21. REGULARIZACIÓN CON PLENOS DERECHOS. El Estado adoptará las medidas necesarias para la regularización de todos los servicios de comunicación audiovisual o de Tecnologías de la Información y la Comunicación que tengan trámites pendientes de resolución por cuestiones no imputables a quien lo solicita en los organismos competentes. Tales trámites incluyen la adjudicación de licencias, resolución de concursos, asignación de frecuencias o habilitaciones o títulos necesarios para el pleno ejercicio de los derechos adquiridos en el marco legal vigente al momento de la solicitud o el que resulte más beneficioso para quien lo solicita, y cuya realización se haya demorado por cuestiones técnicas, administrativas o de cualquier naturaleza.

* Documento aprobado por unanimidad en el Congreso Nacional por una 

Comunicación Democrática el 3 de marzo de 2016.

Otra pata del derecho a la comunicación

Publicado en La Ventana - Página/12

La democratización de la comunicación es una necesidad social. A partir del 2009 las discusiones sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual profundizaron un debate que hace mucho más tiempo venían planteando los medios comunitarios, el movimiento cooperativo, las universidades públicas y los trabajadores de la comunicación. El conjunto de la sociedad tomó conciencia de que es necesario intervenir con políticas para garantizar la pluralidad de voces. Después de que la Corte confirmó que la ley que regula a la radio y televisión es plenamente constitucional, hay que consolidar y profundizar esa concepción de la comunicación como derecho humano y garantizar que la libertad de expresión no sea un lujo, sólo disponible para quienes sobreviven a las lógicas del mercado.

En mayo del año anterior ingresó al Congreso nacional un proyecto de Ley de Fomento para la Producción Independiente y Autogestiva de Comunicación Cultural por medios gráficos e Internet, que desde la Asociación de Revistas Culturales Independientes de Argentina (AReCIA) entendemos como la otra pata de la ley de medios, porque con el mismo espíritu propone intervenir en un sector también amenazado por la concentración mediática.

Hoy, la buena noticia es que con el intenso debate de estos años, las corporaciones periodísticas perdieron credibilidad y lectores. La mala: que empresas como La Nación y Clarín reformularon sus estrategias para dominar el mercado de la prensa gráfica. Comenzaron a editar revistas para compensar la caída en las ventas de diarios y a controlar la distribución y comercialización con maniobras extorsivas. Un ejemplo: impusieron a los canillitas una quita al porcentaje que reciben por la venta. Mientras las revistas culturales independientes respetan el 33 por ciento otorgado por ley, hoy las editadas por La Nación y Clarín entregan sólo un 22 por ciento. Esta lógica corporativa empobrece al sector.

Las publicaciones gráficas y de Internet, independientes y autogestivas, libran cotidianamente una batalla contra la monopolización de las voces, los contenidos y las estéticas.

AReCIA reúne actualmente a más de 300 revistas culturales. Algunas tienen más de 20 años y, sin publicidad oficial, sobrevivieron a distintas crisis, corralitos, prácticas monopólicas y otras pesadillas de la economía argentina. Otras son recientes y muestran la vigencia de los medios impresos para expresar la diversidad cultural de las comunidades. Todas implican otra forma de producir, que no busca la maximización del lucro para considerar sostenible a un medio, sino la justa remuneración del trabajo realizado en forma autogestionada. La mayoría son del mal llamado “interior” del país. Tras ellas hay organizaciones sociales, centros culturales, grupos de jóvenes, cooperativas de trabajo, editores con vocación por lo que hacen. No venden silencios, como los grandes medios comerciales, sino que hablan sin restricciones de política, de cine, de género, de música, de filosofía, de artes visuales y prácticas corporales, entre otros temas. No tienen otros dueños que quienes las llevan adelante ni intereses comerciales por detrás de sus medios. Y no son marginales: se calcula que el sector aglutina un promedio de dos millones de lectores mensuales, y que realiza un aporte significativo a la industria gráfica, que asciende a los 3,5 millones de pesos por mes destinados a pymes en distintas regiones del país. Constantemente amenazadas por el precio del papel y las condiciones desfavorables para la circulación, estas revistas culturales sobreviven porque las sostienen las y los lectores.

Esa realidad nos ha llevado a reunirnos para construir de manera colectiva: la competencia pertenece al paradigma que queremos dejar atrás. Tras años de estudiar y debatir nuestras problemáticas, elaboramos el proyecto que plantea, por sobre todas las cosas, el reconocimiento del sector como un actor vital en el proceso de comunicación del país, que responde a una lógica diferente de la estrictamente comercial, nacida de las mismas prácticas de resistencia de la sociedad.

El proyecto impulsado desde AReCIA, presentado por el diputado Jorge Rivas y que ya cuenta con el aval de legisladores y universidades nacionales, tiene cuatro patas fundamentales: un tratamiento impositivo más equitativo; un fondo económico destinado a la inversión, desarrollo y consolidación del sistema de producción independiente y autogestivo; el acceso prioritario a créditos, licitaciones y concursos, y garantías en los mecanismos de circulación y difusión: medios públicos, bibliotecas y centros culturales, entre otros. Eso es lo que garantiza este proyecto de ley: que el sector de revistas independientes y autogestivas pueda multiplicarse, fortalecerse y crecer para estar a la altura de esa necesidad social de la que somos hijos y deudores.

Todos los días es 7D

Hoy fue un día de mierda.
Por el tormentón y las inundaciones, tuvo que suspenderse la entrega del "Nuevas Miradas", premio de la universidad pública a los contenidos de la TV antimonopólica. Y una cámara adicta a las corporaciones prorrogó la "cautelar" a favor de Clarín.
Pero mañana será otro día: nace Wall Kintun, el primer canal de televisión de los pueblos originarios. Y el lunes también: vuelve al aire Radio Ahíjuna.
Al fin y al cabo, son los proyectos populares los que van a derribar a las corporaciones.
En los próximos días sale la última Pulseada del año, donde hablamos de la democratización de la comunicación y soñamos un paisaje mediático con pluralidad de voces. Hablan: Laura Figueiredo, Diego de Charras, Pascual Calicchio, Néstor Busso, Natalia Vinelli, Néstor Piccone, Oscar Nocetti, Stella Hernández, Matías Melillán, Juan Carlos Giuliani, Felix Díaz y Armando Quispe. Un balance de tres años, una lucha de todos los días, una transformación que recién empieza.

Investigación y extensión en comunicación...

El 28, 29 y 30 de junio se realizará en la Universidad Nacional de Quilmes el XIV Congreso de la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de la República Argentina (REDCOM): "Investigación y extensión en comunicación: sujetos, políticas y contextos". Está confirmada la presencia de Armand Mattelart, Héctor Schmucler, Gabriel Mariotto, Carlos Mangone, Susana Velleggia, Judith Gerbaldo, Mónica Valdés (Colombia), Octavio Islas (México), Carlos del Valle Rojas (Chile) y Rosa María Alfaro Moreno (Perú), entre otros... Participarán más de 800 expositores de distitnos puntos de Argentina y América Latina + Fotografía, transmisión de TV en vivo y más.
Ya está disponible el Programa, acá.

Radio Sciolincia y la pelea por los medios públicos

Lo sabíamos: la democratización de la comunicación audiovisual no se logra con una ley. La conquista que ya cumplió dos años es un hito importante, por su contenido, por sus orígenes y por su proceso de discusión, que ojalá se diera más seguido con otras leyes. Pero la ley es una herramienta. La democratización se pelea, se disputa, se construye.
Falta mucho para que encontremos en el aire ese añorado 33% de comunicación comunitaria y que sea fuerte, potente, de calidad.  Hay que aprender, hay que organizarse, hay que producir contenidos -además de pedir licencias- y hay que conseguir recursos. Sobre algo de eso tenía pensado escribir en este blog -prontito.
Ahora quería recordar otro punto de aquella lucha que sigue siendo aquí y ahora. El punto 12 del gran consenso logrado por la Coalición. Ese que aseguraba que "los medios estatales deberán ser públicos y no gubernamentales" y "deberán proveer una amplia variedad de programación informativa, educativa, cultural, de ficción y de entretenimiento garantizando la participación ciudadana y la atención a las necesidades de la población".
Llevado a los detalles, está claro, es difícil el debate acerca de cómo debe ser un medio público. Pero algunas certezas hay. Yo tengo una: debe ser distinto a lo que hoy es la emisora del Estado bonaerense, que ayer censuró de su portal la voz de una abogada del Comité contra la Tortura y antes había represaliado a los periodistas que interrogaron al ministro Casal por la desaparición de Luciano Arruga.
Quienes todavía la sintonizan (estómagos a prueba de un sciolismo permanente), habrán escuchado este mediodía la voz de Miguel Croceri anunciando un paro de 5 horas:

A raíz de un nuevo y grave hecho de censura en LS 11 Radio Provincia de Buenos Aires, los periodistas de la emisora realizamos hoy un paro de 5 horas. En la víspera el director de la radio, Roberto Zarlenga, ordenó bajar del portal web una nota, que había salido en la FM de la radio, con una integrante de la Comisión Provincial por la Memoria sobre la denuncia de los internos de la Unidad 45 de Melchor Romero que eran obligados a salir a robar por orden de los penitenciarios. Además dispuso, en forma momentánea, que el redactor de esa noticia no tuviera su clave de acceso al sistema para realizar su trabajo. Esta no es la primera vez que la dirección de la radio adopta medidas de censura que atentan contra la pluralidad informativa. Ya hemos denunciado con anterioridad situaciones similares que han tomado estado público y que fueron discutidas por los trabajadores, sus representantes gremiales y las autoridades de la radio. Sin embargo, a pesar de las promesas Zarlenga insiste con su idea de censura previa, publicar prioritariamente la actividad oficial y tratar de evitar, por todos los medios, las voces disonantes con el gobierno de la provincia de Buenos Aires. La política de Zarlenga está muy lejos de lograr una radio pública, plural y democrática donde tengan cabida todos los sectores del acontecer ciudadano. Ante esta situación periodistas del Informativo, de la Página WEB y de la FM mantuvimos una reunión con el Director de Gestión Comercial de la radio, Ricardo Spalletti, y el asesor de la dirección, Jorge González. En el encuentro los directivos mencionados aunque admitieron el hecho de censura de la víspera, trataron de minimizarlo y defendieron en más de una oportunidad la política de Zarlenga. Los trabajadores de la radio únicamente conseguimos dejar en claro que NO se tolerará ninguna presión ni otro acto de censura y de ser necesario, se repetirán medidas de fuerza como el paro realizado por el Servicio Informativo entre las 11 hs. y las 15 hs. del día de la fecha. Consideramos que si bien, en ocasiones, es necesario discutir la línea editorial de la radio con los funcionarios que la dirigen, los medios estatales y públicos deben garantizar la pluralidad de voces, la libertad de prensa y respetar el trabajo de los profesionales de la radio.

(Una certeza positiva: así, organizados colectivamente para defender sus derechos y el derecho social a la comunicación, deben ser los laburantes de prensa).

Me pareció que no podía dejar de publicar esto en este blog, que tanto insistió con esa inesperada conquista democrática que es la ley de servicios de comunicación audiovisual. Ojalá todo ese amplio espectro que se reunió entonces difunda ahora esta información y se movilice para que Buenos Aires, la Provincia, tenga una radio verdaderamente pública.

Neruda: el poeta K que presiona a la Corte Suprema

"Monopolizar cobre es malo. Monopolizar petróleo, café, barcos, trigo, peor. Monopolizar noticias es crimen", afirmó el poeta chileno Pablo Neruda (en 1959). Se trata de otro ataque al grupo Clarín y una obvia alusión a la Ley de Medios K. Con sus palabras, el comunista transandino ejerce presión sobre un poder independiente del Estado argentino.
ADEPA y la SIP preparan un repudio al retrógrado planteo autoritario, ya que “sin una prensa fuerte e independiente no hay democracia”

«Ley de Medios»: Declaración de la Red Nacional de Investigadores en Comunicación

La superación de la legislación sobre radiodifusión originada en la última dictadura es un debate y una lucha de larga data que ha convocado a muchos sectores en los últimos años.
En la actual coyuntura, en la que el Congreso Nacional debate un proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual, creemos necesario intervenir para:
- reivindicar el consenso logrado a lo largo de los años por decenas de organizaciones sociales, políticas, religiosas, de derechos humanos, sindicatos y universidades públicas a las que pertenecemos, en torno a lo que se conoce como los “21 puntos” de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, que promueven políticas antimonopólicas y favorables a los espacios de comunicación pública y comunitaria;
- valorar el proceso de discusión con la sociedad civil a través de foros públicos realizados en las distintas provincias del país; y
- manifestar nuestra preocupación y rechazo por la alevosa manipulación de la información que vienen realizando los medios pertenecientes a los grandes grupos económicos que concentran la producción de contenidos.
A partir de esas coincidencias, la asamblea de la Red Nacional de Investigadores en Comunicación, reunida en la ciudad de San Luis, expresa su compromiso con toda política que promueva una comunicación democrática y horizontal, federal y pluralista, que son precisamente los principios que identifican a este espacio de intercambio construido durante 14 años.

San Luis, 3 de octubre de 2009

El mundo es redondo

Como el mundo es redondo se aconseja,
no situarse a la izquierda de la izquierda,
pues, por esa pendiente , el distraído
suele quedar de pronto a la derecha.
Se han dado casos. Se repiten tanto
en estos tiempos de confusa urgencia,
que el que quiere cambiar la flor de mano
debe ejercer la ciencia y la paciencia.
Pero no en breves raptos o relámpagos
ni a palos con el águila agorera,
tampoco en conversadas salamancas
de sexo y saxo y de pilosa niebla.
Esas raras maneras del hartazgo
suelen ser distracciones pasajeras,
síntoma tipo de que el ocio endémico
sustituye la historia por la histeria.
Hay que ser consecuente con la furia!!
Escoger entre el viento o la veleta.

"El viento o la veleta", de Armando Tejada Gómez.

Me acordé de este poema el año pasado, cuando los militantes del PCR (que se supone leyeron a Marx, que se supone leyeron a Mao, que se supone quieren el socialismo) agitaban sus banderas repudiando las "medidas confiscatorias" contra los pobrecitos empresarios sojeros.
Me acordé de este poema ayer, cuando en la marcha por tres años de lamentable impunidad en el caso López, me dieron un volante del PO reivindicando la "libertad de expresión"...

Ay, qué imbéciles.
No soy kirchnerista. Pero la verdad es que, de a ratos, nuestra izquierda me obliga.

Charla-debate sobre la "ley de medios"

La Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Exactas -la misma que edita una revista amiga, Materia Pendiente, que ya va por su número 6- y la Comisión de Prensa y Difusión del CEFCE organizaron una charla-debate en torno al proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual.
Mañana estaremos ahí, según dice la invitación:

Martes 15/9, 18 horas.
Aula de Conferencias - Facultad de Ciencias Exactas (47 y 115)
Disertantes:
Claudio Díaz, periodista y escritor.
Daniel Badenes, docente, investigador y extensionista de la UNLP y la UNQ. Periodista de La Pulseada.
Lucio Aberastain, integrante de la Coalición por una Radiodifusión Democrática.

Oportunidad

La ley no será transmitida...

Impulsada por la pelea con Clarín.
Con los mismos que firmaron la prórroga de silencias, apañan a Rudy Ulloa y quizá pacten con Telefónica.
Eso y lo que quieran agregar...

Con todo, este jueves entrará al Congreso el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual (ese que seguro que nunca llega) y la lucha por democratizar la comunicación sigue haciendo historia. Hace muchísimo tiempo no había un proyecto tan discutido en foros públicos. Y está basado en la plataforma impulsada por la Coalición por una Radiodifusión Democrática -que prontito cumple cinco años de lucha-: cuesta pensar otra iniciativa legislativa con tanto, tanto consenso entre las organizaciones del campo popular.
En esto, como ya dije alguna vez, estoy con el oficialismo. Acaso porque es al revés: porque en esto, con sus propios intereses, ellos están con nosotros.

No, claro que no es el momento de impulsar esta ley. El momento era hace 25 años. Pero si ahora podemos saldar la deuda, vamos.
Lo digo por acá, se lo diré a mi almacenera, lo discutiré con taxistas y hace un tiempo lo escribimos en La Pulseada. Para combatir las mentiras que dijeron y dirán en la tele, va esta nota sobre los alcances, límites y desafíos de una batalla legal silenciada.

IMAGEN Grabado de JUAN BERTOLA - Publicado en La Pulseada, mayo de 2009

Muros

Oscar Wilde escribió hace más de un siglo: “Las cárceles se construyen con muros para que Dios no vea lo que hace el hombre con sus hermanos”. El trabajo del Comité contra la Tortura que recogemos en esta edición* resquebraja ese muro. El interior de las cárceles existe y ya ni falta hace leer grandes tratados de sociología para comprender que en ese infierno las prácticas institucionales no van a “resocializar” a nadie. “En condiciones tan inhumanas el hombre se hace salvaje”, comentó Carlitos Cajade cuando visitó, hace cuatro años, uno de estos campos de concentración de pobres.
La situación apenas ha cambiado. Los presos son cada vez más jóvenes y más pobres. Y la mayoría llega por delitos menores que ni siquiera han sido probados en un juicio. Tras los muros, el maltrato y la tortura son habituales. Esa violencia, junto a la corrupción que los priva de alimentos y la falta de cuidados que los deja a merced del SIDA y otras enfermedades, hace que ese encierro sea, a juego de lotería, una pena de muerte. Prohibida por la Constitución, esa condena se aplica de hecho, silenciosa y masivamente. En institutos de menores, cárceles y comisarías superpobladas, no hay derecho que valga.
Pero de esas muertes cotidianas no se habla. La Justicia no las juzga y escasas veces se advierte esa “inseguridad” en los grandes medios de difusión, donde la palabra está concentrada y la información es un negocio avalado por una ley que -pese a los auspiciosos anuncios que aplaudimos en su momento- sigue sin ser modificada.
Así, el mes pasado, la agenda se redujo a la gripe A. A la gripe de algunos, claro. Porque ¿hubo alcohol en gel, barbijos o Tamiflu al interior de las cárceles? ¿Alguien previno allí el hacinamiento? Intuimos la respuesta porque, pese a los muros, es sabido lo que estamos haciendo con nuestros hermanos.
La gripe nos perturbó. ¡Una pandemia! Nos preocupamos mucho, como no lo hacemos con otras enfermedades que representan un riesgo mayor y crecen sin pausa, como el Chagas, la fiebre amarilla, la tuberculosis...
La gripe nos alteró. Reorganizamos nuestras vidas. El peligro era real: la Influenza existe y, sin las medidas adecuadas, puede conducir a la muerte. Por eso mismo fue el nuevo muro que separó a los incluidos de los excluidos.
Pensémoslo con un ejemplo: reorganizar la vida por la gripe fue, para los chicos que asisten a los casi 15.000 comedores de las escuelas y jardines bonaerenses, perder esa comida diaria que a veces es la única. El Estado provincial tomó cartas en el asunto vergonzosamente: reemplazó el servicio por la entrega de una canasta de alimentos ¡cada quince días!
Por otra parte, mientras la gripe de los incluidos llamó nuestra atención, el Senado se reunió y aprobó un nuevo régimen penal para adolescentes. Quizá tenga aspectos positivos: además de dejar atrás una norma de la dictadura, ofrece ciertas garantías en el proceso penal que hoy no existen. Pero al mismo tiempo se baja la edad de imputabilidad a los 14 años. Nos inquieta que se haya tratado sin discusión pública. Y nos indigna que, una vez más, se esté eludiendo la cuestión de fondo: las gravísimas problemáticas sociales que afectan a los pibes. En vez de fortalecer políticas de contención y promoción de sus derechos, piensan en el castigo.
Si algún crimen nos convoca con urgencia a tomar medidas, es el hambre. Así lo dice hace años el Movimiento que nació del empuje de Cajade junto a Alberto Morlachetti, de Pelota de Trapo. El mes pasado, una compañera de Pelota sufrió la novena intimidación sobre el Movimiento de los Chicos del Pueblo en poco tiempo. Y acaba de cumplirse un año del episodio en que un escuadrón parapolicial amedrentó a los chicos que sobrevivían en la Plaza San Martín. La investigación del hecho está parada. Como contamos en nuestras páginas, la causa que avanzó fue un recurso de amparo contra el Estado por incumplir el régimen de protección integral de los niños. Pero la ley sigue sin practicarse.
Haber garantizado sus derechos debería ser un requisito para discutir la edad de la imputabilidad. Sin embargo, mientras nos prevenimos de la gripe, centenares de pibes siguieron en la calle pasando hambre. Y se vuelve a proyectar mandarlos detrás del muro, donde la muerte ocurre pero no se ve.

* Editorial de La Pulseada N° 72, agosto de 2009.

IMAGEN Tapa de La Pulseada 72 (AUTOR RICARDO CARPANI)

La ley no será transmitida

Los grandes medios no revelan sus intereses. No sinceran quiénes son ni para quién juegan. Y sin decirlo, defienden una aberrante ley de la dictadura. Queremos romper ese silencio. Contar quiénes son y quiénes somos. Y advertir que se está disputando, ahora mismo, la educación de nuestros pibes, el debate público y la democracia.

La Pulseada de mayo está dedicada a la lucha por regular a los medios audiovisuales.
Participan, escriben y opinan: Néstor Busso, Roberto Gargarella, Guillermo Mastrini, Daniel González, Mariana Moyano, Pablo Llonto, Tatiana Merlo Flores, Esteban Rodríguez, Verona Demaestri y quien suscribe, entre otros.

Para sembrar preguntas y cosechar debates. Porque como dice Norberto Galasso -entrevistado en esta misma edición-: "Aprendí a desconfiar de los medios a los 18 años cuando escuché una discusión donde un peronista de la resistencia le decía a un gorila: usted miente como un diario".

Además: Los crucificados de hoy / Jorge Money: retrato de un poeta asesinado / Melodías sanadoras de Verónica Condomí.

IMAGEN Tapa La Pulseada N° 69 (GRABADO JUAN BERTOLA)

Por una radiodifusión democrática: dos invitaciones

LA SEMANA ENTRANTE,
EN QUILMES Y ENSENADA

Lunes 4 de mayo.
Universidad Nacional de Quilmes (Roque Sáenz Peña 352, Bernal)
Jornada “Por una radiodifusión democrática y para todos”
La Universidad Nacional de Quilmes acompaña a la Coalición por una radiodifusión democrática y sus 21 puntos. Desde hace más de una década, sus profesores, investigadores, estudiantes y graduados contribuyen a generar propuestas de democratización de la comunicación en la Argentina. En el marco del debate por la iniciativa de presentación del proyecto de ley de servicios audiovisuales, la UNQ organiza una serie de actividades de acceso público a las que invita a la comunidad a participar:

De 17:30 a 20.00. Aula 210. Talleres de análisis y discusión sobre el proyecto. Ejes temáticos: Licencias – Contenidos- Diseño institucional – Políticas públicas – Nuevas tecnologías.
Coordinan: Martín Becerra, Esteban Rodríguez, Daniel González, Guillermo Mastrini, Daniel Badenes, Nancy Díaz y Luciano Grassi.

20.00 hs. Salón Auditorio. Charla sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Invitados: Miguel Wiñazki, Claudio Morgado, Martín Becerra.
Organiza: Licenciatura en Comunicación Social – Departamento de Ciencias Sociales, UNQ.

* * *

Viernes 8 de mayo. 18.00 horas.
Centro Cultural “La Vieja Estación" de Ensenada
(Calle Alberdi y Sidoti)
Charla-debate "¿Por qué una nueva ley de servicios de comunicación audiovisual?"
Invitados: Pablo Antonini (Periodista / Representante del Foro Argentino de Radios Comunitarias) – Daniel Badenes (Periodista / Docente en las carreras de comunicación de la UNLP y UNQ).
Organiza: Dirección de Cultura de la Municipalidad de Ensenada.

Operaciones

El 17 de abril pasado Clarín publicó bajo el título “Otra crítica al proyecto de Ley de Radiodifusión” una supuesta opinión de la Asociación de Prensa de Buenos Aires (APBA), contraria al proyecto oficial. Según el diario, APBA sostenía que el proyecto es un “instrumento legal autoritario” que “persigue convertir a la actividad de los medios de comunicación en un enorme ejército disciplinado comandado por un ente burocrático” y negaba el consenso existente entre los especialistas: “Las consultas se hicieron con ´los amigos del Gobierno´, a las escondidas, y en asambleas universitarias promocionadas como foros federales de discusión”. El día siguiente salió publicado un pequeño recuadro, bajo el poco atractivo título “Aclaración de APBA”. La Asociación desmintió la autoría de esa crítica y se manifestó a favor de cambiar la norma de la dictadura. La fe de erratas ocupaba menos de la tercera parte de la nota original.
El operativo mediático contra la nueva ley también incluyó voces de la academia. El 12 de abril, Perfil publicó un artículo donde el semiólogo Eliseo Verón escribe: “La Presidenta nos explica que el proyecto de ley sobre la comunicación audiovisual tiene por objetivo permitir la expresión de ´todos los ciudadanos, todas las voces, todos los pensamientos´. Salvo, claro, aquellas voces o pensamientos que se oponen al Gobierno (léase: que atentan contra las instituciones), como en mi caso”.
¿Dónde? ¿Cómo? ¿En qué artículo el proyecto es autoritario? ¿En la parte que incluye a la segunda y la tercera minoría política en la autoridad de aplicación, o en donde prevé audiencias públicas antes de prorrogar licencias?
La falta de argumentos en alguien de su trayectoria es curiosa, pero no inexplicable. Aparecen razones cuando uno revisa quiénes fueron sus empleadores más recientes. En los últimos 15 años, Veron hizo diversos trabajos de testeo editorial y rediseño de productos del gran diario argentino. Actualmente integra el consejo académico de una Maestría en Periodismo que otrora dirigió, organizada por la Universidad de San Andrés, la Universidad de Columbia y... el grupo Clarín.