Llegó el día de los Amicus Curiae, un capítulo más en la lucha por la plena vigencia de
la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, acaso la más democrática de
las leyes votadas en democracia: construida en base a un gran consenso,
debatida y enriquecida en foros federales y votada por una amplia mayoría
parlamentaria. Hoy, quizá por la presión social sobre el tema, la Corte Suprema
–donde se dirimen cuatro artículos de la norma obstaculizados por recursos
judiciales- habilitó una nueva instancia de debate, en audiencias públicas a las
que recurren organizaciones civiles como “amigas del tribunal”.
Como ha explicado la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, los Amicus Curiae
fortalecen al sistema de justicia “a través de reflexiones aportadas por
miembros de la sociedad, que contribuyen al debate y amplían los elementos de
juicio con que cuenta la Corte". Por eso desde la REDCOM, que nuclea a las
carreras de comunicación social y periodismo de unas treinta universidades del
país –en las que se han hecho aportes significativos para pensar el derecho a
la comunicación- nos presentamos ante la Corte Suprema: para defender la plena constitucionalidad de la ley y explicar que
los artículos hoy cuestionados por una corporación económica “responden a los mandatos constitucionales y
a los más altos estándares internacionales de derechos humanos en relación al
derecho a la comunicación, e implican un cambio de paradigma sustancial en
relación al derogado Decreto-Ley Nº 22.285 que concebía a la actividad como
meramente comercial y discriminaba al sector privado sin fines de lucro, a los
pueblos originarios y a las universidades, entre otros actores”.
La Corte aceptó el aporte de la REDCOM,
pero no habilitó la intervención oral en la audiencia pública. Lo mismo sucedió
con los escritos realizados por otras organizaciones, como los agrupamientos
del sector comunitario FARCO y AMARC. Así, el máximo tribunal confirmó el
carácter inédito de esta audiencia, en la que desde un principio se instó a la presentación de cinco amicus por cada parte
en litigio, lo cual implica una interpretación nueva de esa figura, algo
confusa o errática, pues se supone que se trata de “amigos del tribunal” y no
de “amigos de las partes”.
Esta atípica utilización del recurso, más
allá de la controversia jurídica, resultó un
ejercicio interesante para saber quién es quién en este litigio. En ese
sentido, la identidad de los Amicus que
intervienen con consentimiento del grupo Clarín es bien ilustrativa.
El primero que tendrá la palabra es Asdrúbal Aguiar Aranguren, inscripto
por una organización pomposamente llamada Observatorio
Iberoamericano de la Democracia, creada en 2007 e integrada por académicos
y “hombres con formación de Estado” con una supuesta trayectoria en defensa del
Estado de derecho. Según su web, encabezan la institución dos referentes de
“academias nacionales”: el ya citado Asdrúbal Aguiar y Gregorio Badeni, quien
casualmente es abogado patrocinante de otro de los amicus avalados por Clarín.
No es la primera vez que Asdrúbal Aguiar presenta un recurso de este tipo en un
conflicto que involucra la regulación de medios. Ya lo hizo antes en su país de
origen, Venezuela, en un litigio que enfrentó al Estado bolivariano con Globovisión.
Este canal privado y el abogado venezolano tenían algo en común: ambos avalaron
el golpe de Estado de 2002 que quiso erigir presidente al líder empresario
Pedro Carmona contra toda legalidad. El fracaso golpista alejó a Aguiar de su
país, donde había sido funcionario del gobierno de Rafael Caldera, y lo acercó
al nuestro. En 2005 fue incorporado como “Académico Correspondiente” de la Academia
Nacional de Ciencias Morales y Políticas, título que suena honroso hasta que
uno se pregunta de qué se trata. Esa Academia
está integrada, entre otros, por el empresario Carlos Pedro Blaquier y por el
ex fiscal Alberto Rodríguez Varela, ambos acusados por gravísimos delitos
de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar (Rodríguez Varela está acusado de haber participado de los
interrogatorios que sufrió durante su secuestro el periodista Jacobo Timerman).
Vale decir también que los sitiales ocupados por los miembros de número de la institución llevan nombres de figuras de
la historia argentina, y que la Academia considera entre esos próceres a Pedro
Eugenio Aramburu. Sus integrantes –entre los que también está Badeni- no pueden
ignorarlo.
Otro de los “Amicus” asociados al multimedio
corresponde al Comité del Consumidor
(CODELCO), institución con sede en Salta, que no debería confundirse con la
Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC), que
se presentó como “amicus independiente” con argumentos favorables hacia la ley.
De CODELCO vale tener en cuenta quién es su representante, el abogado
ultraconservador Francisco Durand Casali,
muy activo en su provincia, donde recurrió al Poder Judicial para que se
anulara un protocolo de Procedimientos
para la Asistencia Integral de toda Víctima de Violencia Sexual y la Concreta
Atención de los Abortos no Punibles. Por suerte para la salud de las
salteñas, no tuvo éxito.
CODELCO tendrá dos expositores: el
constitucionalista Andrés Gil Domínguez y el semiólogo Eliseo Verón, quien según la primera información de la Corte sobre
las presentaciones recibidas había realizado una a título personal -incluida
entre los amicus avalados por Clarín-. Verón fue un cuadro intelectual
destacado en los debates de la comunicación y las ciencias sociales en los años
´70, cuando venía de formarse en Francia con Ronald Barthes y Claude
Lévi-Strauss, y fue uno de los editores de la revista Lenguajes. De un tiempo a esta parte ha cumplido otros roles.
Algunos lo recordarán como panelista de la primera edición de Gran Hermano, el ciclo que hacía gala
del cautiverio televisivo de un grupo de jóvenes de clase media. En 2011
asesoró a Eduardo Duhalde para posicionar su imagen como candidato. No extraña
que sostenga la posición del grupo monopólico: entre 2000 y 2006 fue el encargado
de dirigir la maestría que Clarín fundó junto a la privada Universidad de San
Andrés. Y asesoró en varias instancias del rediseño del diario papel y digital.
Su condición académica es innegable. La de amigo de una de las partes, también.
En San Andrés también trabaja otro Amicus: el abogado Lucas Sebastián Grosman, que dirige la carrera de abogacía de esa
Universidad y seguramente se presentará ante la Corte como especialista en
“defensa de la competencia”. En la primera información sobre los inscritos a la
Audiencia –antes de que la defensa de Clarín reacomodara fichas-, Grosman
aparecía como “independiente”, sin vinculación con las partes en litigio. Curiosa
independencia, ya que Grosman fue uno de los fundadores de la Asociación para
la Defensa de la Competencia, la
organización que promovió un recurso de amparo a favor de la empresa Fibertel
(del grupo Clarín), más tarde denunciada como “ONG fantasma” porque sólo
participó de ese caso en una década de existencia. Grosman también es socio de la Asociación de Derechos Civiles, que usa la misma sigla (ADC), aportando a la confusión general. Como esta última tiene en su agenda temas de "libertad de expresión", sigla equivalente le vino bien a la otra ADC para "prestigiar" el amparo a favor de Fibertel. De ambas ONG también es miembro Carlos Rosenkrantz, rector de la Universidad de San Andrés, por lo tanto empleador de Grosman y Verón, y socio de Clarín en la Maestría de Periodismo.
Los demás Amicus registrados por Clarín
son la Asociación Internacional de
Radiodifusión, con sede en Washington,
la Organización de Asociaciones de
Empresas de Televisión Pagada para Iberoamérica y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas. En todos los
casos, son agrupamientos de empresas privadas dedicadas al “negocio” de la
radiodifusión. Está claro que tienen una opinión desfavorable hacia la ley que
piensa la comunicación como derecho humano, más allá del lucro, y en particular
sobre los artículos buscan la desconcentración del espectro para el ingreso de
nuevas voces.
En defensa de los demandados (en este
caso, el Estado que quiere hacer cumplir la ley) aparecen otros actores. Uno es
el Centro de Estudios Legales y Sociales
(CELS), un organismo de derechos humanos de amplia trayectoria, nacido al
fragor de la resistencia contra la dictadura cívico-militar, en tiempos en que Clarín no creía que la libertad de
expresión estuviera en riesgo sino que se asociaba con el Estado incluso en
pactos criminales, como el que dio origen a Papel Prensa. Otro es COOPERAR, la confederación que nuclea a
las cooperativas de todo el país. Muchas de ellas garantizan servicios públicos
allí donde las empresas comerciales no llegan porque “no es negocio”. El viejo
decreto-ley de radiodifusión las excluía de la posibilidad de llevar la
televisión o la radio a sus comunidades, porque no cumplían con un requisito:
tener fines de lucro. Los otros Amicus que acompañan a los demandados
representan a instituciones académicas: la Asociación Americana de Juristas y
dos universidades públicas. La mayoría de las presentaciones estarán sostenidas
por abogados que han hecho aportes fundamentales en causas vinculadas a los
derechos humanos y al derecho a la comunicación, como Beinusz Szmukler, Damián
Loreti, Miguel Rodríguez Villafañe y Víctor Abramovich.
Así, la
sorprendente interpretación de la Corte acerca del Amicus como “amigo de las partes” dejó al descubierto, en la
divisoria de aguas, qué intereses están en juego.
Fuera del debate –al menos, de la
Audiencia Pública- quedaron organizaciones que querían ser “amigas del
Tribunal” y enriquecer la mirada de los jueces. Es una lástima, en ese sentido,
que la Corte no se haya dado el tiempo para escuchar a la Asociación Mundial de
Radios Comunitarias (AMARC), al Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO),
a la Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC),
a la Asociación Comunitaria Aborigen Napalpí, a la Universidad Nacional de
Moreno y a la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo (REDCOM).
La Corte sólo accedió a dar la palabra “Amicus independientes”: la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual y un Centro de Estudios en Derecho y Economía dependiente de la Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires. La inclusión de Ottaviano es una gran noticia, porque reconoce a un organismo autárquico creado por la ley, que representa los intereses del público. Pero otra vez, la Corte pensó el asunto con una lógica de partes: a sabiendas de que la Defensoría defenderá la constitucionalidad de la ley, aceptó el pedido de instituto de la UBA encabezado por Juan Vicente Sola, que llevará una mirada contraria. Sin ir más lejos, ayer el Consejo Directivo de la Facultad de Derecho discutió el tema y dejó constancia de que ese centro de estudios no representa la posición de esa institución. El Centro de Estudios de Derecho y Economía está asociado al Center of Capitalism and Society de la Universidad de Columbia, la institución académica norteamericana que avala la maestría de Clarín. En noviembre de este
año realizarán el VI Congreso Phelps
Derecho y Economía de la Innovación y la Inclusión Social donde están
invitados jueces supremos como Ricardo Lorenzetti y Elena Highton, junto al editorialista
de La Nación, Claudio Escribano.
En el Amicus presentado desde REDCOM,
recordamos la Opinión Consultiva 5/85 de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos cuando dice que “en principio la libertad de expresión requiere que los
medios de comunicación social estén virtualmente abiertos a todos sin
discriminación o, más exactamente, que no haya individuos o grupos que, a
priori, estén excluidos del acceso a tales medios”. Sería deseable que ese
mismo espíritu se incorpore en la gestión de la justicia. Ojalá, mientras
tanto, que la decisión del Tribunal acerca de qué voces escuchar no esté
anticipando un fallo contra ese derecho a la comunicación que venimos
defendiendo con compromiso y militancia en cada comunidad, en las calles, en
las aulas y ahora ante la Justicia.
