sábado, 31 de diciembre de 2011

2012

por otro año lleno de colores
en el que sigamos pedaleando juntos
sin caras largas y trágicas
por un país más justo
por un mundo donde quepan todos los mundos



viernes, 23 de diciembre de 2011

Una ley de terror

Me acordé de Políticas del terror a propósito de unas peores noticias legislativas de los últimos tiempos: la sanción de la ley antiterrorista en Argentina, considerada por Horacio Verbitsky una "pésima técnica legislativa que carece de racionalidad" y calificada por Eugenio Zaffaroni como "un disparate", resultado de una extorsión a las que se supone ya no cedíamos.
Porque esta reforma al Código Penal, según intentan explicar, es un pedido del Grupo de Acción Financiera (GAFI). En rigor, lo que ese organismo de segunda exigía eran medidas más enérgicas contra el lavado de dinero (...te las debo) y contra el financiamiento del terrorismo (algo que no requería la afirmación de un tipo penal abierto tan peligroso y aprovechado, acá nomás, para reprimir el conflicto social).
Da mucha pena leer entre los votos afirmativos los nombres de Martín Sabatella, Gastón Harispe, Jorge Rivas, Eric Calcagno, Eduardo De Pedro y algún otro militante con una trayectoria más o menos valorable, que hasta hace poco sostenían el buen criterio de reconocer lo bien hecho, objetar lo cuestionable y presionar para correr un poco más allá el horizonte de lo posible. También es patético recordar que Carlos Kunkel, ferviente defensor de la actual reforma, había sido uno los ocho JP expulsados del justicialismo por negarse a endurecer el Código Penal por pedido de Perón. Esta vez, nadie se mosqueó.

En fin: una ley de terror, preocupante y repudiable. Algunas aproximaciones a qué implica la ley, en Lavaca, en Saberderecho y en el texto que presentó Eduardo Grünner entre los intelectuales vinculados al FIT. También echan luz, para mí, algunas ideas leídas en aquel libro publicado por el CIAJ hace cuatro años:
  • “La palabra terrorista no tiene semántica. La prueba es que nadie afirma formar parte del conjunto que designa. Nadie dice: ´Yo soy terrorista´. Terrorista siempre es el enemigo” (Esteban Rodríguez Alzueta)
  • “...a través del derecho penal del enemigo, el Estado, para luchar eficazmente con el enemigo, procede a imponer penas desproporcionadas y draconianas, a penalizar conductas en sí mismas inocuas o muy alejadas de ser una amenaza o peligro para un bien jurídico y, lo que todavía es más grave, a eliminar o reducir a un mínimo ciertas garantía y derechos del imputado en el proceso penal” (Eduardo Reszes)
  • "El terrorismo cobró una centralidad similar a la que tenía «el comunismo durante la Guerra Fría en los países capitalistas. Estamos ante una nueva caza de brujas, mucha más sofistifcada y más dura, pero también más sutil y más hipócrita" (Esteban Rodríguez Alzueta)
  • “...no hay ninguna necesidad de ser un especialista en derecho para que podamos captar los peligros que puede entrañar la utilización de la Ley Antiterrorista contra la ciudadanía en general, contra movimientos sociales y políticos en particular” (Julián Axat)

Un libro para releer

“Políticas de Terror. Las formas del terrorismo de Estado en la globalización”, Jerónimo Pinedo y otros, Ad-Hoc - CIAJ, Buenos Aires, 2007.

El atentado a las Torres Gemelas, el 11/9 de 2001, fue un gran favor para el poder hegemónico. De esa constatación parte Políticas del terror, un ensayo colectivo que explora el andamiaje jurídico y la política internacional que se gestaron a poco de que el fantasma del terrorismo calificara como un buen sustituto para ocupar el rol de enemigo que el ocaso del comunismo había dejado vacante.
Cinco integrantes del Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ) y seis invitados estudian distintas dimensiones –sociales, políticas, legales– del complejo proceso que se disfraza de “guerra contra el terrorismo”, en el que los Estados llevan una doble vida. Por un lado reivindican la universalidad de los derechos humanos y se ajustan a sus estándares jurídicos. Por otro, se embarcan en una cruzada que requiere un “estado de excepción” permanente: avanza en todo el mundo el denominado “derecho penal del enemigo”, que no reprime actos sino actores, que extiende las penas al infinito y recrudece los dispositivos de vigilancia y castigo. Mientras, el Estado se desentiende de problemas sociales que apremian.
Sobre eso trata Políticas del terror, que no se circunscribe al caso argentino ni al derecho internacional, sino que incluye trabajos sobre la persecución de los anti-globalizadores en la Unión Europea, las medidas de excepción en el País Vasco, el oscuro discurso de la “seguridad democrática” en Colombia, y los ataques a los defensores de derechos humanos en Guatemala, donde la lucha anti maras es la versión local del chivo expiatorio. En todos los casos, el incremento de la violencia institucional y parainstitucional apunta a quienes hace rato padecen la criminalización de la protesta y de la protesta, estudiada por el CIAJ en un volumen publicado en 2004 junto a HIJOS La Plata y Ediciones Grupo La Grieta.
El nuevo libro –con el sello de una editorial especializada en derecho– es desparejo: textos prolijamente elaborados conviven con otros que intimidan por su tono tratadista o abruman con expresiones en latín, largas citas jurídicas y notas al pie infinitas. Pero todos ofrecen información abundante que vale la pena... y asusta: Chile apeló a la Ley Antiterrorista de Pinochet para tratar el conflicto mapuche; España estableció la responsabilidad penal para niños asociados al terrorismo (“antes que menores hay que considerarlos terroristas”, explicó Aznar); Colombia quiere extender el servicio militar a mujeres e indígenas; Estados Unidos autorizó “tribunales sumarísimos” donde el propio gobierno puede acusar, juzgar y ejecutar sin posibilidad de apelación.
La guerra antiterrorista evidencia rasgos compartidos con un mundo que se creía clausurado junto al nazismo y la segunda guerra: el desprecio por la vida, la muerte indiferenciada, la racionalidad instrumental, y campos para la exclusión y eliminación de una parte de la población cuya humanidad se niega. Este es el eje del capítulo escrito por Pilar Calveiro, que demuestra que los campos de concentración gozan de buena salud y, más aún, son centrales en la reorganización global del poder: “Guantánamo es sólo el caso más visible de una red mayor de centros de detención clandestinos”, un nuevo gulag que parece invisible a sus contemporáneos, igual que los campos de concentración de cada época, siempre admitidos con posterioridad. Queda clara la relación con su trabajo previo Poder y desaparición, por el que Calveiro es una de las firmas más conocidas de esta publicación, en la que acompaña a investigadores jóvenes y militantes. Entre ellos, Julián Axat propone un análisis claro y riguroso de los proyectos de legislación antiterrorista en nuestro país, en los que encuentra un parecido de familia con leyes y decretos “antisubversivos” que florecieron en los ´60 y ´70. La figura de la subversión, “un adefesio político engarzado a textos jurídicos”, resultaba tan indefinida como el terrorismo hoy.
Otro trabajo que sobresale corresponde a Rodolfo Iuliano, quien además de escudriñar las formas de la institucionalización imperial, con dispositivos de confinamiento que ya ni siquiera son disciplinarios, plantea incisivos interrogantes sobre el discurso internacional de los derechos humanos, que se ha mostrado impotente para enfrentar la política imperial. Su minucioso ensayo hace tambalear incluso algunas palabras escritas en otras páginas del libro. Sin descartar su potencial emancipatorio, Iuliano advierte la necesidad de superar la postulación abstracta de derechos para encarar una acción política que haga realidad el igualitarismo: “nos estamos preguntando por la viabilidad, la rentabilidad fáctica y la eficacia material que podría tener la encarnación del discurso de DD.HH. en un proyecto político situado dentro del campo de batalla, desvestido del ropaje episcopal del universalismo con que sermonea a su feligresia –la humanidad toda– desde un púlpito elevado por encima de las pugnas políticas concretas, múltiples y culturalmente heterogéneas”. El dilema se plantea entre seguir en la arena jurídica, donde hoy se muestra ineficaz pero perdurable, o probar suerte en la política, donde puede ser eficaz a costa de la contingencia.
En fin, con distintos tonos el libro examina los peligros de la cruzada por la seguridad global, busca herramientas para confrontarla, y demanda incluir la cuestión en la agenda de nuestras preocupaciones. La advertencia no parece desatinada. Y si quedaban dudas, en junio el Congreso nacional sancionó la norma que reclamaba el lobby norteamericano: una nueva ley antiterrorista.

Publicado en Puentes N° 21, año 2007.

viernes, 25 de noviembre de 2011

No más cámaras en las escuelas

Mala noticia para los que querían problar la ciudad de cámaras; buena para nuestros derechos. El miércoles pasado el juez Luis Arias dictó una medida cautelar, solicitada por el defensor del fuero de responsabilidad juvenil Julián Axat, ordenando que la Municipalidad y la Provincia se abstengan "de permitir la existencia y/o proveer la instalación de todo dispositivo de registro-video en cualquier espacio o establecimiento educativo departamental".
También encarga "a la Municipalidad de La Plata la elaboración de un informe relacionado con la instalación de cámaras de seguridad en el Establecimiento Educativo N° 22 de La Plata –Altos de San Lorenzo –, en el plazo de cinco (5) días de notificada la presente". E intima al Estado bonaerense "a que, de manera inmediata a la notificación de la presente y a través de sus organismos competentes, se abstenga de realizar actividad material y/o administrativa alguna que implique la obtención, recolección y/o utilización de registros de imágenes, fotografías y datos sobre menores de edad, vinculada a la tramitación de sumarios y/o causas penales que no se encuentren en trámite al corriente mes y año 2011, así como a procedimientos policiales y actuaciones prontuariales".
Para el juez, los hechos citados en la demanda de Axat "resultan de extrema gravedad, atento la implementación del sistema de cámaras de vigilancia y seguridad en establecimientos educativos de ésta Ciudad, y la posible proyección de esa medida en otras instituciones, así como por la obtención y utilización de imágenes y datos de menores de edad con fines policiales".
No estaría mal, ahora, pensar el asunto más allá de los niños y adolescentes, y legislar para que la demagogia de la seguridad no clausure la esencia de la ciudad convirtiéndola en un gran panóptico.

martes, 22 de noviembre de 2011

De la Masacre de Quilmes a la Policía Metropolitana

Hace cinco años escribí sobre la Masacre de Quilmes en La Pulseada:

(...) Telvi conoce la Villa Itatí de Don Bosco como la palma de su mano. Se la sabe de tanto caminarla buscando a su hijo, el que le falta. “Con él eran siete; me quedan seis”, cuenta entre el bullicio de una nena que corretea en la tierra ignorando la razón de la entrevista. Ella era bebé la última vez que Diego Maldonado estuvo ahí. Él aprovechaba el cambio de sus pañales para huir y ganar la calle sin medir peligros.
Antes siete, ahora seis. Telvi resta al tercero: Diego. Tenía 16 años, pesaba 40 kilos y el paco lo estaba matando. Un día, en un despacho lleno de carpetas, atinó a pedirle a una jueza “un lugar piola” para dejar esa adicción, por su abuela y su mamá.
“El paco está destruyendo a los chicos. Cuando los ves consumiendo te parte el alma”, dice Telvi, aunque con su hijo fue distinto: la policía le ganó de mano a la droga de los más pobres.
Diego esperó tres semanas el tratamiento que nunca obtuvo. En cambio, la noche del 20 de octubre de 2004 recibió la pena de muerte en la Comisaría Primera de Quilmes, donde estaba recluido con otros 16 menores que dormían en el suelo; no podían salir al patio ni recibían atención médica.
“Detenían ahí a los menores de todo Quilmes, Berazategui y Florencio Varela. Muchos estaban esperando un tratamiento de adicciones; a algunos los detuvieron por robo pero sus situaciones eran evidentemente asistenciales”, explica Tobías Corró Molas, el cura párroco de Don Bosco: “Los problemas son constantes. Los sectores más pobres y las barriadas son territorio de la policía, que opera con total libertad”.
Telvi pudo reconstruir que “casi todos los días sacaban a los chicos de los dos calabozos y los obligaban a golpearse, por más que no fueran enemigos.  Todas las madrugadas los levantaban, les mojaban los colchones y les hacían requisas con golpes”.
Aquel día un candado se rompió y la reprimenda fue mayor. “Según la investigación y los testimonios de los chicos, los policías entraron, los pusieron contra la pared, los hicieron desnudar y les pegaron. Y prometieron volver a la noche”, dice Corró Molas, que acompañó desde el primer momento a la madre de Diego y a otros familiares de lo que comenzó a llamarse “Masacre de Quilmes”.
Para evitar otra paliza, cerca de las 22 alguien prendió fuego un colchón. “Los policías demoraron en llamar a los bomberos y en sacarlos. Y cuando lo hicieron fue a palazos. Les pegaron a todos los que estaban quemados, los chicos cuentan que se quedan con pedazos de piel en la mano y que estaban muy asfixiados”. Recién después los llevaron al Hospital. “Tardaron 15 o 20 minutos en hacer ocho cuadras”, remarca el cura Tobías: “Ninguno, ninguno fue llevado en ambulancia”.
Todos los traslados fueron en móviles policiales y duraron más de lo que lleva caminar ese trayecto. El hijo de Telvi entró a las doce y media. Fue el primero en fallecer.
La tarde del 21 murió Manuel Figueroa: tenía 17 años y también aguardaba una vacante en alguna clínica.
Cinco días después, Elías Jiménez, de 16. Debía estar en libertad pero demoraron su salida porque en una computadora apareció el antecedente de un mayor que tenía su mismo nombre. La causa databa de cuando Elías tenía 9 años.
Por último, a las tres semanas falleció Miguel Aranda, de 17, y su pareja quedó sola para criar a Mauro, de dos años de edad. El día de su muerte en el Hospital de Gonnet, la familia recibió el oficio que le otorgaba la libertad.
Los que sobrevivieron tenían heridas graves y afecciones respiratorias. Fueron derivados a distintos hospitales y los custodios no los dejaban solos en las visitas: “no permitieron que las familias se junten y se puedan contar lo que había pasado”, infiere Corró Molas. Ninguno fue derivado al Instituto del Quemado, más cercano que los hospitales que los recibieron.
“El comisario y todos los policías declararon que no había habido golpes, que eran todos héroes y que la culpa de la muerte era de los pibes. Con el tiempo, la Justicia pudo probar que hubo torturas, que hubo golpes y que hubo demora en tratar de salvar a los pibes”, confronta el párroco de Don Bosco. Aún no hay detenidos (...)


Ahora nos enteramos que Carlos Fernando Pedreira, que fue exonerado de la Bonaerense en 2007 por su intevención aquella noche del 20 de octubre de 2004, es integrante de la Policía Metropolitana. Y su ingreso a la fuerza data de al menos dos años.
A siete años de la masacre de Quilmes, todavía no hay fecha para el juicio oral. Hay diez policías involucrados, pero ninguno está detenido.

lunes, 21 de noviembre de 2011

y ahora también, Censura/FB

En más de una oportunidad (que yo recuerde, acá y allá), linkeé el excelente laburo de Chempes con sus hormiguitas. Dibujadas sobre hojas de carpeta Rivadavia, pensadas para Facebook, con citas sugestivas aparecían cada mañana, de lunes a viernes, desde principios de año. Y de tanto en tanto, como yapa, surgían hormiguitas viajeras por la ciudad, en paredes compartidas y eventos del palo.
Aquellos links ya no funcionan: las imágenes ya no están en Facebook, y el Chempes tampoco, porque la red tiene dueños, sus propios fines y sus propias reglas. Pero ellas siempre encuentran un huequitos y reconstruyen el hormiguero. Aquí va, pues, el nuevo link y un abrazo blasfemo que certifica ese documento, esa identidad, la que uno construye haciendo, la única que vale.

sábado, 19 de noviembre de 2011

Censura/12


Por segundo día consecutivo, el matutino Página/12 manipuló un artículo de Dario Aranda sobre el asesinato del militante del MOCASE-Vía Campesina Cristian Ferreyra, para borrar el nombre del gobernador Gerardo Zamora. La oración clave arrancada del primer párrafo de esta nota decía: “El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), donde militaba Ferreyra, enumeró cuatro niveles de responsabilidad: el modelo agropecuario, el gobernador Gerardo Zamora, el Poder Judicial provincial y el Gobierno Nacional”.
Nos cuenta el autor de Argentina Originaria: “La nota que hoy aparece en Página12 con mi firma no se corresponde con la que escribí. Específicamente el primer párrafo (lo más importante de una nota periodística). Un derecho básico de los periodistas es tener la posibilidad de retirar la firma. No me han respetado ese derecho. Por este oficio que abrazo y por las organizaciones sociales en lucha (y por los asesinados por este modelo extractivo) es imprescindible esta aclaración”.
El dia anterior, en su cobertura de la noticia del asesinato, también había desaparecido toda referencia al gobernador, que no quiso atender los teléfonos (Télam, por su parte, publicaba esta asquerosidad).
Diego Martínez, delegado de los trabajadores del diario, expresó hoy su "solidaridad con Darío y mi repudio a este acto poco sutil de censura, que es una falta de respeto a todos los trabajadores de prensa y también a los lectores".
Todos los que conocemos y valoramos el laburo de Darío, todos los que apostamos a una comunicación democrática, repudiamos el hecho.
Y el viejo Página... que en paz descanse.

PD: Sobre el asesinato de Cristian Ferreyra, más en Lavaca y el MNCI.
Asesinado por sicarios enviados por un empresario sojero, se trata del cuarto crimen directamente vinculado a desalojos por "ampliación de la frontera agrícola" que ocurre en los últimos dos años. El diaguita Javier Chocobar fue asesinado en Tucumán el 12 de octubre de 2009. La campesina santiagueña Sandra Juárez murió el 13 de marzo de 2010, mientras resistía el avance de una topadora. Y dentro de cuatro días se cumple un año del crimen del qom Roberto López fue durante un corte de ruta en Formosa. Como escribí en octubre, estos crímenes, sumados a la impunidad y el silencio gubernalmental y mediático que los rodean, expresan la contradicción más honda del kirchnerismo, o acaso los límites de su progresismo.

martes, 15 de noviembre de 2011

Jornada sobre historia de LP+Berisso+Ensenada

Quedan todos invitados a la Primera Jornada “Qué sabemos de La Plata, Berisso y Ensenada antes y durante la dictadura”, que se realizará este viernes 18 de noviembre en el Centro Cultural La Vieja Estación de Ensenada (sí, amigos: no todo tiene que ocurrir en el centro de La Plata), ubicada en calle Sidotti y Alberdi.

10 hs.- Palabras de Apertura
- Aníbal Viguera. Decano de la FaHCE - UNLP
- Carlos Ferrari. Director de Cultura de la Municipalidad de Ensenada
- Daniel Badenes. Programa para la Reconstrucción de la Memoria sobre el BIM 3
- Alejandro Sandes. Concejal de Ensenada – ex miembro de la Comisión Interna de Propulsora Siderúrgica

10.30hs á 12.30 hs. Primera Mesa de discusión: LAS MILITANCIAS
- Pablo Bonavena  (FaHCE – UNLP)
- Juan Luis Carnaghi (FaHCE – UNLP)
- Horacio Robles (FaHCE – UNLP)
Coordina: Gonzalo Chaves

12.30 hs. a 13.30 hs. Lunch

13.30 hs. a 15.30 hs. Segunda Mesa de discusión: LA FÁBRICA
- Marcelo Raimundo (FaHCE – UNLP)
- Adrián Celentano (FaHCE – UNLP)
- Eleonora Bretal (FaHCE – UNLP)
Coordina Victoria  Basualdo

15.30 hs.- Intervalo.

16 hs. a 18 hs.- Tercera Mesa de discusión: LA REPRESIÓN- Sandra Raggio (FaHCE – UNLP / CPM)
- Ivonne Barragán (FLACSO – UNMdP)
- Guadalupe Godoy (Abogada querellante  por la CTA de La Plata, Berisso y Ensenada en el juicio por el Circuito Camps)
Coordina: Candelaria Urtasun
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